Crisis judicial
Freddy Sánchez jueves 22, Ago 2024Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Que los futuros actores del Poder Judicial sean independientes y no tengan que acatar consignas de políticos es la intención de la reforma judicial.
Algo por el estilo dijo el ahora morenista ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.
Y no habría porque no creerle, aunque muchos de plano no creen en lo que dice ni tampoco sobre las buenas intenciones del gobierno de la 4T para dar oportunidad al nombramiento popular de jueces, magistrados y ministros con afanes exclusivos de hacerlos independientes de manipulaciones políticas entre otras ventajas para la justicia y sus administradores.
La suspicacia en algunos y convencimiento en otros de que se trata de un engaño no se ha modificado a pesar de la oferta oficial de que los actuales juzgadores podrán auto postularse para un nuevo cargo.
Algo que no indujo a los trabajadores del Poder Judicial a retirar su decisión de suspender actividades y con ellos ahora también en el mismo plan jueces y magistrados.
Por qué pues la actitud parista de una buena parte del Poder Judicial lo que lamentablemente significará rezagos e incluso graves pérdidas en perjuicio de los demandantes de justicia en el país.
Al respecto, hay dos posturas.
Una de éstas es la de los que optaron por suspender actividades afirmando que actúan en defensa de sus derechos laborales y para garantizar la división de poderes.
Y la otra es de sus críticos, insistiendo en acusarlos de defender intereses creados y privilegios.
El caso es que el Poder Judicial atraviesa un momento difícil y, por lo pronto, de pronóstico reservado.
Porque eso que supuestamente se quiere eliminar alejando a los que administran la justicia de influjos e interferencias políticas, en el momento actual parece al revés.
Como si unos y otros políticos se estuvieran disputando un nuevo control del sector justicia para saciar intereses propios, lo que creen quienes no aprueban la reforma judicial.
Así las cosas, es de desear que para darle absoluta credibilidad a la voluntad política de liberar a los juzgadores de intimidación y presiones políticas a la hora de juzgar cualquier asunto, los políticos, desde ahora, procedan a “sacar las manos”, permitiendo que sea la sociedad civil, ajena a intereses con la política, la que decida qué hacer y cómo logran la futura designación de los administradores de la justicia.
Nada de candidatos ni evaluadores de estos con injerencia del gobierno o los partidos políticos para que esto evite suspicacias sobre un reforma de la justicia en aras de remediar la crisis judicial.
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