La violencia desatada por el crimen organizado pone en riesgo las elecciones
Miguel Ángel Rivera martes 14, May 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Después de reiteradas protestas por la inacción del gobierno federal para contener o combatir la violencia vinculada con el proceso electoral, la candidata presidencial del bloque opositor Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz, puso de relieve el peligro de que la influencia del crimen organizado altere los resultados de las votaciones del venidero 2 de junio.
A dos semanas para la jornada electoral, Gálvez convocó a sus militantes hombres a cuidar las casillas el 2 de junio, pues aseguró que su coalición tiene problemas para tener representantes suficientes por la inseguridad en varias zonas del país.
“Aquí tienen mujeres valientes, pero yo quiero a los hombres valientes de Nayarit que nos ayuden a defender la elección, que nos ayuden a ser representantes de casilla, que nos ayuden el 2 de junio a defender nuestra victoria porque no van a querer reconocerla. Así es que tenemos que cubrir todas las casillas”, dijo la aspirante presidencial durante su gira por el estado.
Antes, en reunión con empresarios de Nuevo León, la candidata presidencial opositora, afirmó que el 35 por ciento del país está dominado por el crimen organizado y hay comunidades en donde no pueden ingresar más que los propios criminales.
Recordó que originalmente esa estimación la dio a conocer el Comando Norte de Estados Unidos hace un par de años, en donde ellos aseguran, después de un análisis, que el 35 por ciento del territorio está ocupado por el crimen organizado”, subrayó.
La alerta de Gálvez no es la primera ni la única relativa al riesgo de que la influencia de las organizaciones criminales altere la decisión de los ciudadanos mexicanos respecto de quiénes serán sus gobernantes en los próximos trienio y sexenio.
Por ejemplo, las organizaciones Data Cívica, México Evalúa y Animal Político presentaron un estudio acerca de la violencia político-criminal en México, que analiza datos recopilados durante seis años, con dos procesos electorales de por medio (2018 y 2021), y propone medidas que aún podrían adoptarse en 2024.
El estudio titulado Democracia vulnerada: el crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México advierte que el asesinato de aspirantes a cargos de elección popular es sólo una cara (la más visible) de la violencia política-criminal, pero no es la única, precisa que el asedio del crimen organizado repercute en la integridad del proceso electoral, en la sustitución de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, en la participación ciudadana y en la competencia política.
El análisis concluye que la violencia político-criminal en México no sólo afecta a partidos y aspirantes, sino que afecta la participación política de las personas, vulnerando su derecho fundamental a la democracia.
Pero no sólo eso. El estudio también pone en evidencia la ausencia de las autoridades para evitar o contener esa ilegal presión sobre los actores políticos y, en general, en agravio de todos los ciudadanos, pues denuncia “el vínculo entre crimen y autoridades”.
El estudio que forma parte del proyecto “Votar entre balas: entendiendo la violencia político-criminal en México”, advierte que la presión criminal indica que el crimen organizado no solo busca incidir en las elecciones, sino también capturar el aparato estatal.
La investigación coordinada por la especialista Sandra Ley, con bases de datos recopilados por Data Cívica de 2018 a la fecha, indica que el aumento de los ataques a candidatos, autoridades electas y funcionarios municipales sugieren que se están afianzando o recreando redes de control sobre la política local, como parte de un fenómeno más amplio de gobernanza criminal.
“Si bien la violencia político-criminal nos preocupa aún más en época electoral, ésta no para tras la celebración de elecciones. Nuestros análisis muestran que nuestra atención y preocupación por este tipo de ataques deben ir más allá de los procesos electorales”, destaca el estudio.
Las bases de datos de Data Cívica y el Programa de Seguridad de México Evalúa registran seis tipos de agresiones: asesinatos, atentados, amenazas, secuestros, desapariciones y ataques armados que dejaron víctimas letales, sobre todo en los sectores que agrupan a autoridades electas, personas candidatas y militantes de partidos políticos, personas funcionarias de la administración pública, fuerzas de seguridad atacadas de manera directa y no en un enfrentamiento, familiares de los grupos anteriores, personas que ocuparon un cargo público o candidatura y siguen activas políticamente. Esto, además de ataques armados contra instalaciones gubernamentales o partidistas.
López Obrador le resta importancia a la violencia, “es un refrito”, sostiene
Lo que seguramente más le molesta al gobierno de la llamada Cuarta Transformación es, precisamente, que las denuncias acerca del amplio territorio controlado por las organizaciones criminales las sostienen agencias extranjeras, en particular de los Estados Unidos, nación desde la que han exigido a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador mayor energía en contra de los cárteles del narcotráfico.
Hace unos cuantos días, la Agencia para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), dio a conocer un reporte en el que sostiene: “Los cárteles de Sinaloa y Jalisco han causado la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos” y agrega que los grupos criminales de México “han eliminado a su competencia” y ya tienen presencia en los 50 Estados de la Unión Americana.
De acuerdo con tal informe, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya se ha extendido a otros delitos. Advirtió que esta estructura comandada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, también ha cometido extorsión contra productores de aguacate y agave, a migrantes y a funcionarios penitenciarios.
“Operan largas cadenas mundiales de suministro, desde los precursores químicos hasta instalaciones de producción, y dirigen una compleja red de cómplices que incluye a navieras internacionales, transportistas en ambos lados de la frontera, funcionarios corruptos, constructores de túneles, empresas fachada, testaferros que blanquean el dinero y otros”, advierte la agencia en el informe.
Según la investigación, también exige “impuestos” a traficantes de migrantes para que circulen por los territorios bajo control del CJNG.
El reporte de la DEA señala al CJNG como una de las dos organizaciones criminales mexicanas más poderosas del mundo, con presencia en 40 países y está vinculado a miles de muertes por sobredosis de droga y advierte que el poder financiero de este cártel es usado para incrementar la producción de drogas y abrirse mercado en Japón, Australia y Europa.
Por cierto, el informe de la DEA no sólo culpa a México, también señala a China como responsable de esta cadena, ya que las organizaciones criminales dependen de las empresas químicas y de las prensas de pastillas de China para que les suministren los precursores químicos y los materiales necesarios para fabricar las drogas.
Además, los cárteles utilizan organizaciones chinas de lavado de dinero para trasladar sus ganancias de Estados Unidos a México.
“Las organizaciones de narcotráfico con sede en México y América del Sur están utilizando cada vez más los sistemas bancarios clandestinos con sede en China como su principal mecanismo de lavado de dinero”, asegura la DEA.
No obstante este reparto de culpas por cuenta de la DEA, el inquilino de Palacio Nacional se mostró disgustado y en su conferencia mañanera sostuvo ¡que el informe de la DEA no es algo nuevo sino que es un “refrito”, pues hace años que esto ocurrió.
Como siempre, López Obrador lanzó la culpa a los anteriores gobiernos nacionales. Indicó que el crecimiento de los cárteles del narcotráfico empezó en los tiempos de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
El político tabasqueño sostuvo que “ayudamos y cooperamos con Estados Unidos, pero nuestro deber es garantizar paz y tranquilidad en México. Por razones humanitarias ayudamos en todo lo relacionado con el combate al narcotráfico, pero ellos tienen que hacer su tarea, porque el principal problema en Estados Unidos, es la pandemia del consumo del fentanilo”.
