Ante oídos sordos, trabajadores del Poder Judicial preparan un paro nacional
Miguel Ángel Rivera miércoles 14, Ago 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Mientras la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) mantiene su propósito de realizar un paro nacional si el Poder Legislativo no detiene la discusión de la reforma judicial, juristas nacionales y extranjeros hicieron un nuevo llamado a la defensa de la independencia del Poder Judicial.
Estas y otras acciones y declaraciones son provocadas por el llamado “plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador, tendiente a entregar al Poder Ejecutivo (léase Presidente de la República) el control absoluto de lo que sucede en la nación, mediante el control o la desaparición de los organismos autónomos que actualmente ponen límites al ejercicio del poder y defienden los derechos de los ciudadanos.
Ese “plan C”, constituido por 20 iniciativas de reformas, 18 de ellas a la Constitución y las dos restantes a leyes reglamentarias, ya está en poder de senadores y diputados, cuya mayoría oficialista se apresta a aprobar las modificaciones tal como las desea el inquilino de Palacio Nacional, sin cambio ninguno.
En un intento fallido de ocultar ese sometimiento absoluto ante el Ejecutivo, lo organizó la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, encabezada por el abogado Juan Ramiro Robledo, quien se ha constituido en defensor a rajatabla de lo que desea la llamada Cuarta Transformación, es decir, su líder y guía, López Obrador, que a menos de dos meses del fin de su mandato ejerce el poder como si tuviera todavía muchos años para consolidar su proyecto.
La farsa organizada por los diputados para supuestamente escuchar opiniones diversas acerca de la reforma al Poder Judicial pronto se evidenció por la selección de ponentes y por la asignación de turnos, de manera de restar impacto a las opiniones de quienes no están de acuerdo con la iniciativa del político tabasqueño y que defienden la igualdad entre poderes, que es principio fundamental de la democracia.
Por eso, otras instituciones han realizado foros en donde se discuten abiertamente esa y otras reformas, a manera de recoger opiniones de todas las corrientes de pensamiento.
Una de esas reuniones la organizó la Suprema Corte de Justicia —amenazada con la desaparición— con participación de juristas nacionales y extranjeros, quienes, como señalamos al inicio de esta columna, se manifestaron a favor del equilibrio de poderes.
El foro denominado Reflexiones desde la Judicatura, convocado por Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los juristas sentenciaron que la defensa de la independencia judicial requiere del compromiso y voluntad de la sociedad en su conjunto.
En la mesa 1, titulada La independencia judicial frente a las tendencias reformadoras a nivel mundial, Mónica Castillejos Aragón, profesora invitada en la Universidad de Berkeley, destacó que, en los últimos años, líderes autocráticos desmantelaron espacios donde la democracia y el Estado de Derecho se consolidaron y, para ello, atentaron contra instituciones que procuran la rendición de cuentas como: los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil e, incluso, los poderes judiciales.
No puede haber retrocesos en la división de poderes
Adriana García García, del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford y el Colectivo de organizaciones La Justicia que Queremos, precisó que las cuatro variables que afectan la independencia judicial son la forma en que se selecciona a los juzgadores; la permanencia en sus encargos; los procedimientos disciplinarios y la seguridad de los salarios.
Por ello, señaló que las propuestas actuales de reforma judicial son una amenaza directa a la independencia judicial, porque ponen en peligro los derechos de todos los mexicanos, sobre todo, los derechos de las minorías.
Lo expresado en el encuentro organizado por la Suprema Corte y los otros organismos del Poder Judicial Federal puede ser cuestionado por tratarse de un medio de autodefensa. Pero no fue la única instancia en donde se expresaron conceptos que resultan contrarios a los deseos del inquilino de Palacio Nacional de vengarse de supuestas afrentas de los jueces, magistrados y ministros.
En cumplimiento de su función de ser guía del pensamiento nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) organizó otro debate, titulado Reforma Constitucional en Materia de Justicia.
Al inaugurar el encuentro, el rector Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que la independencia judicial y la división de poderes son la garantía para que las decisiones de las y los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia, y no en presiones externas o intereses de grupo.
Además, recordó que nuestro país optó hace dos siglos por la forma de gobierno republicana, representativa y federal, en la que ha habido una evolución política azarosa y aún queda pendiente consolidar el federalismo y la división de poderes; pero enfatizó que “no puede haber retrocesos en la materia”.
El rector también señaló que se debe asegurar que las y los funcionarios judiciales cuenten con los saberes, habilidades y herramientas necesarias para ejercer su labor con autonomía, ética y profesionalismo, a fin de buscar que la justicia sea asequible, visible y entendible para todas y todos, ya que es un derecho humano inalienable.
Todo lo contrario de la propuesta de la llamada Cuarta Transformación, que con la reforma propuesta por el político de Macuspana pretende que los funcionarios del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, lo que significaría que el factor central para conseguir un cargo sería la popularidad, en vez de sus conocimientos.
Lomelí Vanegas añadió que se tienen que concebir y planificar políticas públicas que aseguren que todas las personas accedan a una justicia pronta y expedita. Asimismo, remarcó que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad, pues erosiona la legitimidad de nuestras instituciones. “Se necesitan establecer controles y sanciones efectivas para erradicar esta práctica”.
Acompañado por autoridades de entidades académicas de la UNAM que realizan labores de docencia e investigación sobre el derecho, el rector propuso también fomentar la participación ciudadana en este proceso, además de impulsar una mayor educación en derechos y deberes entre la población. “Una ciudadanía informada puede exigir y contribuir a una justicia efectiva”, recalcó.
A su vez, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la misma UNAM, Mónica González Contró, sostuvo que el propósito del Estado es garantizar la vida y el bienestar de las personas, para que puedan desarrollarse libremente; y el Poder Judicial, como integrante del Estado, debe ser vigilante de los derechos humanos y el respeto a la Constitución.
Esas manifestaciones quedaron en el ámbito académico y, dicen los opositores y críticos del gobierno de la 4T, no servirán de mucho, pues los legisladores oficialistas no han incorporado en sus dictámenes ninguna de estas opiniones y mantienen intacta la iniciativa que les remitieron desde Palacio Nacional.
Por ello, los trabajadores del Poder Judicial han decidido aplicar otras formas de presión en defensa de su autonomía y, por qué no decirlo, de sus fuentes de empleo.
Al respecto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) anunció que realizarán un paro nacional si el Poder Legislativo no detiene la discusión de la reforma judicial.
Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la JUFED, dijo que la suspensión de labores será la última medida, si no se les hace caso en su petición de discutir una reforma integral, la cual debe ser producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales.
“Septiembre de 2024 puede convertirse en una fecha fatídica para el país, si el Congreso entrante y la futura Presidenta se empeñan a aprobar esta iniciativa, haciendo oídos sordos de tantas evidencias y menospreciando propuestas alternativas de mejor factura”, advirtió Fuentes.
