¿Consultar o manipular?
Guillermina Gómora Ordóñez martes 18, Jun 2024Caleidoscopio
Guillermina Gómora Ordóñez
En una versión más de “están conmigo o contra mí”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pone a prueba, otra vez, la “lealtad a ciegas” de los integrantes de su gobierno y sus fanáticos de la #4Ttransformación con la encuesta de Morena para decidir el futuro del Poder Judicial Federal (PJF). Antes de que termine su sexenio quiere dar el “manotazo” de su triunfo.
Aunque sostiene que la venganza no es su fuerte, López Obrador hace sentir su control absoluto y busca con la mayoría alcanzada por Morena en el Congreso, someter al Poder Judicial que sirvió como contrapeso a su gobierno y frenó algunas de sus ocurrencias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahora, pone a prueba el capital político de su sucesora Claudia Sheinbaum, quien se ha pronunciado por “una discusión muy amplia en todo el país”, antes de que, entre el nuevo Congreso. Incluso, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dijo que se realizarán foros abiertos para discutir la controversial reforma y podrían desarrollarse durante junio, julio y agosto.
Pero no se haga ilusiones, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, afirmó que los foros “son para oír” no para debatir, pues “las cosas están claras hacia dónde van”.
Sí, López Obrador, fiel a su estilo advirtió cual es la única “coma” que no dejará que cambien: “Lo que no se debe de quitar es que (los jueces y magistrados) sean elegidos por el pueblo, eso se mantiene. No se está juzgando a nadie, nada más que se sometan al escrutinio público”. Aseguró que con la Reforma se buscará que los jueces y magistrados sean “siervos de la nación”.
La propuesta busca que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos a través del voto ciudadano. Al respecto, César Iván Astudillo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas De la UNAM, observa que la intención de quienes impulsan la reforma es “mudar” la naturaleza del PJF, para llevarlo al campo de la política.
Por su parte, Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, publicó: “Si consideramos que Morena y sus aliados son, por mucho, la coalición con mayor fuerza electoral en la actualidad (…) no es difícil ver cómo, en menos de dos años, el obradorismo podría controlar prácticamente a todos los poderes judiciales del país”.
En efecto, elegir por voto popular a más de 1,500 empleados del Poder Judicial no garantizaría una mejor impartición de justicia, pues la apuesta presidencial es por los más populares y no los mejor preparados, aplicando una vez más el mandamiento obradorista: “90% honestidad y 10% de experiencia”. Es decir, “lealtad a ciegas# complicidad, bajo otra de sus premisas: “Entre más nivel académico, más ignorancia”.
Además, al ser propuestos por los partidos, los nuevos funcionarios del Poder Judicial estarían representando los intereses de los grupos políticos o fácticos que los impulsen y la autonomía quedaría en entredicho, así como, la independencia judicial e imparcialidad en el acceso a la justicia para los ciudadanos.
En este contexto, las postulaciones atenderán las preferencias personales del Presidente y la composición electoral que en su momento tenga el Congreso de la Unión. Serán, perfiles cercanos a ellos, en lo personal, lo ideológico, lo profesional o lo gremial. Un gran retroceso para México donde la impartición de justicia es una deuda ancestral y los índices de impunidad son superiores al 98%.
López Obrador estrenó su sexenio con la consulta, de dudosa solidez metodológica, “México Decide” para cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. El “pueblo sabio” lo apoyo y la #4T hundió uno de los grandes proyectos del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Al cierre de su administración le receta otra encuesta al “pueblo sabio”, sin hacer pública la metodología, para legitimar una decisión tomada: someter al Poder Judicial al Ejecutivo y que no le vengan con “la Ley es la Ley” pues dijo que su autoridad “moral” está por encima de la ley. Casi como afirmó Luis XIV en 1655: “El Estado soy YO”.
Manipular de esta burda manera la toma de decisiones polarizará, aún más, a México. Eludir los costos políticos y endosárselos al “pueblo sabio” es una salida demagógica que socava la democracia participativa. Como dice Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, “Es la polarización del pueblo bueno y el pueblo malo”.
Sus efectos ya se resienten en los mercados económicos y financieros, que ven con desconfianza la reforma por la falta de certeza jurídica para las inversiones. En respuesta, AMLO dijo: “La justicia está por encima de los mercados” y entonces el peso sigue en la Montaña Rusa.
Así las cosas, la decisión final de la aprobación de la reforma al Poder Judicial queda en manos del Congreso y Claudia Sheinbaum, pues a su gobierno le tocará la instrumentación del proceso. Salvó que en el Senado no alcancen la mayoría calificada. Esperanza inútil si tomamos en cuenta que Adán Augusto, coordinará la bancada morenista y Ricardo Monreal tomará el control en Cámara de Diputados, como se acordó antes de la elección.
