La liberación de “Don Rodo” evidencia la ineptitud para combatir al crimen
Miguel Ángel Rivera jueves 2, May 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
La captura y liberación inmediata de Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene más características de tragicomedia que de epopeya.
Es más, si no se tratara de un asunto de tanta trascendencia, se puede decir que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador representa una charlotada, pero eso sí más que justificar los errores y omisiones de sus agentes, prefiere acusar y arremeter contra uno de sus “tradicionales enemigos”, el Poder Judicial Federal.
El mencionado “Don Rodo” fue presentado el pasado día 21 de abril como uno de los más poderosos jefes del narcotráfico dentro y fuera del país. Por consiguiente, su captura fue presentada en medios oficiales casi como una proeza.
¿Se acuerdan del “montaje” al que tanto hace referencia el inquilino de Palacio Nacional para demeritar el trabajo del ahora preso en los Estados Unidos exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, para presumir la captura de los integrantes de la banda de Los Zodiaco a la que pertenecía las francesa Florence Cassez, quien fue liberada por sentencia de la Suprema Corte de Justicia, precisamente porque no se cumplió el “debido proceso”. Por cierto, López Obrador ha dado señales de que está a favor de la liberación también del líder de la banda y pareja sentimental de la francesa, Israel Vallarta, precisamente por el incumplimiento del “debido proceso”, pero eso es otra historia).
Pero conforme al principio establecido por su líder y guía, el político de Macuspana de que “no me vengan con que la ley es la ley”, los agentes policiacos (¿militares?) se olvidaron del “debido proceso”, es decir, que para aprehender a un presunto delincuente se debe cumplir un protocolo, pero no ocurrió así.
De manera destacada, se supo posteriormente, los “agentes de la ley” no tenían orden de aprehensión. Supuestamente la captura fue por perseguir un delito en flagrancia, es decir, que llegaron en el momento en que se cometía el crimen.
Desafortunadamente para ellos, a los ojos del juez instructor, las evidencias presentadas no justificaban la aprehensión de quien es supuestamente el operador financiero del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyas ramificaciones, por lo menos, a otras naciones de Centro y Sudamérica.
Allegados al detenido denunciaron abusos, además de presuntos robos, cometidos por los elementos de las Fuerza Federales que realizaron la detención.
Por ello, al no encontrar elementos para su vinculación a proceso, el Juez de Control Rogelio León Díaz Villarreal ordenó y notificó a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, para que se tramite la libertad de Oseguera Cervantes, siempre y cuando no tenga alguna acusación o proceso pendiente.
López Obrador criticó la decisión de liberar a Abraham Oseguera, bajo el argumento de que deja a las instituciones mexicanas en ridículo.
“Nada más que nos dé la oportunidad el Poder Judicial, porque este es un asunto de Estado. ¿Cómo queda México, cómo quedan las instituciones? Aunque se trate del Poder Judicial, aunque se trate de un juez. Es el prestigio de un país, del Estado mexicano, nosotros no podemos ser burla de nadie”, dijo en su conferencia mañanera de este lunes.
Todavía en su conferencia del lunes, el político de Macuspana repitió la defensa. Pidió al Poder Judicial dar tiempo a las autoridades para evitar la liberación de “Don Rodo” y reiteró que se trata de un tema delicado e incluso lo calificó como un “asunto de Estado”.
“La semana pasada estaban defendiendo a los jueces, mañana se les va a informar bien sobre este asunto, pero es un juez del Poder Judicial el que decide dejarlo en libertad, aunque todavía hay trámites que se están realizando porque no queremos actuar de manera precipitada, se trata de un asunto delicado, se tiene información que hay que comprobar de que esta persona tiene antecedentes de haber estado en procesos legales, judiciales, en Estados Unidos”, indicó.
