Organismos internacionales descalifican reforma judicial de AMLO
Miguel Ángel Rivera viernes 23, Ago 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“El Colegio de Abogados de la Ciudad exhorta al presidente López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum a reconocer la importancia de un Poder Judicial independiente para el Estado de Derecho y a respetar la independencia judicial de conformidad con el derecho internacional y los compromisos internacionales de México”.
Así dice un análisis totalmente independiente de especialistas en Derecho, que resulta totalmente contrario a los intentos del Presidente de México que va de salida, Andrés Manuel López Obrador, de reformar el Poder Judicial, intento que generalmente se considera una venganza porque los jueces, magistrados y ministros han declarado inválidos muchos cambios legales promovidos por el primer mandatario en materia energética, así como en la militarización de la vida nacional.
Además, el título de la organización resulta un tanto engañoso, pues solamente menciona que se trata del Colegio de Abogados de la Ciudad, pero no precisa que se trata de los profesionales del Derecho de la Ciudad de Nueva York, ni tampoco aclara que bajo ese título se suman especialistas de muchos otros rumbos del planeta.
El propio Colegio de Abogados de Nueva York (City Bar) recuerda que fue fundado en 1870 y que se trata de una organización de más de 23,000 miembros en la ciudad de Nueva York y en otros lugares de Estados Unidos y en más de 50 países de todo el mundo.
Entre sus miembros se encuentran jueces, fiscales, abogados defensores, abogados del Estado y profesionales de organizaciones no gubernamentales y de interés público, así como académicos del derecho y abogados que representan a casi todos los principales bufetes y empresas de Estados Unidos. Entre sus miembros se encuentran jueces, fiscales, abogados defensores, abogados del Estado y profesionales de organizaciones no gubernamentales y de interés público, así como académicos del derecho y abogados que representan a casi todos los principales bufetes y empresas de Estados Unidos.
Hecha esta aclaración, cabe agregar que esos especialistas emitieron un detallado documento en donde consideran inadecuados muchos aspectos de la iniciativa del inquilino de Palacio Nacional, reforma que depende de otro proceso igualmente irregular que está a punto de ser aprobado por los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), llamado sobrerrepresentación y que consiste en concederle a la coalición oficialista, integrada por Morena y sus rémoras del PT y del PVEM, el 75 por ciento de los sitios en las cámaras de Diputados y Senadores, a pesar de que no lograron en las urnas más del 55 por ciento de los votos.
Con esa mayoría calificada, los legisladores oficialistas podrán aprobar todos los cambios que les ha encomendado su líder y guía, López Obrador.
El tema de la sobrerrepresentación no es mencionado especialmente por el Colegio de Abogados de la Ciudad, pero queda implícito cuando advierten que de “existe una seria preocupación en torno a los mecanismos para implementar estos cambios propuestos al sistema judicial mexicano, que pueden tener el efecto adverso de dañar de forma significativa la independencia judicial”.
Al respecto, mencionan que desde 2011, “la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados informó sobre la independencia de jueces y abogados en México y concluyó que, en general, si bien el poder judicial federal en México era en gran medida independiente e imparcial, los tribunales estatales dejaban mucho que desear.
“Esto en consecuencia de que, entre otros factores, los poderes ejecutivos estatales interferían habitualmente en el proceso de nombramiento judicial de los tribunales estatales.
“Más de una década después, el actual gobierno mexicano intenta promover una reforma judicial que amenaza con socavar las condiciones institucionales que protegen los derechos humanos, proporcionan un acceso imparcial a la justicia y preservan el Estado de derecho”, dice el documento del mencionado Colegio de Abogados de Nueva York que, por cierto, no es la única instancia internacional que advierte acerca de los riesgos que implica la iniciativa de reforma del Poder Judicial mexicano.
Por ejemplo, la organización defensora de los Derechos Humanos para las Américas (WOLA por sus siglas en inglés) ha expresado que la reforma judicial en México significa un retroceso para los derechos humanos.
El organismo defensor de los derechos humanos refiere que bajo el esquema propuesto por el primer mandatario saliente las candidaturas a los cargos judiciales serían postuladas por los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno de los cuales integraría un Comité de Evaluación compuesto por personas expertas para seleccionar a un listado corto de aspirantes; dicho listado sería depurado mediante insaculación y los nombres finales serían remitidos al poder correspondiente para su aprobación. “Así, si un grupo político dominara los poderes ejecutivo y legislativo (como es el caso actual de Morena), dicho partido tendría un papel preponderante en la integración de los Comités y/o la aprobación de las nuevas candidaturas, lo que podría resultar en un poder judicial más alineado con el partido en el poder, perpetuando, a su vez, el riesgo de influencia política en futuras nominaciones. Por esta razón, el modelo propuesto podría facilitar la captura política del poder judicial”.
Además, advierte WOLA, “la reforma establecería un Tribunal de Disciplina Judicial, también electo por voto popular, con facultades amplias para supervisar y sancionar al personal judicial, y que estaría a cargo de evaluar el desempeño de las personas juezas y magistradas durante su primer año de ejercicio. El grupo político que captara a ese órgano contaría con una herramienta fuerte para ejercer presión sobre el resto del poder judicial”.
Como se aprecia, la reforma propuesta por el político tabasqueño implica que el Poder Judicial, ahora tachado de corrupto, sin que se consigne a ningún funcionario por irregularidades, quede bajo el control del titular del Ejecutivo, con lo cual se rompería el equilibrio de poderes que establece nuestra Carta Magna.
Los cambios implican una venganza de López Obrador
Lo peor de todo, según el Colegio de Abogados de Nueva York (City Bar), es que la propuesta de reformas al Poder Judicial no tiene como finalidad mejorar la impartición de justicia, sino que se trata de un desquite personal.
Al respecto, el referido documento de los abogados neoyorquinos (y sus asociados del resto del mundo) es que “la motivación de la propuesta de reforma constitucional es el descontento del Presidente con las decisiones de la Suprema Corte que anulan algunas de sus políticas y reformas legales prioritarias”.
También recuerda que el 29 de julio de 2024, Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, “publicó un comunicado enviado al gobierno de México, en la que expresó sus serias preocupaciones, comentarios y sugerencias sobre la propuesta de reforma constitucional presentada en febrero de 2024 por el presidente López Obrador. La Relatora Especial señaló que varios elementos de la iniciativa tienen problemas de compatibilidad con los estándares internacionales.
El presidente López Obrador desestimó los argumentos de la relatora especial, afirmando que México se rige por su Constitución y que la ONU carece de legitimidad para intervenir.
El documento de los abogados de Nueva York aclara que tuvo la colaboración del Cyrus R. Vance Center for International Justice, con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre la Independencia de Abogados y Jueces del Colegio de Abogados de la Ciudad y del Comité de Asuntos Interamericanos y precisa que, a partir del análisis detallado del tema, “el Colegio de Abogados de la Ciudad se opone a cualquier acción del gobierno mexicano que comprometa la independencia del poder judicial”.
También desestima los supuestos cambios introducidos en comisiones de la Cámara de Diputados, anunciados recientemente por directivos de ese organismo.
“Aunque el proyecto original sufrió más de cien cambios, los puntos principales se mantuvieron”.
