Con carta a padres de los 43 normalistas, López Obrador justifica su incumplimiento
Miguel Ángel Rivera jueves 26, Sep 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Hoy se cumplen 10 años de la desaparición forzada de 43 jóvenes alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y seis años de que el ya Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, ofreciera esclarecer todas las dudas, encontrar a los responsables y aplicarles los castigos correspondientes.
Ahora, a menos de una semana de que entre en funciones la sucesora de López Obrador, la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sin que se cumpla la promesa del político tabasqueño, a quien sus devotos le conceden poderes casi sobrenaturales.
La tragedia de las 43 familias que perdieron a sus hijos evidenció que no hay tales facultades prodigiosas. De hecho, esos lamentables sucesos provocaron que el todavía inquilino de Palacio Nacional diera evidencia de ser humano, pues tal vez por primera ocasión durante su mandato o tal vez en toda su vida política, admitió haber incurrido en fallas, aunque no dejó de confiar en algún poder sobrehumano que le permita, en el breve lapso que le resta como mandatario, alcanzar un resultado positivo.
La primera ocasión, luego de triunfar en forma apabullante en las elecciones federales de 2018, ya declarado Presidente Electo, el 26 de septiembre, López Obrador se reunió con los padres de los jóvenes desaparecidos, ante quienes se comprometió a esclarecer las circunstancias de la tragedia y para ello anunció la creación de una Comisión de la Verdad.
Aprovechó la ocasión para dar salida a una de sus obsesiones: culpar de todo lo malo en el país a los anteriores gobiernos, a los cuales impuso los despectivos títulos de “conservadores” y “neoliberales”.
En concreto, empezó a minar la denominada “verdad histórica” construida en el gobierno de su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto, según la cual policías de Iguala y de otras poblaciones vecinas detuvieron a los normalistas y los entregaron a los jefes de la banda criminal conocida como Guerreros Unidos, cuyos integrantes se encargaron de ejecutar a los estudiantes y de “desaparecer” sus cadáveres. De acuerdo con estas versiones, sustentadas en declaraciones de integrantes del grupo criminal, gran parte de los cuerpos fueron incinerados en una gran hoguera construida exprofeso en el basurero del poblado de Cocula.
La versión se reforzó con el dictamen de especialistas de la afamada Universidad de Innsbruck que identificaron mediante el ADN los restos de tres de los desaparecidos.
Sin embargo, el ahora Presidente saliente alentó versiones en el sentido de que se trató de un crimen en el que intervinieron de manera decisiva autoridades no identificadas, por lo que se consolidó la sospecha-denuncia de que el responsable “fue el estado”.
En estas presunciones también influyó la opinión de un grupo de expertos extranjeros, convocados en principio por el gobierno de Peña Nieto y después vueltos a unir por la administración de López Obrador con su “Comisión de la Verdad” encomendada al luchador de izquierda Alejandro Encinas.
Así, poco a poco tomó fuerza la versión de que la autoridad a la que se trataba de encubrir era nada menos que el Ejército Nacional. Paralelamente, cayó la “verdad histórica” y sus principales promotores, como el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se convirtieron de investigadores en delincuentes, al grado de ser encarcelados.
Pero, también, se intensificó el romance del inquilino de Palacio Nacional con las fuerzas armadas, a las que había prometido devolver a sus cuarteles, pero en la práctica las llenó de privilegios y entregó sus obras emblemáticas, lo cual provocó el rompimiento con los expertos extranjeros y, en particular, con los padres de los desaparecidos y sus asesores.
En resumen, las pesquisas se estancaron y los padres de los normalistas se distanciaron del gobierno y, en particular, de López Obrador, quien inclusive dejó de recibirlos, en tanto que los deudos y sus simpatizantes intensificaron las manifestaciones de protesta.
En estas circunstancias, al llegar a la parte final de su gobierno, López Obrador no tuvo más remedio que admitir los nulos avances de su “comisión de la verdad”, que terminó por ser cancelada. Pero en un afán extremo de tratar de su cumplir su añeja promesa, se autonombró jefe de las investigaciones.
De nuevo, la falta de preparación en la materia y la necesidad de atender otros asuntos, como las repetidas “inauguraciones” de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya, dificultaron al político de Macuspana llevar a bien término su trabajo como investigador en jefe.
Luego de que, por primera ocasión, el inquilino de Palacio Nacional admitió la falta de resultados, el “paquete” pasó a dominio de la Presidenta Electa, quien en reunión con los padres de los desaparecidos ofreció que en su sexenio retomarán la tarea de tratar de llegar al fondo de lo ocurrido hace diez años.
Como parte de su reconocimiento de no haber concluido la tarea que él mismo se impuso, López Obrador dio a conocer este miércoles haber enviado una nueva carta/informe a las madres y padres.
En su conferencia mañanera, antes de dar lectura de la carta, el mandatario afirmó que durante el sexenio “se avanzó” aunque “no como quisiéramos, pero no es expediente cerrado, va a continuar la investigación, se aclararon varias cosas que no se conocían, que la gente no sabía”.
“Estoy muy contento, acabamos de tratar el tema de Ayotzinapa. Si no nos da tiempo a nosotros de avanzar, me voy con la tranquilidad de que la próxima Presidenta, el próximo Gobierno va a darle continuidad y va a seguir actuando con rectitud y haciendo justicia, pero así en todo”, aseguró el presidente.
Muy a su estilo, el político de Macuspana no dejó de buscar culpables fuera de su administración. En este caso, denunció a uno de los miembros del Cártel Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, quien había sido aceptado como testigo protegido por la desaparecida “comisión de la verdad”.
Aunque con su colaboración se identificaron los restos de dos de los desaparecidos, López Obrador sostuvo que “no ha sido posible avanzar más porque el personaje, que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos”.
De paso, el jefe del Ejecutivo Federal formuló una vez más una defensa de las fuerzas armadas. Afirmó que, “por intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero, empezó a manejarse la versión de parte de los defensores de las madres y padres de los estudiantes que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido miembros del Ejército”.
Con ello, contradijo inclusive a la desaparecida “comisión de la verdad”, que concluyó que la desaparición de los 43 fue un “crimen de Estado” con la participación de autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.
Es importante aclarar que aun cuando no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, hemos actuado en contra de los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada, dijo también el mandatario.
Además, recordó que en su gestión han procesado a 151 personas por el crimen, incluyendo un elemento de la Marina y 16 militares, de los que dos son generales. De nuevo fiel a sus obsesiones, aprovechó para culpar a los jueces, pues señaló que “por intervención de organizaciones de defensa de derechos humanos e, inclusive, con el beneplácito de los abogados supuestamente defensores de la causa”, el Poder Judicial liberó a 65 personas “bajo el alegato” que habían sufrido tortura.
Los destinatarios de su misiva, los padres de los normalistas desaparecidos no se conmovieron, pues dijeron que no tenían nada qué agradecer.
“Vamos a ir a darle las gracias por nada mañana. Porque no hizo nada. Porque ahora sí que llegamos hasta donde teníamos que llegar con el Ejército y ahí nos topamos con pared. Pero queremos decirle que nosotros como padres de familia no nos vamos a rendir”, declaró Luz María Telumbre, madre de Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los desaparecidos.
La señora expresó lo anterior durante el mitin mensual que realizan los familiares de las víctimas de desaparición. Hoy desquiciarán la Ciudad de México.
