También trabajadores del gobierno piden amparo contra confiscación de sus ahorros
Miguel Ángel Rivera viernes 3, May 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Lo que se esperaba: ya se presentó la primera solicitud de amparo contra el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar, en particular contra la confiscación de los depósitos de trabajadores mayores de 70 años, que significan una cantidad superior a los 40 mil millones de pesos.
Esto significa que, para no variar, quedan enfrentados nuevamente los poderes federales Judicial y Ejecutivo, pues el segundo tendrá que determinar si es válido el decreto que crea el referido Fondo de Pensiones del Bienestar.
También queda en medio del conflicto el Poder Legislativo, pues las dos cámaras del Congreso de la Unión aprobaron las reformas que “autorizan” al Ejecutivo federal a apoderarse de los fondos no reclamados por los trabajadores mayores de 70 años o por sus herederos.
Los especialistas no afiliados a la llamada cuarta transformación consideran que el decomiso de esos recursos es inconstitucional, pues se trata de bienes privados que se transfieren al gobierno sin la autorización de sus legítimos propietarios que, efectivamente, durante años ahorraron ese dinero que se depositó en las administradoras del ahorro para el retiro (Afores).
El hecho es que, a unas horas de que López Obrador firmó el decreto que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar, ya se presentó la primera inconformidad ante los juzgados federales.
Los abogados Rodolfo Martínez y Sandra Minerva, de la firma Trusan & Roma Abogados, presentaron en el Palacio de Justicia Federal, en San Lázaro, la demanda de garantías que contiene la firma de 727 personas que impugnan las reformas.
Lo que, en apariencia, resulta peor para el Ejecutivo es que, según el abogado Rodolfo Martínez este primer amparo es promovido por personas del sector privado, pero también del sector público, es decir, servidores públicos en diversas dependencias del gobierno federal. Los dos grupos reclaman que la reforma aprobada por los legisladores del oficialismo despoja a particulares sin que se justifique legalmente la expropiación.
“Por tanto, esta reforma es inconstitucional, toda vez que es retroactiva y además vulnera el principio de seguridad jurídica”, expresó el jurista.
Martínez anticipó que en los próximos días promoverán otros amparos colectivos de trabajadores de otras dependencias del sector público, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de la Comisión Nacional Bancaria, de la Guardia Nacional (GN y del Instituto Nacional Electoral (INE).
La reforma combatida establece que, en caso de que los recursos decomisados por el gobierno no hubiesen sido aplicados para otorgar créditos a favor de los trabajadores, serán transferidos al PENSIONISSSTE, las Administradoras o Aseguradoras para la contratación de la Pensión correspondiente o su entrega en una sola exhibición, según proceda. Sin embargo, los inconformes insisten en que los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda son propiedad imprescriptible de los trabajadores.
En su defensa de su reforma, el inquilino de Palacio Nacional ha insistido en que, en todo momento, los trabajadores o sus herederos pueden recuperar los recursos que serán trasladados al Fondo de Pensiones para el Bienestar y que, mientras tanto, el dinero servirá para mejorar el monto de la jubilación de otros trabajadores, en especial los que ganan hasta 17 mil pesos mensuales.
Los críticos sostienen que es falso, pues de acuerdo con los propios cálculos del gobierno federal, los 40 mil millones expropiados no son suficientes para cumplir con las metas propuestas. De conformidad con esas estimaciones, para su funcionamiento durante los primeros diez años, el Fondo de Pensiones para el Bienestar requiere de 130 mil millones de pesos, sin que hasta ahora se explique de dónde saldrán.
En consecuencia, se denuncia que, además, de despojar a los trabajadores de sus ahorros de toda la vida, el organismo burocrático que se propone crear el gobierno de López Obrador sólo sirve de pantalla para una acción con fines electorales, pues López Obrador la da a conocer a un mes de las elecciones federales.
