Sheinbaum, dispuesta a repetir los errores de López Obrador
Miguel Ángel Rivera miércoles 18, Sep 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Una expresión que no tiene falla sostiene que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pero todo indica que la llamada Cuarta Transformación está empeñada en superar ese dicho y fijar una nueva marca.
En efecto, el motivo que mueve al actual (y futuro) gobierno federal es la lamentable tragedia de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, y sus alrededores.
Desde antes de tomar posesión, el 1 de diciembre de 2018, el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, ofreció solucionar esa incógnita y presentar a los presuntos responsables, sin la menor duda.
Lo malo es que ni el jefe del Ejecutivo, ni tampoco ninguno de sus colaboradores cercanos han demostrado capacidad suficiente como investigadores criminales para poder ofrecer una versión creíble y confiable acerca de lo ocurrido en Iguala y poblaciones circunvecinas.
Esa incapacidad se potenció porque en vez de empezar las averiguaciones conforme a lo que indican las ciencias penales, la llamada Cuarta Transformación eligió el camino de la política que, en vez de contribuir a disipar dudas, generó muchas sospechas.
El principio rector —si así se le puede denominar— de esas pesquisas consistió en invalidar denominada “verdad histórica” generada por el anterior gobierno federal, encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, con el ex gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, como cabeza del grupo encargado de las pesquisas.
En realidad, el trabajo ya estaba avanzado por el gobierno de Guerrero, a cargo de Ángel Aguirre Rivero y el fiscal del estado, Iñaki Blanco, que detuvieron a los principales dirigentes de la banda conocida como “Guerreros Unidos” y también desarmaron a policías municipales y estatales presuntamente coludidos con esos delincuentes.
De acuerdo con esas versiones, que todavía no han sido desmentidas, fueron los policías al servicio de la delincuencia los que detuvieron a los jóvenes normalistas y los entregaron a Guerreros Unidos, quienes se encargaron de ajusticiarlos y de desaparecer sus cuerpos.
Ante la incredulidad de algunos sectores de la sociedad mexicana, principalmente los padres de los jóvenes desaparecidos, sus abogados y allegados, empezó a tomar forma la sospecha de que en las ejecuciones y desaparición de los normalistas intervinieron elementos del Ejército Nacional. Esta suposición adquirió más fuerza en la medida que un grupo de especialistas extranjeros, denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) le dio validez a las versiones de que se trataba de un crimen de estado o ejecución extrajudicial, que intentaba ocultar el régimen de Peña Nieto.
Tal suposición fue adoptada por el responsable de una “comisión de la verdad” creada por el gobierno de López Obrador. Se trata de un político probo, pero desconocedor de los principios de la investigación penal, que se guiaba en gran medida por su animadversión a los gobiernos “conservadores” y “neoliberales”, como los define su jefe, el político tabasqueño.
En los hechos, esos prejuicios se tradujeron en la libertad de algunos de los miembros de “Guerreros Unidos”, a pesar de estar confesos del asesinato y desaparición de los jóvenes normalistas, mientras que los responsables de su consignación fueron convertidos en culpables por supuestas faltas a la administración de justicia. Fueron acusados los dos ex procuradores, el de Guerrero, Iñaki Blanco, y el federal, Jesús Murillo Karam, quien fue víctima de la prisión preventiva oficiosa, aunque ahora por problemas de salud, está recluido en su casa.
A pesar de los errores en que han incurrido los investigadores oficiales y oficiosos de la llamada Cuarta Transformación, López Obrador ha insistido en que lograría solucionar ese suceso, pero sin lograr resultados efectivos. Esto quedó plasmado en un documento dado a conocer por el inquilino de Palacio Nacional, en el cual admite que ya no podrá ofrecer una versión totalmente creíble acerca de lo ocurrido aquella lamentable noche del 28 al 27 de septiembre de 2014.
Pero, como muchos otros asuntos pendientes, la tragedia de Iguala forma parte de la herencia que deja López Obrador a la ¿beneficiada? con su “dedazo”, la ahora presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha asumido el incumplido compromiso.
Desde ahora se puede anticipar que el gobierno de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México tampoco logrará ofrecer una solución aceptable.
Esto se deriva del hecho de que las averiguaciones en vez de presentar un panorama despejado se vuelven más turbias a cada paso.
Un aspecto notable es la situación de uno de los principales inculpados, el exjefe de Guerreros Unidos Gildardo López Astudillo, más conocido como “El Cabo Gil”, quien al inicio de las pesquisas admitió haber dado órdenes para que “desaparecieran” a los jóvenes normalistas.
Sin embargo, debido al empecinamiento del gobierno de la llamada Cuarta Transformación de acabar con la “verdad histórica”, López Astudillo fue dejado en libertad y se convirtió en testigo protegido para inculpar a exfuncionarios como los mencionados ex procuradores.
Pero aquí surge otro de los muchos obstáculos con los que han tropezado los investigadores de la llamada Cuarta Transformación.
Para no variar, uno de sus despreciados jueces federales —cuya autonomía llevó a la extinción del Poder Judicial ordenada desde Palacio Nacional— ordenó la reaprehensión del “Cabo Gil” por el delito de delincuencia identificado como líder de la organización criminal “Guerreros Unidos” y partícipe directo de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Tras su recaptura, el pasado 6 de septiembre, el capo fue puesto a disposición de un juez de control, al tiempo que se le internó en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en el Estado de México.
Su defensa solicitó la ampliación del término constitucional de 72 a 144 horas para determinar su situación jurídica, el juez de control consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó elementos de prueba suficientes para sujetarlo a proceso penal por delincuencia organizada.
La lección es muy clara: si la llamada Cuarta Transformación desea en verdad solucionar definitivamente esa tragedia, tendrá que cambia su enfoque y admitir que existe gran parte de verdad en la denominada “verdad histórica”, que en gran parte fue validad por otra minuciosa investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando actuaba con total autonomía bajo la conducción del jurista Luis Raúl González Pérez.
Seguirán los abrazos, no balazos
Continuar con las averiguaciones en torno a la tragedia de Iguala no es el único caso en el cual la Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum, parece decidida a seguir la misma ruta de su líder y guía para enfrentar los problemas de la violencia y de la aplicación de justicia-
Ayer, la futura primera mandataria aseguró que si las autoridades federales entran con “poder de fuego” para combatir al crimen organizado en Sinaloa se generaría una guerra. Es decir, que mantendrá el principio tan pregonado por el político de Macuspana de enfrentar a la delincuencia, organizada o no, con “abrazos, no balazos”.
Es necesario recordar que Culiacán y otras poblaciones de Sinaloa enfrentan una situación muy difícil por la violencia desatada durante los últimos días por organizaciones de la delincuencia organizada.
Al parecer, el origen de estos enfrentamientos, que inclusive alcanzan a personal de las fuerzas armadas nacionales, es la captura, en Estados Unidos, de los jefes del narcotráfico Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del encarcelado —también en el vecino país— “Chapo” Guzmán, caso que no ha sido aclarado hasta el momento por el gobierno federal, que está limitado a lo que de buena gana le quieran informar las autoridades de la Unión Americana.
“En el momento de la confrontación, entrar con poder de fuego generaría una guerra, que fue lo que pasó en el pasado que no nos llevó a nada. Por eso se actúa siempre defendiendo a los sinaloenses, la vida”, afirmó la Presidenta Electa al justificar la inacción de las autoridades mexicanas para tratar de contener la violencia en ese estado.
