A cada momento surgen más dudas acerca de la captura de “El Mayo”
Miguel Ángel Rivera lunes 12, Ago 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“Si no gana Rocha, los vamos a matar a todos”, dijo aquel joven que cuidaba que nadie se moviera de su sitio. Traía percheras, un fusil terciado y un woki toki que no dejaba de vomitar órdenes y pormenores de la jornada. Si ya llegaron a la casilla, si estaba bajo control, si la operación marchaba bien…
“Ya había pasado la noche y estaban en el tercer sitio porque los estuvieron cambiando cada dos o tres horas en un peregrinar del que no sabían si saldrían vivos. En ese almacén coincidieron más de veinte, entre ellos varias mujeres, algunas jovencitas. “Uno por uno, agarraditos de la mano los vamos a matar”, amenazó.
“Varios habían salido del edificio del PRI, por el bulevar Madero y otros de las oficinas de la CNC, ubicadas por la calle Francisco Villa en Culiacán. Todos eran parte de la estructura electoral del partido y estaban encargados de echar a andar la maquinaria que se encargaría de llevar votos para sus candidatos en el “día D”.
“¿Dónde está el call center?”, les preguntaban. “En la CNC”, les respondían. También por las “casas amigas”, esas donde suelen reunirse para desayunar y a partir de allí ir a votar. Y por el dinero. Dónde está el dinero, para qué lo quieren, “para comprar votos”. “No —respondían—, para darles de comer a los representantes de casillas”.
“Los despojaban de sus pertenencias, bolsos, carteras, identificaciones, teléfonos celulares y vehículos. Algunos se salvaron del secuestro. Gomer Monárrez Lara estuvo en las reuniones y se fue a su casa a la medianoche acompañado de una patrulla de la policía estatal. Alguien le dijo que lo iban siguiendo y alcanzó a meterse a la privada donde vive.
“La noche anterior a las elecciones del pasado 6 de junio, en Culiacán fueron levantados más de cien operadores políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Cártel de Sinaloa”.
Lo anterior fue escrito por Ismael Bojórquez, director editorial de Ríodoce, empresa editorial independiente que ha mantenido, desde su fundación en 2003, una actitud crítica contra el gobierno, sea del PAN, del PRI o de Morena. Esa posición le valió tener un mártir, Javier Valdez Cárdenas, quien además era corresponsal del diario La Jornada y escribió el libro Narcoperiodismo, la prensa en medio del crimen y la denuncia. En su columna Malayerba publicaba relatos de violencia en Sinaloa.
La nota referida se publicó el 15 de junio de 2021, durante el proceso electoral en el que, en Sinaloa, fue elegido gobernador del estado el candidato de Morena, Rubén Rocha Moya, militante de organizaciones de izquierda que inició su carrera política dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa y durante algún tiempo, en el periodo del priista Jesús Aguilar Padilla fungió como coordinador de asesores del gobernador (2005-2010).
Originario de Badiraguato, la plaza donde nació y se asentó el poderoso Cártel de Sinaloa, Rocha Moya fue tres veces candidato al gobierno estatal, la primera, en 1986, por la alianza de izquierda Movimiento Popular Sinaloense (MPS). En la segunda ocasión, con Andrés Manuel López Obrador como dirigente nacional del PRD, fue abanderado de la alianza PRD, PVEM y PT y la tercera, que fue la vencida, en 2021 bajo la alianza de Morena y el Partido Sinaloense.
Precisamente, la información de Ríodoce anteriormente citada, se refiere a esas elecciones, en donde Rocha Moya, anteriormente senador, oficialmente fue declarado ganador con el 56.60 por ciento del voto.
Pero esa no fue la única información relativa al secuestro de los operadores del PRI. La agencia Infobae refirió:
“La noche anterior a las elecciones del pasado 6 de junio, en Culiacán fueron levantados más de cien operadores políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Cártel de Sinaloa.
“Según los relatos, muchos de ellos fueron arrancados de sus casas y a la vista de sus familiares. Los responsables tenían los rostros cubiertos y portaban armas de grueso poder.
