Cierre incierto: él afirma “me voy feliz”… otros sólo ven caos
Roberto Vizcaíno martes 24, Sep 2024Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
Lo único cierto es que la última semana de gobierno de Andrés Manuel López Obrador será no sólo muy violenta y complicada, sino políticamente muy tensa.
Al botellazo de Veracruz —“la pude haber cachado”, afirma sonriente el fielder de Palacio— se suma hoy el desborde e incremento de la guerra de los chapitos contra los mayos para aparecer sorpresivamente con balaceras y muertos en otros estados, especialmente los de la frontera norte.
Y para sumarle ayer más inquietudes a la despedida del mandatario ya llegaron a la Ciudad de México los contingentes de quienes reclaman justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa —con los padres de los chavos sacrificados a la cabeza—, que tienen programados los eventos más agresivos y violentos dentro de un recorrido que incluye desde las oficinas de la Judicatura Federal, pasando por Gobernación en Bucareli, para luego rematar contra Palacio Nacional.
Si vemos lo que hicieron los normalistas a su salida de Guerrero, con asalto y destrucción de oficinas gubernamentales y quemas de vehículos, y con ataques a instalaciones militares, pues habría que preocuparse.
A estos contingentes bien podrían sumarse los grupos de los trabajadores del Poder Judicial, y estudiantes universitarios para integrar una ola de muy alta y explosiva inconformidad.
Por lo pronto, se le han multiplicado los grupos de manifestantes que le gritan de todo a donde quiera que va en el país. En Veracruz los inconformes del Poder Judicial corearon el grito de “dictador-dictador-dictador” con otros que revivieron lo de “narcopresidente-narcopresidente” y que, ante los jaloneos de las policías locales exigieron y “no a la violencia”, simplemente estuvieron tras de las vallas.
En el puerto de Veracruz, fotógrafos y camarógrafos captaron a un hombre, que luego identificaron como Jorge Cedillo Guevara, funcionario del gobierno de Cuitláhuac García, cuando desde el contingente de manifestantes del Poder Judicial lanzaba una botella de agua al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La exhibición de su imagen por redes sociales atajó una denuncia de morenistas que pretendía imputarle la agresión a un empleado cercano a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Herández.
El acto quedó entonces como un intento de fabricarle a la presidenta de la Corte una agresión al Presidente de la República.
Como sea, estas intentonas nublan y enrarecen el ambiente de la despedida del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ayer, en Matamoros, otro contingente de manifestantes lo esperó y cercó con mantas en las que se le acusó de llevar al Estado Mexicano al peor fracaso y al mayor endeudamiento.
A todo esto, habrá que sumarle a las corrientes que en forma soterrada comienzan a ver posibles cierres de empresas y traslado de industrias hacia otros países como consecuencia de la pérdida de garantías jurídicas para sus inversiones.
En este contexto, todos los grupos parlamentarios del Senado y la Cámara de Diputados trabajan, unos para avanzar en la incorporación de la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa mientras los otros buscan descarrilar ese proceso.
En medio de todos los coordinadores de las mayorías de Morena y aliados —Adán Augusto López, en el Senado, y Ricardo Monreal en Diputados— despliegan sus artes de negociación y de control a fin de garantizar asistencias completas de sus bancadas para mantener las mayorías calificadas que requieren sus reformas.
Para ello han tenido que maniobrar con el reparto de beneficios, boletos de avión, bonos extraordinarios y hasta de entrega de “buenas oficinas” y espacios en Comisiones para “motivar” a sus legisladores y apaciguar malos ánimos internos.
El contexto asemeja a un campo minado lleno de inconformidades y reclamos para el mandatario que sale.
Se requiere atender riesgos en la CDMX
Organizaciones sociales integrantes del Movimiento Urbano Popular llamaron desde la Plaza de la Solidaridad, durante la conmemoración de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, a que se escuche su voz y se visibilice el riesgo inminente que viven cientos de familias que habitan en inmuebles catalogados de alto riesgo de la Ciudad de México.
A 39 años del terremoto del 85, indicaron, existen decenas de familias que habitan todavía en campamentos.
Todos ellos reclaman un compromiso de fondo de las autoridades y piden como antes vivienda digna, erradicar el encarecimiento del suelo y la especulación inmobiliaria, la gentrificación debido s su expulsión del entorno urbano.
La República Mexicana, indicaron, por su ubicación geográfica y características geo-urbanísticas, se posiciona como uno de los países con mayor actividad sísmica, particularmente en aquellos estados y ciudades que se encuentran cercanas a las fallas geológicas de San Andrés, Cocos y las fallas del fondo del Océano Pacífico.
A ello se agrega el alto déficit de viviendas en la Ciudad de México y el poco presupuesto e inversión para atender este crecimiento.
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