Trabajadores del Poder Judicial deciden hoy si van al paro
Miguel Ángel Rivera lunes 19, Ago 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Hoy, lunes 19 de agosto, trabajadores, jueces y magistrados del país decidirán si a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto inician una suspensión indefinida de labores, en protesta por la decisión de Morena y aliados de insistir en la reforma judicial y no consensuar cambios.
Esto, a pesar de que el reciente fin de semana, la Cámara de Diputados anunció que, como resultado de la consulta que realizaron, en el dictamen preparado por su Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el ex priista Juan Ramiro Robledo, se introdujeron 100 cambios respecto de la iniciativa inicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, entre las modificaciones anunciadas, no se incluye eliminar la reforma constitucional que tiene por objeto imponer un sistema de elección mediante voto popular de jueces, magistrados y ministros, desde los tribunales inferiores hasta la Suprema Corte de Justicia.
La elección de nuevos juzgadores pasaría, necesariamente, por la destitución de los actuales y preparar las respectivas indemnizaciones.
Estos son algunos de los puntos en los que no están de acuerdo los actuales trabajadores e integrantes del Poder Judicial de la Federación y, por ello, se aprestan para protestar a partir de pasado mañana, miércoles, mediante la suspensión de actividades. Este paro, por cierto, ya les generó amenazas de que podrían ser sancionados.
Por ejemplo, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila -con fama de negociador, pero que últimamente ha endurecido sus posiciones en defensa de lo que se ordena desde Palacio Nacional- afirmó que, de concretarse el paro de labores en el Poder Judicial, los jueces y magistrados que hayan convocado a esta protesta incurrirán en delitos graves contra la administración de justicia.
Advirtió que obstaculizar, obstruir o detener el acceso a la justicia es un delito grave contra la administración de justicia. Jueces, ministros y magistrados, agregó, tienen el derecho de expresar sus puntos de vista o hacer lo que crean conveniente para oponerse a la reforma al Poder Judicial, pero siempre y cuando no violen la Constitución ni la ley.
En consecuencia, dijo el ex priista zacatecano, la suspensión de labores al que han convocado en el Poder Judicial violaría flagrantemente el artículo 17 de la Constitución, que establece que la justicia debe de ser pronta y expedita.
En particular, el coordinador legislativo que presume ser doctor en Derecho, se lanzó contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, a quien acusó de presionar y hacer caminar a los trabajadores “a caminos sin retorno”. Advirtió, además, que a Piña Hernández le faltan diplomacia, pericia e inteligencia para poder llevar a cabo una relación de colaboración y coordinación entre los poderes.
Con todo, prosigue la consulta a
los trabajadores del Poder Judicial
No obstante, el riesgo de ser acusados de ser acusados de obstrucción a la justicia, todo está listo para que hoy los trabajadores del Poder Judicial voten para decidir si van o no al paro.
La convocatoria está a cargo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), que se presenta como asociación civil constituida en ejercicio del derecho constitucional a la libre asociación, y conforme a las leyes federales vigentes, integrada por Magistradas y Magistrados de Circuito, así como por Juezas y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con la convocatoria, este lunes, jueces y magistrados emitirán su voto, para aprobar la suspensión de labores que dará inicio a las 00:00 horas del día miércoles 21 de agosto de 2024 y continuará, hasta que se cumplan las peticiones de la JUFED, y dicha suspensión se levantará con la aprobación de las mesas directivas Nacional y regionales de la organización.
El voto de jueces y magistrados será personal, libre y secreto y se garantizará el absoluto anonimato y el sentido de la votación, según se establece en la convocatoria.
Las demandas de la JUFED consisten, principalmente, en que se respete el Estado de Derecho por medio de la garantía de la independencia judicial y no se ponga en riesgo la carrera judicial mediante la elección por voto popular para acceder a los cargos de Jueces, Magistrados y Ministros del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, piden al Congreso que detenga el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada para enfrentar las causas estructurales que vienen debilitando sostenidamente la calidad de la justicia.
La suspensión de actividades jurisdiccionales comprenderá a todos los órganos del Poder Judicial de la Federación que ejerzan esa función, siendo estos los Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, Tribunales Colegiados de Apelación, Centros de Justicia Penal Federal, Juzgados de Distrito, Juzgados de Distrito Auxiliares, Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones y Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales y Colectivos.
La JUFED pidió resaltar que la suspensión de las actividades planteadas será pública y pacífica.
Al respecto, es de destacar que dentro y fuera del país, uno de los factores por lo cual se rechaza la posibilidad de que los juzgadores sean elegidos es que necesitarán dinero para hacer campaña y, ante tal posibilidad, se pueden colar organizaciones delincuenciales para asegurarse fallos favorables.
Esa posibilidad ha sido rechazada por el mencionado Ricardo Monreal, quien aseguró que los legisladores se asegurarán que, con la reforma al Poder Judicial, no habrá forma “de que se involucren intereses mafiosos”. Dijo que se establecerán medidas legislativas para blindar al sistema de justicia, con comités de especialización y vigilancia.
“Vamos a revisar muy bien toda la Constitución y las leyes reglamentarias para sacudir” la nefasta influencia del crimen organizado y de delincuentes de cuello blanco en la resolución de jueces, agregó el senador y diputado electo.
La reforma es una venganza del titular
del Ejecutivo Federal que va de salida
Por si las razones de la JUFED no fueran suficientes, es de tomar en cuenta un documento realizado por el denominado Diálogo Interamericano, del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, y de la Barra Mexicana de Abogados.
“La iniciativa de reformas constitucionales es el más reciente de una serie de ataques por parte del Poder Ejecutivo a la autoridad judicial. Estos ataques se iniciaron después de que la SCJN invalidara varias propuestas legislativas del Gobierno actual, por considerarlas inconstitucionales. La aprobación de tales reformas afectaría el principio de separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, ambos cruciales para una democracia. La iniciativa de reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo son contrarias a los estándares internacionales por las siguientes razones:
“En primer lugar, la elección de ministros y ministras para la SCJN, jueces y juezas federales, y magistrados y magistradas federales mediante votación popular puede incentivar decisiones judiciales orientadas a obtener votos para la satisfacción de ciertos grupos de interés o políticos, en lugar de juicios imparciales basados en los hechos y el derecho. Esto contraviene las normas internacionales que reconocen que la selección de jueces debe ser ajena a presiones políticas y fundamentarse en los méritos y competencias de los candidatos y candidatas a ocupar esos cargos. La experiencia de Bolivia y Estados Unidos, los únicos países de América que seleccionan a jueces constitucionales por voto popular, demuestra que este método puede afectar la independencia e imparcialidad de los sistemas judiciales. La institución de elecciones judiciales en México incrementaría la influencia de intereses económicos en la toma de decisiones judiciales, incluyendo potenciales contribuciones a las campañas por parte del crimen organizado”.
