Amos de la justicia
Freddy Sánchez martes 25, Jun 2024Precios y desprecios
Freddy Sánchez
“Suponiendo sin conceder”, como dicen los abogados, y creyendo en lo que se dice sobre las intenciones del futuro gobierno de promover una reforma constitucional en materia de justicia que surgirá del análisis y el consenso de partes interesadas, justo será hablar sin tapujos.
Porque sería mezquino no plantear cuánta inquietud pueda ayudar a perfilar un proyecto que sirva a los aparentes deseos generales de tener un mejor Poder Judicial con elementos a cargo de la administración de la justicia que sean honestos, imparciales y dedicados a juzgar sin recibir consignas.
Y que, obviamente, se aparten de una postura entreguista y sumisa con el poder en turno, así como de cualquier grupo político, económico o incluso delictivo que mediante presiones o reparto de dinero y lógicamente amagos se proponga conseguir resoluciones judiciales a modo.
Una cuestión que se le podría criticar no sólo a algunos de los actuales, sino de quienes en el pasado tuvieron responsabilidades diversas en el Poder Judicial propiciando dudas sobre la imparcialidad de su actuación al resolver una acción legal en la que entraron en controversia toda suerte de influentes del poder. Así que si de algo habría que curar al Poder Judicial en México es de la sistemática gestión de intereses extra judiciales tratando de inclinar la balanza de la justicia en favor o en contra de ciertos grupos sean estos del gobierno a de la sociedad civil.
Y en ese sentido, es menester recurrir a una cuidadoso estudio de qué hacer para evitar que desde sus orígenes no se corrompan las promociones para candidatos a puestos de elección popular en cargos legales, (en el sector judicial, abarcando el Tribunal Federal Electoral y añadiendo el INE), porque de no adoptar un método que garantice “limpieza total” para elegir a los jueces, magistrados y ministros, el resultado puede ser catastrófico.
Y no se equivocan los que temen que estos empleos que algunos consideran que están al servicio del mejor postor, lo estarían peor que nunca, anulándose el derecho a un juicio justo cuando los representantes del Poder Judicial electos con amplias posibilidades de ser controlarlos sólo pudieran proceder a acatar órdenes de qué resolver en un caso. En ese sentido, es necesario que de aprobarse la reforma constitucional que permita el nombramiento de administradores de justicia mediante el voto popular, tres cosas se cuiden con especial énfasis.
Una, es que los candidatos provengan de elecciones sugeridas por las universidades, organizaciones de abogados y de la sociedad civil, con prospectos sin relaciones de ninguna especie con el gobierno y los partidos políticos y que tengan los conocimientos apropiados para los cargos.
En segundo lugar, que el financiamiento para actividades electorales lo designe un comité plural ajeno al poder, pudiendo crearse un fideicomiso que maneje recursos económicos provenientes de fuentes distintas sin que haya apoyos directos para ningún candidato.
Y lo tercero, y muy importante, que la votación y el conteo de los votos sea supervisado por auditores independientes y no aliados, simpatizantes, socios y mucho menos familiares de personajes de la política o grupos económicos poderosos.
Así que la reforma constitucional que supuestamente se someterá a la opinión de la sociedad, amerita ante todo y por encima de todo que mejore y no empeore la calidad de la administración de la justicia. Y para eso resulta indispensable que jueces, magistrados y ministros que pudieran resultar electos por el voto popular, antes, acrediten que no serán los sirvientes de quién o quiénes les den su apoyo para convertirse en “tapaderas” o “sicarios” de los “nuevos amos de la justicia”.
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