¿Quién nos podrá salvar?, la duda de ministros de la Suprema Corte
Miguel Ángel Rivera jueves 19, Sep 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Si algún ciudadano u organización se consideraba afectado por acciones o decisiones de los poderes federales Ejecutivo o Legislativo, tiene (tenía) el recurso de solicitar la protección de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), pero si es el máximo tribunal el lesionado ¿a quién o a qué puede recurrir para preservar su autonomía o su mera existencia?
Esto es algo que tienen que decidir los integrantes del tribunal constitucional y en particular el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a quien le fue asignada la ardua y complicada tarea de presentar la ponencia sobre la cual debatirán sus compañeros.
La tarea se dificulta todavía más por el hecho es que, de origen, hay tres votos en contra, de las incondicionales ministras de la llamada Cuarta Transformación, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, quienes ya han expresado su absoluto respaldo a la reforma constitucional promovida por el Presidente saliente (por fortuna, ya sólo le restan 12 días al frente del gobierno federal) Andrés Manuel López Obrador y apresuradamente aprobada por los legisladores federales y estatales que integran el pomposamente denominado “Constituyente Permanente”, única instancia capaz de avalar cambios a la Carta Magna de nuestro país.
Debido a esta situación, el ministro González Alcántara tiene frente a sí la peliaguda tarea de convencer a siete de sus pares de lo que su sabiduría jurídica le aconseje para evitar la extinción del Poder Judicial Federal y su sometimiento al Ejecutivo. Esto es imperativo, pues para que una sentencia de la Suprema Corte tenga plena validez y sea obligatoria tiene que sea aprobada por ocho de los once ministros que la integran.
González Alcántara ha dado muestra de total independencia de criterio, al votar en contra de propuestas del inquilino de Palacio Nacional, a pesar de que fue quien lo propuso para ocupar un sitio en el más alto tribunal de México, lo cual le ha valido el que resulta honroso adjetivo de “traidor” que le ha adjudicado su “promotor”.
De hecho, ya se tiene un adelanto acerca de las conclusiones de ese ministro en relación con la controvertida reforma constitucional con la que López Obrador cumple su venganza contra el Poder Judicial por haber detenido cambios que considera fundamentales para consolidar la llamada Cuarta Transformación, como son la militarización de la Guardia Nacional y la consolidación de los monopolios en materia de hidrocarburos y energía eléctrica, a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En el foro organizado por la Cámara de Diputados, supuestamente organizado para escuchar las opiniones de los especialistas que no forman parte del gobierno, González Alcántara sostuvo que la reforma promovida por el creador de la 4T necesariamente politizará los procesos de selección de jueces y deja de lado la carrera judicial, el mérito y la experiencia de las personas juzgadoras.
Explicó que la iniciativa pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas, pues las personas juzgadoras son la cristalización de la carrera judicial y la expertise que, a lo largo de los años y con esfuerzo, se ha construido en México con mucho trabajo y esfuerzo.
¿Quién obligará a López Obrador y sus incondicionales
a respetar lo que decida la Suprema Corte?
En caso de que la ponencia del ministro González Alcántara llegue a a ser aprobada por la mayoría de sus pares, todavía quedan graves dificultades para que la sentencia se aplique cabalmente.
Es de recordar que, tanto el inquilino de Palacio Nacional como los miembros del Poder Legislativo se han resistido a cumplir mandatos de jueces, magistrados y ministros.
Por ejemplo, el Senado desatendió órdenes de jueces federales para que eligir a consejeros y comisionados de organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y, lo peor, del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), lo cual “manchó” la confirmación de Claudia Sheinbaum Pardo como vencedora en las elecciones presidenciales del pasado 2 de junio, pues la declaratoria estuvo a cargo de un organismo incompleto.
Está por demás recordar que la orden para que se “congelara” la elección de comisionados y magistrados la impuso López Obrador, quien tiene antecedentes de desatender sentencias del Poder Judicial desde su época de jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, lo que le valió ser llevado a juicio político y desaforado, aunque su habilidad política le permitió revertir la situación y presentarse como víctima de persecución.
Ante esta eventualidad, queda una enorme duda: si la Corte encuentra el procedimiento jurídico para detener la reforma ¿quién obligará al Ejecutivo y al Legislativo a cumplir el mandato?
El PAN ante un dilema: renovarse o morir
Los sorprendentes resultados de los comicios de junio pasado no sólo han generado situaciones conflictivas para el oficialismo, sino también para los partidos que en alianza trataron de contener a la aplanadora de Morena y sus rémoras. De hecho, las organizaciones opositoras están en una situación que pone en riesgo su existencia misma.
Esta situación tan difícil fue puesta en evidencia por el exdirigente nacional y ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, quien como parte del proceso de elección de nueva dirigencia nacional de su instituto político advirtió que, al mismo tiempo, el partido debe entrar en un proceso de renovación.
“Si en este momento el PAN, no se reforma a fondo, no se renueva, podrían ser los últimos días del PAN. Es ahora o nunca. El mandato es claro: renovarse o morir”, advirtió el ahora senador, quien regresó a un autoexilio, pues dejó el país para evitar ser encarcelado arbitrariamente.
Anaya dio su respaldo a Jorge Romero, quien parece consolidarse como el candidato más fuerte para suceder a su amigo Marko Cortés, quien también encontró refugio en el Senado frente a los ataques externos y de algunas corrientes internas del partido azul.
El ex candidato presidencial insistió en que paralelamente a la elección de nueva dirigencia nacional se debe llevar a cabo una gran reforma estatutaria para abrir el blanquiazul a la ciudadanía, o en caso contrario, sería la extinción de este partido.
“La oposición atraviesa una profunda crisis y eso incluye al Partido Acción Nacional, yo estoy convencido de que esta puede ser la última oportunidad, no se exagera cuando se dice que este es momento de renovarse o de morir”, reiteró el político queretano.
Anaya precisó que se requiere de una reforma profunda que verdaderamente abra al blanquiazul a la ciudadanía y lo convierta en un instrumento al servicio de los ciudadanos, lo cual requiere necesariamente una reforma estatutaria.
Sostuvo que debe ser una reforma profunda a sus estatutos y para ello se debe tener el liderazgo de convocar a una asamblea nacional extraordinaria y poner de acuerdo con los liderazgos, y por supuesto, a la militancia de todo el país.
Pero aclaró que Acción Nacional tiene que volverse a ganar la confianza de los ciudadanos con hechos, “para entonces sí poderse presentar como una alternativa”. Reconoció que al interior tendrán que vencer resistencias que no quieren que el partido se abra a la ciudadanía.
También señaló que los panistas deben atenerse a las reglas que ya están previamente establecidas de cara a esta contienda interna.
Luego de tantas críticas, ahora es de reconocer la decisión de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de revocar, por unanimidad, la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) que anuló la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, supuestamente por violencia política en razón de género ejercida presuntamente por la candidata del PRI-PAN-PRD, Alessandra Rojo de la Vega, en contra de la candidata de Morena-PT-PVEM, Catalina Monreal.
Los magistrados de la Sala Regional determinaron que no se acreditó la violencia política en razón de género ni la calumnia en contra de Monreal. Consideraron que Rojo de la Vega, si bien realizó críticas duras, ríspidas o vehementes en contra de Monreal, estas se realizaron en el contexto de la libertad de expresión propias de un proceso electoral.