“Imagínense si procedemos a la liger y nos sucede algo parecido a lo que pasó en el sexenio anterior de que un fin de semana dejaron en libertad al señor Caro Quintero, y creo que a la semana viene el reclamo y vuelven a reactivar la orden de aprehensión, nada más que ya no estaba el señor Caro Quintero, ya estaba prófugo.
“Entonces si no hay nada, que nos dé la oportunidad el Poder Judicial porque esto es un asunto de Estado. ¿Cómo queda México? ¿Cómo quedan las instituciones? aunque se trate del Poder Judicial, aunque se trate de un juez, es el prestigio de un país, de la nación, del Estado mexicano. Nosotros no podemos ser burla de nadie”, comentó.
Si el Presidente está inconforme, también lo están todos sus colaboradores. Este caso no es la excepción, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, criticó la liberación inmediata de Abraham Oseguera Cervantes.
En la conferencia mañanera de López Obrador, la secretaria Rodríguez dijo que la liberación de “Don Rodo” se trataba de “un asunto de Estado que podría afectar gravemente el prestigio de las instituciones en México”.
Asimismo, criticó que el hecho de que el juez de Distrito en Almoloya de Juárez, Rogelio León Diaz Villarreal, hubiera permitido el fin de semana pasado la liberación del indicado y subrayó que “no tomó en cuenta las pruebas” que presentó la Fiscalía y no las valoró adecuadamente”.
También afirmó que los videos presentados por la defensa de Abraham Oseguera estaban editados y manipulados.
Por si no fuera suficiente, su subalterno, el subsecretario Luis Rodríguez Bucio, también intentó demeritar la decisión del juez Díaz Villarreal y anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) apelará.
“Tenemos la no vinculación a proceso de Abraham ‘N’, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. Él fue detenido en flagrancia el 21 de abril de este año en Autlán de Navarro por la Guardia Nacional con el apoyo del Ejército mexicano en coordinación con la Fiscalía General de la República en posesión de dos armas, cartuchos, cargadores y más de 2,000 pastillas de fentanilo y dosis de cocaína”, detalló.
Al contrario de lo denunciado por los funcionarios del Ejecutivo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) defendió la decisión del juez. Mediante un comunicado señaló que la captura del presunto criminal no ocurrió de la manera en que informó la Guardia Nacional a la Fiscalía General de la República (FGR).
“Escuchadas las partes, el juzgador determinó no vincular a proceso a la mencionada persona y ordenó su libertad, al considerar que su forma de detención resultó contradictoria a lo expuesto por la autoridad en su Informe Policial, toda vez que, con las pruebas aportadas por la defensa, llegó a la convicción que ésta aconteció en diversas circunstancias”, expuso el comunicado.
De otra parte, la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, comentó en sus redes sociales que la no vinculación a proceso de Oseguera “es una muestra más de la complicidad del gobierno de Morena con el crimen organizado”.
“El Gobierno hizo mal la denuncia para que se integrara mal la carpeta de investigación y el juez no tuviera elementos para dejarlo detenido. Para eso quieren la ley de amnistía, para liberar a los delincuentes a su antojo”, agregó la abanderada de la alianza del PAN, PRI y PRD.
Pero si las críticas verbales resultan lapidarias, todavía más grave resulta para el gobierno federal el hecho de que sus maniobras para demorar la liberación del hermano de “El Mencho” la ocasionarán pagar una multa. Imposible olvidar el dicho popular: “tras de cornudo, apaleado”, que en este caso se aplica al gobierno de la llamada cuarta transformación, así se trate de un organismo “autónomo” como es la Fiscalía General de la República, pero que en la práctica actúa conforme a las indicaciones de Palacio Nacional.
La sanción del gobierno federal por retrasar la liberación del presunto narcotraficantes fue dada a conocer por la propia secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.
En defensa de la actuación de las autoridades dependientes del Ejecutivo federal, la funcionaria explicó que la decisión de no cumplir con el mandato del juez de proceder a la liberación inmediata fue para “cuidar a la población y el prestigio de instituciones”.
