La reforma que divide
Humberto Mares N. jueves 20, Jun 2024Así las cosas…
Humberto Mares N.
La reforma judicial es el siguiente paso en la bitácora de la política nacional. Esto puede ser un gran error. El elegir a jueces, magistrados y, sobre todo, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudiera ser el paso definitivo para apoderarse del Poder Judicial, por parte del gobierno, es decir del Poder Ejecutivo.
La división de poderes prácticamente estaría vulnerada y sería el inició del famosos “plan C”, que comprende las 20 iniciativas presentadas por Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado. Cuya finalidad es consumar el poder en la figura del Poder Ejecutivo. Es decir todo el poder y decisión en el poder del Presidente. Esto es un retroceso de décadas para la vida política y democrática de México.
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó y publicó el pasado día 13 de junio un estudio titulado “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el Presidente de la República”. El estudio donde participaron una docena de investigadores, especialistas en el tema, revela que la reforma es totalmente regresiva e involucra la modificación de 53 artículos constitucionales, lo que significa la modificación más grande en la historia de México.
Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por 11 ministros y se pretende bajar el número a 9 ministros, bajo el argumento de bajar los gastos.
Los investigadores de la UNAM y autores del análisis son Sergio López Ayón, José de Jesús Orozco Henríquez, Pedro Salazar Ugarte y Diego Valadés. César Astudillo y Javier Martin Reyes, parte del equipo de investigadores, en su análisis señalan en el capítulo 11 que la iniciativa impulsada por el mandatario es regresiva y ocasionaría un daño mayúsculo en México.
En ese mismo sentido, los investigadores se dieron a la tarea de analizar cada una de las 20 reformas contempladas en el “plan C” y advierten que inciden en la división de poderes y busca concentrar el poder en la Presidencia de la República.
En su análisis, Astudillo Reyes, doctor y maestro por la Universidad Complutense de Madrid, España, señala que la reforma propuesta representa cambios negativos para el Poder Judicial, como el de reducir el número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de11 a nueve integrantes, los que ocasionaría rezago de asuntos que se acumularían con menos ministros. La Corte en tiempos normales procesa cerca de mil casos, mientras que los diferentes tribunales colegiados de apelación y juzgados de distrito resolvieron cerca de un millón y medio, que no son pocos.
Pero la intención de que el pueblo elija a ministros por voto popular es cuestionable por todos los sentidos. No tiene nada que ver con la corrupción. La corrupción por desgracia está arraigada en todos los ámbitos en nuestro país. Eso sí es una desgracia y muestras existen muchas en todos los gobiernos, no es exclusivo de un partido o un gobierno.
Es de sentido común tratar de contar con los mejores especialistas, en este caso abogados, que estén atendiendo asuntos legales los mejores. Una analogía, en una pequeña encuesta que hizo su servidor, me contestaron” vamos a votar para ver qué doctor te opera”. La respuesta total y definitiva fue no, quiero al mejor.
Los mismos miembros del Poder Judicial levantan la mano en ese sentido y para eso es el foro de parlamento abierto, que espero sea real y no ficticio, porque esto puede provocar que prospectos que busquen alguno de estos cargos, no tengan conocimientos especializados, sino que tengan alguna cercanía a grupos del poder político. Debemos tener a los mejores.
Esto es parte de la estrategia de quitar los contrapesos, quitándole independencia y generando una incertidumbre jurídica que afectará a todos, sobre todo a los mercados bursátiles y financieros, cuyas consecuencias serán trasladadas a la vida diaria, en forma de inflación y pérdida de adquisición. Y para muestra un botón. La semana pasada el dólar estuvo en 18.88 pesos.
Los magistrados ya iniciaron con su opinión. Una de ellas es la magistrada Paula María García Villegas, hija de la ministra en retiro y ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
García Villegas llamó a reconsiderar la reforma judicial porque estimó que, de lo contrario, técnicamente habría un golpe de Estado con la desaparición del Poder Judicial de la Federación. Este ya no es un fantasma, ya es una verdadera posibilidad, que muchos de los mil 665 empleados del Poder Judicial ven y temen.
La magistrada, en un video que subió ayer a su cuenta de redes sociales y que poco después borró, integrante del Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la CDMX afirmó que la salida adecuada es que siga siendo un sistema en donde los mejores a través de concursos a través de los conocimientos que tengan a través de estudio, sean quienes lleguen al puesto de jueces y magistrados. Así las cosas, hasta pronto.
