La 4T se queda sola al refutar las críticas contra reforma al Poder Judicial
Miguel Ángel Rivera jueves 11, Jul 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Apenas el lunes anterior, 23 ex presidentes de España y de naciones latinoamericanas firmaron una declaración crítica en contra de la reforma al Poder Judicial Federal de México emprendida por el primer mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, y de inmediato sus incondicionales en el Congreso de la Unión emprendieron actos en defensa de su líder y guía, sin conseguir el respaldo de los legisladores de la oposición.
“Instamos al diálogo abierto y constructivo entre todos los actores políticos y sociales de México, para que aborden cualquier necesidad de reforma judicial, asegurando siempre el respeto irrestricto a los principios democráticos como a los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia contenidos, sea en la Convención Americana de Derechos Humanos, sea en la Carta Democrática Interamericana como interpretación auténtica de esta”, pidieron los integrantes de la organización Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).
El documento lo firman 23 ex mandatarios iberoamericanos, quienes consideran que la iniciativa del Presidente mexicano se trata de una reforma que implica “el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial” y representa un atentado grave contra la democracia y la vigencia de un orden constitucional.
Los ex jefes de Estado y de Gobierno de IDEA consideran que la reforma se presta para el servicio de objetivos ideológicos, la aplicación de un derecho penal del enemigo y el aseguramiento de la reelección indefinida de los gobernantes.
“Nos preocupan profundamente las posibles consecuencias de esta reforma en cuanto a la debida garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, expresaron también los ex mandatarios.
En nuestro país la declaración tuvo fuerte impacto en medios políticos, particularmente de oposición, pues pone de relieve aspectos que ya han sido rechazados en los foros organizados supuestamente para conocer las opiniones de todos los especialistas e involucrados, pero que en realidad no han sido tomadas en cuenta, pues los legisladores oficialistas no se apartan del guion preparado desde Palacio Nacional.
De arranque, en los medios oficialistas, el encuentro internacional de donde surgió el documento que descalifica la iniciativa de reforma al Poder Judicial mexicano, fue tachado como producto de uno de los “enemigos históricos” de la llamada Cuarta Transformación, la “derecha”, los “conservadores” y porque en ese foro participaron los ex presidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Esta tendencia se reprodujo en la sesión de ayer de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en donde se aprobó una declaración que descalifica lo expresado por lo exmandatarios iberoamericanos, entre los cuales están José María Aznar López, presidente del Gobierno de España, desde la restauración de la democracia, luego de la larga dictadura encabezada por Francisco Franco.
Como lo apuntamos, la réplica del Congreso mexicano va firmada por la directiva de la Comisión Permanente, pero en realidad es un documento avalado únicamente por Morena y sus rémoras.
Esto lo dejó en claro la presidenta del Senado y de la Permanente, Ana Lilia Rivera, quien expuso: “asimismo, la mayoría de los integrantes de la Mesa Directiva suscribió un pronunciamiento por el que se rechaza categóricamente la declaración sobre la reforma al Poder Judicial mexicano, firmada el 8 de julio de 2024, por algunos expresidentes de derecha.
El texto fue leído por el secretario de la Permanente el diputado Luis Edgardo Palacios Díaz:
“Por las razones expuestas, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión emite el siguiente pronunciamiento:
“Único.– Rechazamos categóricamente la declaración sobre la reforma del Poder Judicial mexicano emitida por la iniciativa democrática de España y Las Américas. Y firmada por diversos ex presidentes, identificados con una ideología de derecha por atentar en contra la soberanía y la autodeterminación del pueblo mexicano y por ser un acto de injerencia inaceptable en los asuntos internos de nuestra Nación”.
Luego se dio cuenta de los integrantes de la directiva de la Permanente que firmaron a favor y en contra:
Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta (Morena), a favor;
Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, vicepresidente (PVEM), a favor.
Diputada Adriana Bustamante Castellanos, vicepresidenta (Morena), a favor.
Senadora Mónica Fernández Balboa (Morena), a favor.
Diputado Luis Edgardo Palacios Díaz, secretario (PVEM), a favor.
Diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, secretario (PT), a favor.
Votaron en contra el diputado Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN), la diputada del PRI Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Cámara de Diputados; y los senadores José Erandi Bermúdez Méndez (PAN) y la senadora Ruth Alejandra López Hernández, secretaria, (MC).
Sin embargo, los legisladores oficialistas no consideraron suficiente esa evidente división, sino que incluyeron el tema de la reforma al Poder Judicial en la llamada “agenda política”.
Allí los representantes de la oposición precisaron estar de acuerdo en una reforma integral, pero resultado de una real consulta a todo el país, en donde se tome en cuenta a los especialistas, no sólo las instrucciones del inquilino de Palacio Nacional, a quien sólo le restan menos de tres meses al frente del gobierno federal.
Por ejemplo, a nombre del PAN, el diputado Enrique Godínez del Río, advirtió:
“En Acción Nacional sabemos que someter a votación a los cargos de ministros y magistrados podría polarizar, politizar estos roles; pero creemos que la creación de comités independientes, integrados por miembros del Poder Judicial, académicos, Poder Legislativos, sociedad civil y barras de abogados para la selección de magistrados, jueces y ministros va a hacer evaluaciones basadas en méritos profesionales y no en méritos políticos; audiencias públicas donde se examinen calificaciones y el historial de los aspirantes.
“Permitir que cualquier ciudadano interesado pueda competir por oposición para ocupar cualquiera de estos cargos judiciales. En Acción Nacional estamos a favor de una reforma judicial profunda e integral.
“Modernizar a todos los poderes judiciales locales, el rediseño de fiscalías estatales, la procuración de justicia, que es la primera puerta en nuestro sistema de justicia y es donde muchos de nuestros ciudadanos se sienten agraviados”.
La llamada Cuarta Transformación admite fallas
Los legisladores oficialistas dejaron constancia ayer en la mencionada Comisión Permanente que siguen a su líder y guía, el presidente López Obrador, no sólo en momentos triunfales, sino cuando aparecen signos de aparente humildad al reconocer fallas y errores.
En su mañanera de ayer, el político de Macuspana reconoció haber tenido una equivocación en materia de salud pública, pues su gobierno tuvo un “tropiezo” con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el que cual finalmente tuvo que desaparecer y ahora sus responsabilidades las asumió el llamado IMSS Bienestar.
Horas más tarde, los senadores y diputados de la llamada Cuarta Transformación reconocieron indirectamente otro de los vacíos dejados por la actual administración: dar seguridad en todo el territorio nacional.
“Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas secretarías a fortalecer los programas de inteligencia que permitan combatir el crimen organizado en las carreteras del país.
El referido punto de acuerdo comprende un solo punto: “La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Turismo, a fortalecer los programas de inteligencia que permitan combatir al crimen organizado en las carreteras del país”.
Es bueno que los legisladores oficialistas tomen conciencia de la falta de seguridad en las carreteras nacionales, pero resulta difícil que un exhorto sea suficiente. Cabe recordar, por ejemplo, que el actual gobierno acabó con la Policía Federal de Caminos.
