Corte de cortesanos
Freddy Sánchez martes 16, Jul 2024Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Ya lo dice un dicho: “el que hace la ley hace la trampa”.
Algo de tomar en cuenta para no convertir el “plan C” en una farsa electoral con el único fin de que el Poder Ejecutivo ejerza su voluntad sobre los que lleguen al Poder Judicial mediante el voto popular.
En especial, los magistrados y ministros.
Porque si el comportamiento de los actuales encargados de impartir justicia no es objeto de absoluta confianza social tampoco lo sería el de los sucesores en esos empleos si sus candidaturas surgen a placer de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
Y para ser más específicos (no queriendo pecar de ingenuos) de lo que se “diga y mande” en el despacho de Palacio Nacional, desde donde podría imponerse a la mayoría de los legisladores la lista de candidatos a aprobar para que, debidamente “palomeados”, la gente vote por ellos.
En ese aspecto, es de mencionar que la elección popular de jueces, magistrados y ministros no será un medio infalible para evitar intromisiones de intereses políticos en las resoluciones del Poder Judicial.
Uno de los tres poderes, al igual que el Legislativo, está expuesto a que grupos influyentes se empeñen en manipularlo. El Poder Ejecutivo como parte de esos grupos por supuesto también.
Al respecto, el ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar (entusiasta partidario de la elección popular de los administradores de justicia), reconoció que ningún sistema puede garantizar total independencia de magistrados y ministros.
Y ante esa afirmación huelga decir que mucho menos garantizaría la imparcialidad de los juzgadores por su origen electoral habiendo sido previamente escogidos como candidatos del Poder Ejecutivo y el Legislativo.
El mejor ejemplo de ello se puede constatar con la forma de actuar de los diputados y senadores acostumbrados a recibir consignas para votar leyes sin quitarles “ni un punto ni una coma” y mucho menos modificando sustancialmente lo previamente decidido por el Poder Ejecutivo.
De modo que si los legisladores parecen actuar como obedientes acatadores de lo que se les ordena legislar, lo mismo se puede esperar de administradores de justicia, cuyas candidaturas provengan de la voluntad de unos cuantos, sin importar que millones de votantes los elijan en las urnas.
Y es que eso sería el equivalente a que los estudiantes preferidos de un director de escuela escogidos por él y nadie más se pusieran a competir para que cualquiera de ellos fuera el elegido para presidir la sociedad de alumnos.
Lo mismo, pues, que podría ocurrir con una Corte de cortesanos.
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