Una locura
¬ Augusto Corro martes 23, Ago 2011Punto por punto
Augusto Corro
Cada año se repite la misma historia en la temporada de repartir el Presupuesto de Egresos de la Federación, en este caso para 2012. No olvidar que se trata de un año electoral muy importante, pues se efectuarán elecciones presidenciales.
Las peticiones para obtener mejores beneficios del erario público son formuladas entre otros por gobernadores, funcionarios de las diferentes oficinas gubernamentales, rectores universitarios y representantes del Instituto Federal Electoral (IFE).
Se inicia una lucha por un mejor presupuesto, los argumentos que se esgrimen están apoyados en la mentira. Tal es el caso de los mandatarios estatales que piden hasta las perlas de la virgen y basta un recorrido por sus entidades, para comprobar que las partidas de dinero se utilizaron en menesteres ajenos a los intereses de la población.
Así lo confirman los altos índices de pobreza y hambre que padecen millones de mexicanos, según estadísticas del Coneval, y que amenazan con incrementarse. De esos mismos presupuestos se habla cuando se tiene que tocar el tema de policías municipales o estatales relacionados con la seguridad.
Dan pena ajena esos representantes de la ley que lucen uniformes de limosneros, con equipos obsoletos, sin el entrenamiento apropiado para enfrentar a la delincuencia, porque según los gobernadores no cuentan con la capacidad económica para la preparación de los representantes de la ley.
Además del dinero que reciben oficialmente, los gobernadores tienen la facilidad de conseguir préstamos millonarios que endeudan a la sociedad con intereses muy elevados y a largo plazo. Un mal negocio, por donde quiera que se trate de analizar. Parece que no existe alguien con las leyes suficientes o el poder en la mano, para poner orden.
Se tiene la impresión que dichas leyes de una manera u otra, protegen a aquellos abusivos que encontraron en la política la forma de enriquecerse ilegal e impunemente. Los mandatarios estatales conocen su juego y cada año resultan ganadores.
Sabemos, pues, como se las gastan los gobernadores. Lo que ignoramos es el tamaño de su deuda pública. En contubernio los poderes Ejecutivo y Legislativo se encargan de fijar y aprobar los montos de los préstamos. Y todos felices.
EL MAL EJEMPLO
En la lista de peticionarios que buscan un mejor trato presupuestal se encuentra el Instituto Federal Electoral (IFE), encabezado por su consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, que con el pretexto de que 2012 es año electoral, se le deben canalizar más recursos económicos. Esto es, algo así como 15 mil 500 millones de pesos.
Legisladores de los diferentes partidos políticos, especialistas en la materia, contestaron inmediatamente a las inquietudes de Valdés Zurita (que por cierto, catalogado como viajero frecuente, ahora se encuentra en México), y calificaron al presupuesto que demanda el IFE de “estratosférico, poco juicioso y poco prudente, es decir, que raya en la locura”.
En síntesis, senadores y diputados consideraron que el mencionado instituto tiene que hacer un esfuerzo de austeridad y transparencia. Decir en qué se va a gastar el dinero, pero principalmente que reduzca, por lo menos un 33 por ciento esa petición presupuestal.
Entre los renglones importantes que deben ser tratados con consideración a fin de hacer justicia, se encuentran las asignaciones económicas a las escuelas de estudios superiores, como las universidades y el IPN.
Estamos de acuerdo en que son necesarias cantidades millonarias de dinero para invertir en más universidades públicas, en aulas, por lo menos, para dar cabida a ese sector joven de la sociedad, desplazado ahora por falta de cupo.
Y en este mismo tema de la juventud, contemplar la obligación de crear fuentes de empleo para los jóvenes que ni trabajan ni estudian, los denominados “ninis”, convertidos en carne de cañón para ser utilizados por la delincuencia organizada.
Queda claro que debemos plantarnos en la realidad y esta conduce a la decepción, porque, precisamente, el próximo año, todos los gobernadores de los diferentes partidos políticos necesitan encontrarse con los medios suficientes para rendir buenas cuentas a sus jefes, no a la nación.
Desafortunadamente, nadie es llamado a rendir cuentas. Y nadie es nadie. En la historia reciente de México, sólo dos gobernadores fueron enviados a la cárcel. Por venganzas políticas o por pillos, de esa constelación de representantes populares dos están tras las rejas: el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid, y el ex mandatario chiapaneco, Pablo Salazar Mendiguchía.
En lista de espera para ser llevados ante la justicia, se encuentra el ex mandatario de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz (URO), y el ex “gober precioso”, Mario Marín. No preocuparse, en el caso del primero, al gobernador oaxaqueño, Gabino Cué, le tiembla la mano para actuar contra URO, a pesar de las irregularidades, que según se informó, aparecieron en la administración de su antecesor en el poder.
Ante ese mal ejemplo, el IFE no tiene empacho en pedir sumas estratosféricas de dinero, al fin y al cabo en México disfrutamos de una de las democracias más caras del mundo, en el que los presupuestos nacionales mayores se canalizan a las instituciones encargadas de participar en la guerra fallida contra la narcodelincuencia.