Las madres buscadoras, alejadas de Palacio Nacional
Por más que ha procurado ser recibida por López Obrador, para hacerle llegar las demandas de las denominadas madres buscadoras que por toda la República tratan de localizar a sus familiares desaparecidos, la lideresa del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, está cada vez más lejos de su objetivo, pues el inquilino de Palacio Nacional la ha sumado a la lista de sus rivales.
En su conferencia mañanera de ayer jueves, acompañado por el jefe interino de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, el político tabasqueño desvirtuó denuncias acerca de la ubicación de un crematorio clandestino en terrenos de la alcaldía Iztapalapa.
Los mandatarios federal y local aseguraron que no existía tal crematorio y que los restos allí encontrados no eran de humanos.
Pero lo más grave es que, nuevamente, López Obrador recurrió a uno de sus pretextos favoritos, acusar a los inconformes de participar en conjuras para dañar a su gobierno.
Ceci Flores cuestionó la velocidad con la que autoridades de la Ciudad de México resolvieron que los restos óseos hallados en un predio de la alcaldía Iztapalapa no son humanos.
El político de Macuspana señaló que las activistas que reportaron el hallazgo, entre ellas Cecilia Flores, pertenecen al grupo opositor que está en contra de su gobierno.
“Vinieron de Sonora, de Chihuahua, personas que no nos quieren y pertenecen al bloque conservador. Desde luego defienden causas muy justas, ¿Quién va a estar en contra de buscar a un ser querido?, pero a veces se trafica con el dolor humano”, comentó el líder y guía de la llamada Cuarta Transformación.
“No se debe administrar la desgracia, no se debe traficar con el dolor humano”, añadió el jefe de campaña de la candidata presidencial del oficialismo, al recurrir al sentimentalismo de los electores.
Pero si se trata de sentimentalismo, resultan más impactantes las declaraciones de la madre buscadora que ha acreditado su esfuerzo con la localización de numerosas fosas clandestinas.
En un mensaje publicado en su cuenta en ‘X’, la lideresa publicó una imagen donde aparece un cráneo presuntamente humano y explicó: “no somos expertos, pero conocemos los crematorios”.
“Llevo 1 mes, 11 días y 7 horas esperando que me digan si este cráneo que encontré es de mi hijo. Lo voy a traer a la CDMX porque aquí lo pueden resolver en menos de una hora”, expuso también la madre buscadora al poner de relieve la velocidad con la que operaron en este caso las autoridades capitalinas, que no siempre atienden denuncias con tanta prisa.
El reciente 30 de abril, Ceci Flores reportó que luego de realizar labores de búsqueda se localizó una presunta fosa clandestina en la alcaldía Iztapalapa.
“Encontramos restos humanos en la Ciudad de México, me habían pedido madres Buscadoras que viniera, y sí, hallamos un crematorio clandestino, y lo que hiere más, credenciales del INE de mujeres y libretitas de niños”, escribió en su cuenta.
Luego de la denuncia de Ceci Flores, mediante un operativo especial donde participaron más de 50 agentes de la SSC, Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, informó que los restos encontrados en el paraje no corresponden a personas.
El funcionario interino explicó que personal especializado analizó la zona y realizó varios estudios especializados, con los que se pudo concluir que los restos pertenecían a animales.
“De acuerdo con todos los dictámenes declarados, los catorce restos óseos encontrados en el lugar, son de origen animal y ninguno corresponde a personas”, afirmó.
Pero si de ofertas con fines electorales se trata, es de tomar en cuenta también el anuncio de López Obrador de haber lanzado un decreto mediante el cual se dispensará del Impuesto Sobre la Renta a todos aquellos trabajadores que perciban hasta 9 mil 81 pesos. De acuerdo con las estimaciones oficiales, esta medida beneficiará a 9 millones de trabajadores.
Es de recordar, además, que la candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez anunció el “Día del Trabajo” que, de ganar, eliminaría el impuesto sobre la renta a trabajadores que ganan menos de 15 mil pesos mensuales.
