Tortura, violación más severa a derechos humanos: mag. Rafael Guerra Álvarez
Cd. de México martes 2, Jul 2024
- El presidente del PJCDMX así lo aseguró en el marco de la conferencia Protocolo de Estambul, que desde Colombia dictó Verónica Hinestroza, integrante de Omega Research Foundation
La especialista Verónica Hinestroza señaló la importancia de que las y los impartidores de justicia utilicen adecuadamente las herramientas creadas para facilitar su labor de asegurar que no haya personas encarceladas víctimas de tortura.
Desde su competencia, las y los impartidores de justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) realizan esfuerzos permanentes para erradicar la tortura, el maltrato y cualquier vejación a la dignidad humana en los procesos que le son sometidos por la autoridad ministerial, afirmó el presidente de la institución, magistrado Rafael Guerra Álvarez, al advertir que la primera es la violación más severa a derechos humanos.
En el marco de la conferencia Protocolo de Estambul, a cargo de la especialista Verónica Hinestroza, de la organización Omega Research Foundation, y la presentación de la obra Notas sobre la Actualización del Protocolo de Estambul, resaltó el compromiso ético y profesional del órgano judicial para encumbrar al derecho como la profesión más humana de todas.
Guerra Álvarez recordó que México, como Estado parte de las Naciones Unidas, ratificó en 2005 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
“Ese momento clave, que hasta hoy sigue vigente, debe refrendarse para evitar que la tortura sea una constante, y hoy nos corresponde actuar decididamente en contra de este delito, porque el temor sería equivalente a actuar como si la verdad no fuera indiscutible”, planteó.
Afirmó que el PJCDMX ha participado en la promulgación de políticas, reformas y leyes prometedoras, así como en la adopción de instrumentos internacionales como el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocido como Protocolo de Estambul.
Sobre la obra Notas sobre la Actualización del Protocolo de Estambul, destacó que el órgano judicial busca actualizar al personal jurisdiccional en temas de tortura, penas crueles e inhumanas. Es así, dijo, que “seguimos fortaleciendo la justicia en la Ciudad de México, y aplicando los más altos estándares en la defensa efectiva de los derechos humanos”.
En la sede del Instituto de Estudios Judiciales, cuyo salón de usos múltiples estuvo a su máxima capacidad con la presencia de consejeras y consejeros de la Judicatura, magistradas y magistrados, juezas y jueces, así como personal de áreas administrativas y de apoyo judicial,
Verónica Hinestroza señaló la importancia de que las y los impartidores de justicia utilicen de manera adecuada las herramientas creadas para facilitar su labor de asegurar que no haya personas encarceladas víctimas de tortura, y llamó a no ignorar a las personas que denuncien que fueron víctimas de ese delito.
Durante la conferencia vía remota desde Colombia, moderada por las magistradas Adriana Canales Pérez, presidenta de la Sala Constitucional, y Leticia Rocha Licea, integrante de la Cuarta Sala Penal, la especialista se pronunció por la erradicación total de la tortura, la cual, recordó, actualmente no se presenta como en los tiempos de las dictaduras: “en la oscuridad, en sitios sin testigos, sin personas que pudieran hablar, a excepción de las víctimas”.
Hoy la tortura ocurre en las calles, en el marco de las protestas sociales, en las cárceles; ocurren en los pasos migratorios y sitios oficiales y no oficiales de privación de libertad”, precisó.
La tortura, abundó Hinestroza, es casi vista en vivo, además a través de las redes sociales, no obstante, la fuerte normativa internacional existente para su erradicación. Comentó que México y diversos países de América Latina tienen a sus cárceles a víctimas de tortura sin apoyo para su rehabilitación y sin justicia.
Por ello, dijo, la mayor invitación es a recordar a las y los impartidores de justicia su papel y obligación, desde la ética, y a no delegar en los peritos la responsabilidad de la determinación judicial sobre si hubo tortura o no. “Tienen la obligación de asegurarse de que pruebas obtenidas bajo tortura no sean utilizadas en el marco del proceso”, planteó.
