¿Quién es el responsable de la impunidad?
¬ Luis Ángel García viernes 20, Sep 2024Por la Derecha..!
Luis Ángel García
En un país donde el porcentaje de impunidad es del 96 por ciento, antes de pensar en una reforma judicial se debe reestructurar el sistema de seguridad pública y de procuración de justicia. De cada cien delitos que se denuncian sólo cuatro son investigados y uno o dos se consignan ante un juzgador.
Lo que falla es el planteamiento de la prevención del delito y la persecución de este. Lejos de fortalecer la función policial eminentemente preventiva, se le dieron funciones investigadoras, trabajo que distrae la esencia de quien debe proteger a la ciudadanía antes de que se cometa el ilícito. La acción investigadora debe recaer en la policía adscrita al Ministerio Público, quien todavía se encuentra entrampado en los vericuetos del sistema penal acusatorio. La policía preventiva no sabe todavía investigar y la premura para poner a disposición de la representación social al presunto responsable hace casi imposible presentar las pruebas, indicios de culpabilidad, respetar la cadena de custodia o cumplir a cabalidad las atribuciones como primer respondiente. Tampoco los fiscales saben instruir a la policía de investigación los protocolos de actuación para seguir pistas, recabar declaraciones, presentar pruebas periciales o informes en tiempo y forma para integrar bien las carpetas de investigación, las cuales se consignan al vapor porque hay que cumplir también con plazos perentorios. Por eso de cada 100 ilícitos denunciados, sólo se alcanzan a integrar cuatro y la mitad llegan a los tribunales. La cifra negra del delito es mucho mayor.
Si existe el fenómeno de la “puerta giratoria” -el reingreso de delincuentes al reclusorio-, no es porque sean corruptos los impartidores de justicia que los dejan en libertad, sino por lo mal integradas que están las consignaciones. El problema radica en la procuración de justicia.
Por eso, antes de imponer o implementar la reforma judicial se debe pensar en la reestructuración de las policías y de los ministerios públicos. La maquinaria de la procuración de justicia todavía no ha dado por completo el salto del sistema penal inquisitivo -juicio escrito-, al sistema penal acusatorio, adversarial y garantista -juicio oral-, que implica una mayor capacidad de investigación rápida y certera, destreza para solicitar medidas cautelares y preparación argumentativa. Los nuevos requisitos del derecho penal hacen que las fiscalías recurran de manera obsesiva a la prisión preventiva oficiosa que además de inconstitucional y violatoria de ordenamientos internacionales, amenaza con incrementar el catálogo de ilícitos para mantener detenidos a los presuntos responsables.
Como vemos, el balón está en la cancha de la seguridad pública y la procuración de justicia, no en la administración de esta. Peor aún cuando el 95 por ciento de la incidencia delictiva es del fuero común, ilícitos que afectan directamente al ciudadano de a pie.
Así que el gobierno empezó al revés, primero debió garantizar la seguridad en la calle mediante la prevención, lo que mejora la percepción ciudadana y mejorar la atención de barandilla, ya que la gente no denuncia por desconfianza en la representación social, el burocratismo para levantar una denuncia, la pérdida de tiempo y la sensación de impunidad al ver que sus casos no se investigan, no avanzan o de plano no hayan a los responsables, además de la corrupción que prevalece en las estructuras gubernamentales.
Así que la impunidad no es responsabilidad de los togados, sino de la policía y de los ministerios públicos que son poco eficientes para investigar y consignar a los presuntos delincuentes. Mejor procuración de justicia, después lo judicial.
