La seguridad, repelida por el gobierno
¬ Luis Ángel García lunes 29, Abr 2024Por la Derecha..!
Luis Ángel García
Está por concluir este fallido sexenio y el Presidente se ve más preocupado por hacer que su candidata y títere llegue a Palacio Nacional para garantizar la continuidad de su proyecto político que por resolver los problemas nacionales para lo que fue electo por 30 millones de ilusos votantes hace seis años. Falló en economía y hereda un país sin crecimiento ni desarrollo, dejó sin servicios de salud a casi 50 millones de mexicanos pobres y abandona Palacio Nacional con un país ensangrentado y muy violento, siempre bajo la sospecha de su connivencia con el crimen organizado.
Tal vez el más deplorable de sus yerros o promesas incumplidas no sea el abandono de los miserables, a quienes engañó con la idea de que los sacaría de sus postración o del estado de pobreza en que se encuentran, sino la falta de seguridad de la sociedad y el abdicar en el tutelaje de la vida y el patrimonio de todos los ciudadanos.
Estamos a un paso de ser calificados como un Estado fallido donde se ha perdido la gobernabilidad y el control de buena parte del territorio nacional, hoy bajo el yugo de las mafias, no sólo de narcotraficantes, sino de huachicoleros, secuestradores, extorsionadores, tratantes de personas, amén de la delincuencia común. Si la pandemia —tratada tardíamente, con soberbia e ignorancia por el sector salud—, dejó más de 800 mil muertos, no es menos desgarrador que esta administración termine con cerca de doscientos mil homicidios dolosos y cien mil desapariciones forzadas, por más que hayan querido maquillar esa dramática realidad. Niegan las imputaciones de organismos internacional que señalan a los agentes del propio estado como autores de esas desapariciones, que califican a México como la nación más peligrosa para ejercer el periodismo o que se incrementa la violación a los derechos humanos y el gobierno es omiso en su vigilancia y vigencia.
Durante este régimen se alentó la impunidad de la delincuencia organizada bajo el cobijo de la política fallida para combatir a los criminales a través de los abrazos y no balazos, lo que propició la sospecha de una connivencia entre mafias y el gobierno al más alto nivel, investigaciones periodísticas nacionales e internacionales dan cuenta del financiamiento de campañas presidenciales como forma de lavar dinero y pactar la complicidad oficial en actividades ilícitas. En los comicios intermedios de 2021 fue evidente la intervención de los narcotraficantes para garantizar el triunfo de los candidatos de la 4T, incluso para llegar a las gubernaturas; se incrementó la violencia política con el asesinato o desaparición de candidatos a cargos de elección popular, el secuestro de aspirantes para obligarlos a retirarse de la contienda, la intimidación de funcionarios electorales, el homicidio de políticos, servidores públicos, policías, jueces, legisladores y presidentes municipales. En la jornada electoral no faltó el robo de urnas, las amenazas para que los ciudadanos no fueran a sufragar o el impedimento para instalar casillas electorales; el propio INE reconoció que habrá secciones en donde no habrá módulos para votar. Tatiana Clouthier reconoció en un programa de radio local que la economía de Sinaloa la mueve el narcotráfico y que lavan dinero mediante el patrocinio de candidaturas.
La gran asignatura pendiente de este gobierno será la seguridad y nos deja al borde de un Estado fallido; pero más allá de la complicidad con el crimen organizado —que debiera ser sancionada penalmente—, es patético que un mandatario esté preocupado y ocupado en imponer a toda costa, inclusive desde la ilegalidad, a un títere que le garantice no solo la continuidad a su populista proyecto político de administrar la pobreza, sino que le dé impunidad.
