Imperio del narco controla frontera Chiapas-Guatemala
* Especiales, Seguridad lunes 26, Ago 2024
Ruta clave para trasiego de drogas y armas
- En la región, militares han sido blanco de ataques a balazos y con drones
Integrantes de grupos delictivos se disputan desde hace varios meses la zona limítrofe entre Chiapas y Guatemala, territorio clave para el trasiego de droga y armas.
Varias comunidades de la frontera de Chiapas con Guatemala están convertidas en pueblos fantasmas, mientras que en otras hay compras de pánico de comida y gasolina, también comercios cerrados, ante la disputa de la zona limítrofe por parte de grupos criminales.
Así, mientras que familias huyen en caravanas hacia el país vecino, poblaciones enteras son amenazadas por los delincuentes para colaborar en bloqueos que impidan el paso de fuerzas federales, que han sido blancos de ataques a balazos y con drones.
Uno de los puntos críticos en esta región es Chicomuselo, escenario de confrontaciones entre miembros del “Cártel de Chiapas y Guatemala”, integrado por desertores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el Cártel de Sinaloa, que desde hace unos meses busca quitarles el control.
Al menos otros cuatro municipios, Ángel Albino Corzo (Jaltenango), Motozintla, Frontera Comalapa y Amatenango, están a merced del narco y la violencia se extendió a El Porvenir, Comalapa, Mazapa de Madero, Bejucal, La Grandeza, Bellavista, Siltepec y La Concordia.
En medio de las balaceras, habitantes hicieron compras de pánico de gasolina, la cual fue limitada por los propios criminales para evitar el desplazamiento de pobladores, aunque algunos alcanzaron a huir para buscar llegar en caravana a Tuxtla Gutiérrez, a través de La Concordia o de Comitán.
Fuentes de seguridad aseguraron que ese cártel pretende defender Chicomuselo -su supuesto bastión- de la intrusión de otros grupos para el control de las mineras ahí establecidas, que pagan cuotas semanales para liberar la carga hasta La Concordia.
La violencia desatada en la zona serrana de Chiapas incluye 137 desaparecidos en los últimos dos meses.
Desapariciones recrudecen violencia
La violencia desatada en la zona serrana de Chiapas llevó a un recrudecimiento de desapariciones de personas en los últimos días.
Apenas la semana pasada, cinco familiares de Mario Roldán Roblero, identificado como integrante del Consejo Central de Lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Comitán, luego que salieron de Frontera Comalapa para asistir a una audiencia judicial.
De acuerdo con la Sección VII de la CNTE, las personas desaparecidas son Osiel Roblero López, Erick Alexander López Roblero, Sandra Luz Roblero López, Muriel Ernesto Gómez y Manolo Coronel.
Otro joven de 14 años fue reportado como desaparecido el martes en Comalapa, donde acudió al mercado, procedente de una comunidad cercana para adquirir calzado.
Una pareja que viajaba en un auto Jetta color gris también desapareció en el trayecto de Comalapa a Comitán.
Según los reportes oficiales, Ana Lilia Samayoa Calderón y José Manuel Vázquez Moreno perdieron comunicación con sus familiares el 15 de agosto en esa carretera, asolada por criminales.
Sólo en lo que va de agosto, la Comisión Nacional de Búsqueda registra 25 personas desaparecidas en distintos municipios de Chiapas, mientras fuentes locales contabilizaron 137 casos en los últimos dos meses, la mayoría en el corredor que va de Tapachula a la capital Tuxtla Gutiérrez.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó que las comunidades desplazadas de manera forzosa por la violencia no son un escándalo de las organizaciones y los movimientos.
“A partir de diversos informes, se han documentado la vergonzosa cifra de 21 mil indígenas desplazados en Chiapas en los últimos dos años y el asesinato de 176 personas defensoras durante este sexenio”, señaló.
La organización denunció además el reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado, la violencia generada en el último proceso electoral y la criminalización contra integrantes del movimiento social.
“La negligencia de Gobiernos estatales y federales y la impunidad han sido la normalización de la violencia, la contaminación irreversible del medio ambiente, una crisis profunda del agua en la región sureste, la pérdida de la flora y la fauna, y el control territorial por parte de empresas y crimen organizado”.
Indígenas desplazados piden ayuda al gobierno federal
Más de 200 indígenas, víctimas de desplazamiento forzado por la violencia y la inseguridad provocadas por la disputa de cárteles en la frontera de México con Guatemala, demandaron ayuda al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con el propósito de esta petición es recuperar sus bienes, casas, tierras y la paz de sus comunidades que, dijeron, se perdió desde 2021.
Artemio, un indígena desplazado de la etnia mam, relató las amenazas e intimidación que han sufrido por parte de los grupos armados, así como la preocupación que lo embarga ante la violencia y el despojo de sus pertenencias y pérdidas de cosechas.
“Venimos a buscar (ayuda), vimos que vienen autoridades desde Ciudad de México, por eso nos acercamos, para que nuestro Gobierno nos pueda brindar seguridad”, expresó Artemio, de 70 años.
Sumergido en la angustia, la incertidumbre y la tristeza, el hombre se preguntó: “¿Qué va a pasar con aquellos habitantes a los que les quemaron su casa, qué va a pasar si un día van a regresar, dónde van a vivir, con qué van a empezar? Es algo triste para nosotros, por eso solicitamos la verdadera ayuda”.
La ayuda se soliciutó por parte de los indígenas luego de acudir a las primeras consultas de salud y programas sociales que implementó el Gobierno federal en el municipio de Amatenango de la Frontera, localidad donde el Cártel de Sinaloa y la agrupación del maíz, brazo ejecutor del Cartel Jalisco Nueva Generación se disputan el territorio.
Omar de Lassé, titular de la Unidad de Atención a Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación (Interior), detalló que estas jornadas buscan “generar las condiciones de atención en Amatenango de la Frontera y un despliegue de funcionarios y servicios de salud para lograr el retorno de las familias que se encuentran en otros municipios”.
No hay condiciones para el retorno de civiles
No obstante que el gobierno de México ha intentado propiciar las condiciones de retorno seguro, los desplazados afirman que “no hay condiciones pues los ataques eran entre ellos (criminales) y hoy ya son contra la población civil”.
Clara, una mujer desplazada forzada, también indígena de la etnia mam relató a medios lo difícil que es vivir con el temor y la zozobra de un posible ataque armado.
“Entró un grupo de gente criminal, ellos entraron y nosotros tuvimos que salir, ya no es habitable el lugar donde vivíamos porque saquearon casas, quemaron nuestras viviendas, ese día hubo una persona desaparecida, una mujer”, dijo Clara, desplazada de la comunidad de Bejucal del Campo .
También se desplegó un cinturón de seguridad con agentes del Ejército Mexicano y la Policía Estatal, quienes se distribuyeron en cuatro puntos distintos de la carretera Sierra Fronteriza que colinda con Guatemala para intentar inhibir más ataques.
Sobre la carretera se logró observar que el transporte público poco a poco ha retomado sus actividades en esta zona, considerada como roja por los ataques a pobladores, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Mientras que en Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero existe un ambiente tenso, debido a lo desolado de las comunidades. En algunas casas, las ventanas se encontraban abiertas y los pocos habitantes que quedaron se asomaban con miedo o precaución ante la llegada de las fuerzas federales y las unidades médicas.
