Morena mantiene al TEPJF incompleto para lograr la sobrerrepresentación
Miguel Ángel Rivera viernes 19, Jul 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Entre otras muchas presiones sobre el Senado, apenas el martes anterior, la diputada Elizabeth Pérez Hernández (PRD) volvió a recordar a la pretenciosamente llamada Cámara alta su obligación constitucional de nombrar a los magistrados o magistradas que hacen falta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Esto, con el fin de dar certeza a todo el proceso electoral y, sobre todo en una de las responsabilidades más importantes de ese alto tribunal —máxima instancia en materia electoral, pues sus fallos son inapelables— la calificación de la elección presidencial.
El hecho es que, desde noviembre de 2023, la Sala Superior del Tribunal Electoral trabaja de manera incompleta, debido a que se terminaron los periodos de los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante y los senadores oficialistas se han negado de manera reiterada a nombrar a los sustitutos para cumplir el capricho de su líder y guía, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dejar incompleto a ese tribunal es parte de la embestida del inquilino de Palacio Nacional en contra del Poder Judicial Federal, al que de plano desea desaparecer para sustituirlo por otro cuyos integrantes sean elegidos por “el pueblo”, mediante voto.
El fondo de este proceso que se pretende presentar como un avance democrático consiste en que el titular del Ejecutivo Federal —es decir, López Obrador y, a partir de octubre, su heredera Claudia Sheinbaum Pardo— tenga el control sobre los tres poderes de la Unión.
La llamada Cuarta Transformación, en particular López Obrador, ya tiene el dominio de las dos cámaras del Congreso de la Unión, donde sus incondicionales aprueban todo lo que les envían desde Palacio Nacional “sin cambiarle ni una coma”.
Pero esa condición de sometimiento absoluto de las mayorías oficialistas no le parece suficiente al político de Macuspana, pues sus incondicionales no alcanzan la mayoría calificada, requisito indispensable para modificar la Constitución y acabar con todos los contrapesos creados durante décadas en el proceso de acabar con un añejo y repudiado presidencialismo que López Obrador no sólo pretende mantener vigente sino inclusive hacerlo más poderoso, hasta llegar al absolutismo.
Eso es lo que está detrás del plan absolutista del inquilino de Palacio Nacional, cuyos propósitos no se puede materializar totalmente mientras haya organismos e instituciones que actúan con independencia de criterio.
Una de las instituciones que no se ha sometido a los designios y mandatos del jefe del Ejecutivo, quien durante algún tiempo influyó en sentencias y decisiones de jueces y magistrados a través de un sumiso presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ahora abiertamente sometido a la llamada Cuarta Transformación, el ex ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Esto no es ningún invento, el propio López Obrador lo reveló en una de sus tradicionales mañaneras.
Ese no es el único desliz cometido por el inquilino de Palacio Nacional. En sus largas peroratas en el Salón que fue de la Tesorería de la Federación y que oficialmente se llama “Guillermo Prieto”, en honor al patricio que salvó a Benito Juárez de ser fusilado al grito de “los valientes no asesinan”, López Obrador puso en evidencia el por qué desea mantener incompleto al TEPJF.
Persecución contra Rodrigo de la Peza López Figueroa
Todo empezó con una diatriba contra el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, porque cometió el desatino de aceptar el amparo interpuesto por una organización de la sociedad civil y ordenar al Senado cumplir con su responsabilidad de nombrar a los dos magistrados electorales faltantes.
Pecado capital, porque los legisladores oficialistas, incluidos los que presumen ser profesores en las divisiones de altos estudios y doctos en Derecho, se lanzaron contra el juzgador, por incurrir en el grave desatino de invadir áreas exclusivas del Poder Legislativo.
La operación para descalificar al atrevido juez se complementó, obviamente, desde las filas del Ejecutivo. La joven secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde —en vías de recibir el “dedazo” que la convierte en dirigente nacional del partido oficial, Morena—, se lanzó contra el atrevido juez y lo consignó para ser sometido a juicio político.
La persecución al juez De la Peza, claro, tuvo el respaldo de Palacio Nacional, cuyo inquilino lanzó una catilinaria en su contra, sin percatarse de que puso en evidencia el por qué no desea un TEPJF completo.
Para empezar, López Obrador reveló que los potenciales magistrados sustitutos no son incondicionales de la llamada Cuarta Transformación y, por consiguiente, queda latente la posibilidad de sentencias contrarias al actual gobierno federal.
El político de Macuspana lo puso de la siguiente manera:
“Todo es un plan con maña, porque los dos (candidatos a magistrados) que quieren poner son del bloque conservador y entonces tendrían mayoría en el Tribunal y entonces el Tribunal podría cancelar la elección, pero eso no es para no exagerar, no, lo que más añoran en que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta sobrerrepresentación y Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no pueda reformar la Constitución. ¿Eso es o no mafia?”, indicó.
Allí están expuestos los dos “planes con maña” de la llamada Cuarta Transformación: primero asegurarse una sobrerrepresentación no tolerada por la Constitución. La ley suprema de nuestro país establece que ningún partido puede tener en las cámaras del Congreso de la Unión más de ocho por ciento de diputados y senadores por encima de la cantidad de votos que recibieron en las elecciones.
En el caso de Morena y sus rémoras del PT y PVEM, sumaron un poco más del 54 por ciento del total de votos. En consecuencia, en caso extremo, sus bancadas podrían sumar 62 por ciento y fracción.
Sin embargo, el oficialismo da por seguro que esa coalición alcanzará más del 74 por ciento de representación en ambas cámaras, o sea mayoría calificada y la posibilidad de cumplir los deseos de su líder y guía para eliminar cualquier contrapeso y dejarle la posibilidad de realizar todos sus deseos, aunque sea por un mes, septiembre, cuando empezará a sesionar la nueva Legislatura.
De acuerdo con antecedentes, un Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por la filo morenista Guadalupe Taddei Zavala podría aprobar la sobrerrepresentación de Morena y rémoras, para dejarlos en condiciones de arrasar desde una mayoría calificada.
En tales condiciones, correspondería al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejar pasar esa circunstancia o dar vigencia al principio constitucional de no regalar a un partido o coalición la posibilidad de una mayoría calificada que no ganó en las urnas.
De acuerdo con lo admitido por López Obrador, la suma de magistrados no afines a Morena le quitaría esa posibilidad a la llamada Cuarta Transformación.
Ahora bien, si efectivamente la mayoría de los magistrados ejerciera su independencia de criterio, se podría llegar a la anulación de las votaciones del pasado 2 de junio, por haber sido una elección de estado, en donde el gobierno federal y de la mayor parte de las entidades de la República influyeron sobre los electores para que se inclinaran por los partidos de la llamada Cuarta Transformación.
Esto parece muy remoto, pero como se aprecia en las referidas declaraciones del inquilino de Palacio Nacional, quien puso en primer plano la posibilidad de “cancelar la elección”.
Al respecto, es de recordar que apenas el reciente miércoles 17 el TEPJF determinó que hubo difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido; se vulneraron los principios de imparcialidad y neutralidad; quedó demostrado el uso indebido de recursos públicos y en el último caso se acreditó promoción personalizada de los servidores públicos.
Al respecto, los magistrados precisaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede ser objeto de sanción, pero otros funcionarios que fueron hallados como responsables serán inscritos en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores.
Todo está por verse, ayer, conforme a la legislación electoral, los magistrados del TEPJF incorporaron como sexta integrante de la Sala Superior a la magistrada Claudia Valle Aguilasocho.
