El de Claudia Sheinbaum, gobierno comprometido a erradicar corrupción
Luis Muñoz lunes 16, Sep 2024Segunda vuelta
Luis Muñoz
La reciente decisión de Petróleos Mexicanos (Pemex) en adquirir la terminal de almacenamiento de Monterra Energy en Tuxpan, Veracruz, por 320 millones de dólares, se perfila como un reto considerable para el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum.
Según nos cuentan, lo que podría haberse visto como una simple transacción financiera, ahora se está convirtiendo en una fuente de preocupación debido a las posibles implicaciones políticas y financieras que acompañan la compra de un activo con un historial turbio.
Es por eso que para la nueva administración, esta adquisición podría transformarse en una bomba de tiempo, capaz de desencadenar una crisis que pondría a prueba la estabilidad y credibilidad del gobierno entrante.
Según nos cuentan, la terminal de Monterra Energy, en Tuxpan, ha sido foco de controversias desde su creación. Cerrada por las autoridades mexicanas en 2021, la terminal se ha enfrentado a problemas regulatorios y amenazas de arbitraje internacional por parte de Monterra Energy, que acusó a México de violar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como denunció el abogado de JTM, Mauricio Santiago Eder, coordinador del colectivo Justicia Transversal Mexicana (JTM).
Adquirir un activo con tales antecedentes pone en entredicho la prudencia de esta decisión por parte de Pemex y, por extensión, la de la nueva administración, la de Víctor Rodríguez Padilla, que deberá enfrentar con las posibles consecuencias financieras y operativas de esta transacción, advirtió.
La Dra. Claudia Sheinbaum ha prometido un gobierno de mayor transparencia y rigor en la gestión de las empresas estatales, incluyendo a Pemex. Sin embargo, la sombra de corrupción y las irregularidades asociadas con esta adquisición amenazan con desviar esos esfuerzos.
Además, ya se especula sobre posibles despidos de altos funcionarios que no se alineen con la nueva visión, lo que podría desencadenar una ola de inestabilidad interna justo al inicio de su mandato, agregó el doctor en derecho Jesús Fierro Hernández, presidente del Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH).
La compra de Monterra Energy no sólo podría impactar a Pemex desde el punto de vista financiero, sino que también presenta un reto político significativo para el gobierno de la futura presidenta. Y es que adquirir un activo problemático y con un historial de irregularidades podría ser visto como un paso en falso, comprometiendo la imagen de un gobierno que aún no ha comenzado y que se ha comprometido a erradicar las prácticas corruptas.
Además, destinar una suma tan elevada a un activo que posiblemente requiera inversiones adicionales para su rehabilitación pone en duda la capacidad de la petrolera mexicana, y por ende del gobierno, para gestionar los recursos de manera efectiva en un momento de crisis económica.
Los antecedentes de conflictos de interés, los problemas regulatorios y las dudas sobre la transparencia de la operación son indicios de que esta compra podría desatar una crisis política que pondría en jaque la estabilidad y la credibilidad del nuevo gobierno, han advertido los colectivos de derechos humanos.
Retrógrada, la reforma judicial: PAN
Con la aprobación del Congreso del Estado de México y de la CDMX se logró el aval de los estados necesarios para ser ley la reforma al Poder Judicial que el 15 de septiembre será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Ante el pleno de la 62 legislatura del Estado de México fue avalada con 54 votos a favor, una abstención y 20 en contra la minuta de la Reforma Judicial.
Los grupos parlamentarios que estuvieron en contra fueron el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, mientras que Morena y sus aliados (PT y Verde Ecologista) arrasaron. En el caso de la CDMX, con 46 votos a favor y 20 en contra, el Congreso capitalino también aprobó la minuta de la Reforma Judicial.
Al término de la sesión los panistas expusieron que su voto fue en contra porque se trata de una reforma retrógrada, que afecta al sistema de justicia en vez de beneficiarlo, y además traerá múltiples y graves consecuencias para nuestro país.
Luego de señalar lo anterior, el coordinador del PAN, Andrés Atayde, advirtió que “habrá fuga de capitales y falta de inversión; se politizará la justicia y se mermará la división de poderes. Lo peor es que la lealtad de los jueces ya no estará en la Constitución, sino en los grupos de poder que los hayan postulado y votado”. La votación alcanzó una mayoría calificada, aunque bastaba con mayoría simple de la mitad más uno, conforme al artículo 135 Constitucional, en esta sesión en carácter de Constituyente Permanente.
Desde la tribuna, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, expuso su postura a favor de la reforma, porque es una prioridad cumplir y honrar la voz del pueblo expresada también en los foros que se llevaron a cabo en todo el país sobre este tema.