Histórico: primera Presidenta de la República, pero surge la sombra de la protección a los poderosos

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Sin duda, la declaración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como primera Presidenta de México es un suceso histórico, logro que se debe atribuir a esa corriente social y política que ahora se congrega en Morena, pero también a ellos se deben atribuir sucesos y declaraciones que lamentablemente eclipsan ese logro.

Para empezar, el discurso de la, ahora sí Presidenta Electa, al recibir su constancia de mayoría tiene pasajes casi épicos, como el afirmar que pondrá hasta su vida para servir al país y a todos los ciudadanos.

“Actuaré con honestidad, responsabilidad, respetando la independencia de poderes, gobernaré para todos y tengan la certeza que nos sentimos y sentiremos todos cada día más orgullosos de nuestro origen y porvenir. Nadie debe temer a nada, el futuro es promisorio, somos un país y un pueblo extraordinario, único, maravilloso. Estaremos a la altura de las circunstancias. Hago el compromiso de no defraudar y poner todo mi empeño, conocimiento, corazón, mi esfuerzo, voluntad y hasta la vida misma para servir a mi patria y a mi pueblo”, sentenció.

Al expresar que respetará la división de poderes, también refrendó su total respaldo a las iniciativas de reformas constitucionales con las que pretende despedirse el actual primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, que incluyen modificar radicalmente al Poder Judicial Federal y desaparecer o limitar al resto de los organismos autónomos, todo con el propósito de dejar el poder absoluto en una sola persona: el titular del Poder Ejecutivo.

Por si no fuera suficiente, la futura primera mandataria respaldó otros cambios por venir que han sido universalmente repudiados por limitar y afectar los derechos humanos de los habitantes del nuestro país, como es la prisión preventiva oficiosa que anula el principio básico de la presunción de inocencia, que significa que nadie es culpable mientras no sea condenado por un juez.

Como consecuencia de la aplicación de esa “prisión preventiva oficiosa”, actualmente las cárceles de México están llenas de miles de personas a las que se han privado de la libertad por largos años, sin que hayan sido sentenciados y, lo peor, es que los diputados federales del oficialismo tienen listo un dictamen para ampliar la relación de delitos por los cuales se puede decretar la prisión sin haber sido previamente condenados.

Las modificaciones al artículo 19 de la Constitución Política establecen que el juez “ordenará” la prisión preventiva oficiosa en los casos de: “extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas conforme a las leyes aplicables”, así como en casos de “defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley”, reveló el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz.

Como se ha comentado hasta la saciedad, la condición indispensable para que entren en vigor esas reformas es que el oficialismo tenga mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión, lo cual se espera que sea convalidado por un Instituto (INE) y un Tribunal (TEPJF) electorales en donde tienen mayoría los afectos a la llamada Cuarta Transformación.

La Presidenta Electa se ha manifestado decididamente a favor de esa sobrerrepresentación, que daría a la coalición oficialista casi el 75 por ciento de las diputaciones y senadurías, mientras que los partidos de oposición que tuvieron el más de 40 por ciento de la votación quedarían reducidos a menos del 35 por ciento de los escaños y curules, con lo cual estarían impedidos de bloquear cualquier cambio que se les ocurra a los abanderados de la llamada cuarta transformación, cuyo segundo piso pretende erigir la ahora presidenta electa.

Esto además de que el mandatario saliente, López Obrador, tendría la oportunidad de tomar venganza de todos sus “enemigos”, pues los anunciados cambios se podrían concretar en el primer mes de actividades de la siguiente legislatura, en donde confía en tener mayorías calificadas. Los legisladores inician actividades en septiembre y el inquilino de Palacio Nacional desaloja el histórico edificio hasta el último día de ese mes.

Según el sapo es la pedrada

Pero esas no son las únicas fallas de la llamada Cuarta Transformación.

Si bien, están preocupados por aplicar la prisión preventiva oficiosa a cuanto presunto delincuente se les atraviese, esa ley no se aplicará por igual a débiles y poderosos, como se ha demostrado hasta la fecha, sin que tenga ningún efecto positivo para reducir los índices de delincuencia.

En los medios oficiales se asegura que su principal preocupación es el pueblo, los pobres, pero resulta que la abrumadora mayoría de los detenidos a los que se ha aplicado la prisión preventiva oficiosa son quienes no pueden pagar una defensa adecuada.

A los poderosos se les protege también desde las altas esferas del poder.

Allí está, por ejemplo, el caso del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, acusado de delitos patrimoniales en contra del erario de su estado y que, por lo mismo, es buscado por la Fiscalía Anticorrupción, que ya lo consignó ante un juez de aquella entidad una orden de presentación del ex mandatario, quien al parecer está en espera de que le proteja el fuero de que gozará como senador, cargo al que fue postulado por Morena, además de que, paradójicamente, está encargado de los programas anticorrupción como parte del equipo de transición de la ahora presidenta electa.

En entrevista con el colega Joaquín López-Dóriga, el fiscal anticorrupción de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela Holguin, aseguró que las autoridades de su estado han cumplido todos los procedimientos para actuar contra Corral Jurado y que, como parte de esa actuación, solicitaron la colaboración de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para detener al ex mandatario y trasladarlo a la entidad norteña. Inclusive, el funcionario chihuahuense mostró copia de un documento remitido por una funcionaria de la procuraduría capitalina, en donde manifiestan su disposición a colaborar para la captura del “indiciado”, como se dice ahora a los acusados de un delito.

Con esos antecedentes, funcionarios de la Procuraduría  Anticorrupción de Chihuahua intentaron cumplir con la orden de aprehensión en un restaurante de la colonia Roma de esta ciudad, pero cuando intentaron cumplir con la diligencia se vieron en medio de un operativo tipo película de Hollywood, en el que calculan participaron unos 50 elementos armados y vestidos con ropa de comandos, pero sin ninguna insignia que protegieron al perseguido.

El punto culminante fue la aparición del encargado del despacho de la PGJCDMX, Ulises Lara —el cuñado del jefe de Gobierno, Martí Batres y ex vocero de esa institución que consiguió de la noche a la mañana los títulos universitarios para heredar el cargo de Ernestina Godoy— apareció como actor principal y tomó bajo su protección a Corral Jurado.

Lara aseguró que no fue un rescate, sino de que se opuso a que se cometiera un abuso, pues los agentes de Chihuahua no habían cumplido con las formalidades que impone la ley.

A través de un mensaje, la mañana de ayer, jueves, Ulises Lara aseguró que por la noche, recibió una llamada del equipo del ex gobernador y decidió corroborar él mismo si había agentes de la Fiscalía capitalina en dicha diligencia.

Luego, asegura, que las autoridades de Chihuahua no cumplieron con los procedimientos legales y que tampoco hubo respuesta positiva de su Procuraduría para colaborar en la captura. “Por lo tanto, y por propia voluntad, el señor Javier Corral decidió acompañarme, con la finalidad de aclarar su situación jurídica, a las oficinas de esta institución, de donde se retiró por propio pie, al no contar esta Fiscalía con algún documento o mandamiento judicial que ordenara su detención”, informó el encargado de la Procuraduría capitalina.

Si esa protección no fuera suficiente, desde Palacio Nacional surgió otro defensor de primerísimo nivel. En su mañanera, López Obrador aseguró que la acción contra Corral Jurado se trata de una especie de venganza de la alianza que existe entre la actual mandataria panista Maru Campos y el ex gobernador priista, César Duarte.

¿Y la protección al gobernador de Sinaloa?

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