Amnistía a delincuentes
Armando Ríos Ruiz miércoles 17, Jul 2024Perfil de México
Armando Ríos Ruiz
Lo que se ve no se juzga, reza el dicho popular y lo que muchos vemos, es que el actual gobierno pretende incorporar a la delincuencia a la vida normal de los mexicanos. Pero a diferencia de estos, con el poder brutal que da la conciencia delictiva investida de armamento poderoso y organizada en agrupaciones con un poder casi ilimitado para hacer el mayor daño posible.
En campaña, el entonces candidato y hoy Presidente de México, ofreció en Guerrero, uno de los estados más asediados por las hordas del narcotráfico y en aras de extender la creciente ola de simpatizantes, amnistía para estos y por extensión, para cualquier infractor de la ley. Seguramente ya había pensado en su frase puesta en marcha a inicios de su administración: abrazos, no balazos, que para la ciudadanía significó un revés sonoro a su tranquilidad.
Su iniciativa fue aprobada, aunque no era siquiera necesario, debido a la mente del mandatario, violador compulsivo de cualquier precepto legal asentado en nuestras leyes, desde la Constitución hacia abajo. El informe de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) avala lo anterior: “en más de un año de operación de la ley de amnistía, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sólo ha procedido en 39 casos. “Sin embargo, aunque sin el beneficio de ese nuevo mecanismo, se han detonado las liberaciones anticipadas, ya que entre 2020 y 2021 se liberó a mil 985 personas, en 2019-2020 hubo mil 22 libres y mil 592 más entre 2018-2019”. Una más de tantas veces, la ley fue violada por su voluntad.
Hace apenas unos días –el problema aún persiste—el grupo delictivo denominado Los Ardillos, incitó a sus simpatizantes en el estado de Guerrero, a realizar una paralización del tránsito en la carretera México-Acapulco, en protesta por la detención de compinches suyos y, según trascendió en las redes sociales, porque la alcaldesa de Chilpancingo incumplió acuerdos tomados durante una comida con el jefe del grupo criminal. Se habló inclusive de que la misma gobernadora, Evelyn Salgado, invirtió con ellos varias camionetas y más de 300 millones de pesos para negocios conjuntos.
Debido a la trascendencia del asunto, la autoridad competente inició una supuesta cacería de los jefes, encabezados por Celso Ortega Jiménez. Su hermano, Bernardo Ortega Jiménez, se dedica a la actividad política y ha logrado retener para él y su grupo, durante seis procesos electorales, la diputación local del distrito 24, con cabecera en Tixtla.
¿Cómo ven? ¿Es muy carismático?
O simplemente, como muchos han observado y resulta obvio, ¿se vale del poder ejercido por el grupo, cuya capacidad de movilización quedó demostrada con el cierre de la carretera y con el uso de las poderosas armas en su poder? ¿Algún pueblerino amenazado se atrevería a negarle el voto?
¿Y mientras, la autoridad qué hace? Pues se hace de la vista gorda. La gobernadora sólo se ha limitado a declarar a los medios que no tiene compromisos con ningún grupo. Pero los hechos y los dichos demuestran exactamente lo contrario. Guerrero ha sido tradicionalmente un pueblo difícil. Agresivo y pistolero. Hoy, ese coraje es utilizado por muchas organizaciones.
El hermano. El político, Bernardo Ortega, quien busca la presidencia del PRD en la entidad suriana, declaró apenas que no permitirá que la alianza Va por México prospere. Seguramente tiene planeado utilizar a Los Ardillos para impedirlo. Lamentable es que sería apoyado desde la cumbre de Morena.
Este señor habla como si la asociación delictiva fuera una entidad normal, que puede desplazarse con toda tranquilidad por donde le plazca, aunque siempre armada hasta los dientes. Reflejo indudable de la tolerancia de las autoridades encabezadas desde el más alto peldaño político, que alienta sus actividades como las de otros grupos, con sus felicitaciones y reconocimiento a la ayuda que prestan durante las épocas de elecciones.