“En muchos casos quebraron las chapas de las puertas, irrumpieron a la fuerza y sacaron a los operadores a la calle semidesnudos, algunos de ellos en calzones.
En 2024, una segunda tanda
Ante el éxito de este operativo, no fue sorpresa que las acciones se repitieran para las votaciones del pasado 2 de junio.
El sábado 13 de abril, Luis Alonso García Corrales, secretario de Organización y candidato a regidor de Culiacán por el Partido Sinaloense (PAS) y su acompañante Juan Francisco Cerón Beltrán, fueron reportados como desaparecidos.
Según información de Data Cívica, este es el séptimo caso de desaparición o secuestro de un político en el actual proceso electoral.
Debido a este acontecimiento, un grupo de personas, salieron a manifestarse, este domingo 14 de febrero, al sur de Culiacán, para solicitar que aparezca con vida el candidato y su acompañante.
Además, durante esta movilización, el fundador y dirigente del PAS, el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Melesio Cuén Ojeda, candidato a diputado federal, dijo que suspendería la campaña por la inseguridad en el estado y como medida de protesta. Se desempeñó también como Secretario de Salud de Sinaloa hasta mayo de 2022, mes en que fue cesado de sus funciones por el gobernador, Rubén Rocha Moya.
Todos estos antecedentes ahora resultan más que actuales, al menos por dos sucesos que resultan muy vinculados: uno, la captura, secuestro o entrega ante las autoridades de los Estados Unidos del que resultaba intocable “capo de capos” Ismael “El Mayo” Zambada Niebla y su ahijado Joaquín Guzmán López, hijo de su (¿ex?) socio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y, dos, el asesinato del mencionado ex rector y dirigente del PAS, Héctor Melesio Cuén.
Estos acontecimientos tienen de cabeza al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue tomado por sorpresa y, hasta la fecha, no ha recibido información completa de las autoridades de los Estados Unidos de la forma como llegaron los dos supuestos narcotraficantes a territorio del vecino país y quedaron la cárcel. Lo que se sabe en México es por algunas filtraciones a la prensa.
Es indudable que en esos sucesos hubo muchas violaciones a las leyes nacionales, como lo demuestra el anuncio de la antes paralizada Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, que ayer en una acción en apariencia muy enérgica, anunció haber iniciado la investigación SON/HSO/0001/882/2024, por los posibles delitos de vuelo ilícito; uso ilícito de instalaciones aéreas; violación a la legislación migratoria y aduanera; secuestro; traición a la patria (artículo 123 del Código Penal Federal); y lo que resulte.
Esa fiscalía que no había iniciado ninguna carpeta (así les dicen ahora a los expedientes acerca de investigaciones criminales) contra “El Mayo” a pesar de su prolongada actividad criminal, ahora descubre ilícitos de elevado nivel.
Lo grave para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación es que todas las previsibles acusaciones penales deben empezar por organismos oficiales. Por ejemplo, el ya poco confiable Instituto Nacional de Migración, a cargo del amigo presidencial Francisco Garduño Yáñez, tiene que responder por el movimiento de entrada y salida del país de personas nacionales y extranjeras y, lo peor, es que se afecta el prestigio de una institución tan apreciada como es la Marina Nacional, a la cual el inquilino de Palacio Nacional le confió las aduanas, por considerarla “incorruptible”.
Por supuesto, también quedan en duda, si no totalmente desacreditadas, las organizaciones policiacas y de inteligencia que no pueden anticipar acciones de los delincuentes ni de las agencias extranjeras que actúan subrepticiamente en territorio nacional, pues por donde quiera que se le vea, en la “extracción” de los capos constituye una violación a la soberanía nacional.
López Obrador felicitó al gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, por responder a las declaraciones de “El Mayo”, pero en realidad no aclaró nada.
En particular se tiene que precisar la versión de “El Mayo” en el sentido de que fue engañado al haber sido convocado a una reunión con el propio gobernador y con su ex secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado el mismo día en que Zambada y Guzmán López cayeron en poder de las autoridades de Estados Unidos.
¿Desde cuándo los jefes del narcotráfico son árbitros en asuntos del gobierno?
