Aprueban diputados la iniciativa del Ejecutivo que limita el derecho de amparo
Miguel Ángel Rivera jueves 25, Abr 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Los diputados del bloque oficialista (Morena-PT-PVEM) llegaron con la espada desenvainada para imponer la reforma a la Ley de Amparo y cumplir así la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues les quedan muy pocos días para tratar de limitar las facultades del Poder Judicial y del resto de los organismos autónomos.
La embestida la inició la diputada de Morena Adriana Bustamante Castellanos, integrante de la Comisión de Justicia, a quien correspondió fundamentar la iniciativa de reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de evitar que un amparo concedido contra una norma que se considera inconstitucional tenga aplicación general.
La legisladora de Morena fue elegida para representar a la Comisión de Justicia porque su presidenta, Lizbeth Mata Lozano, del PAN, se excusó por estar en desacuerdo con esa reforma.
Lejos de presentar la iniciativa en forma institucional, la diputada Bustamante Castellanos se lanzó contra la oposición como abanderada de su partido y de la llamada Cuarta Transformación.
De entrada, afirmó que el objetivo de la propuesta presidencial es que “tratándose los juicios de amparo que se resuelvan, temas de inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones (amparos) que se dicten fijarán efectos generales, como actualmente lo hacen.
“Esto, como una medida que permita garantizar el respeto irrestricto de la separación de Poderes y fundamentalmente garantizar el principio de presunción de la constitucionalidad de las leyes que aquí se aprueban.
“Asimismo, deroga la facultad del órgano jurisdiccional de amparo en aquellos casos que excepcionalmente concedía la suspensión, porque a su juicio tenían una negativa de la medida suspensional (sic) que pudiera causar mayor afectación al interés social, que principalmente eran determinados por el interés económico y nunca social”.
A partir de allí, la legisladora “morena” arremetió contra la oposición:
“Quiero decirle al pueblo de México, que no crea las mentiras de la oposición. El proyecto que hoy se presenta no busca limitar, ni reducir o restringir el efecto protector y garantista del juicio de amparo, justo porque el juicio de amparo es el recurso judicial más efectivo y más protector con el que cuentan las y los ciudadanos para defenderse de los actos de la autoridad que consideran excesivos o arbitrarios.
“Sin embargo, las disposiciones vigentes que hoy se encuentran en el centro de la discusión, le han otorgado al Poder Judicial, resolver bajo un criterio unipersonal, una potestad discrecional, que al no estar reglamentada le ha otorgado una cuota excesiva de poder que ya no obra sólo como un contrapeso natural…”
Esto desató las protestas entre las bancadas del bloque opositor (PAN-PRI-PRD, a los que esta vez se sumó MC), al grado que la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del PRD, presentó una moción de orden.
Sorprendida, la presidenta de la Cámara, la priista Marcela Guerra Castillo, le respondió que no había desorden en el salón de sesiones.
La perredista aclaró: “Sí es de orden, presidenta, porque, a pesar de que no hay desorden, la compañera diputada está haciendo la fundamentación por parte de la comisión. No tiene nada que ver su opinión o su voto o su grupo parlamentario con la fundamentación institucional de la comisión.
“Por lo tanto, la presentación del presente dictamen que se va a poner a discusión ante el pleno tiene que ser de manera institucional. Si la diputada quiere hacer un posicionamiento político al respecto del razonamiento de su voto, hay otro espacio que puede ser por grupo parlamentario mediante una reserva.
“Yo le pido con todo respeto a la diputada que está presentando, que no es la presidenta de la comisión, sino es una compañera que es parte de la comisión, actúe de manera institucional ante este pleno y que lo que tenga que ver con su posicionamiento como diputada o como fracción parlamentaria lo haga en el tiempo correspondiente”.
La respuesta de la presidenta fue institucional, pues no se atrevió a reprender a la oradora, simplemente ordenó que la moción de orden quedara asentada en el Diario de los Debates.
No obstante, los legisladores oficialistas aprovecharon para lanzar una nueva andanada contra la oposición, con el argumento de defender la libertad de expresión de su compañera. En esta posición se distinguieron el ex priista Juan Ramiro Robledo y el legislador del partido satélite PT Benjamín Robles Montoya.
Les enmendó la plana el panista Jorge Triana Tena, quien advirtió:
“Si bien es cierto, nadie puede conculcar el derecho que tiene la diputada a expresarse libremente en la tribuna, esto hay que dejarlo claro, también es cierto que la fundamentación, como su nombre lo dice, es una fundamentación del dictamen, no es una fundamentación de la posición de su partido, de su grupo parlamentario o de su persona. La persona que fundamenta el dictamen, no importa que sea presidenta o no de la comisión, secretaria o no de la comisión, no importa el rol que juegue en esta comisión, tiene que hablar a nombre de las y los integrantes de la comisión. Y las y los integrantes de la comisión son la pluralidad, son expresiones diferentes. Más aún cuando se trata de un dictamen que fue votado de manera disímbola”.
Otra vez, salomónica, Marcela Guerra dispuso que ese breve debate quedara asentado en el Diario de los Debates y continuar el proceso para revisar la iniciativa del inquilino de Palacio Nacional.
Si la forma de presentar la iniciativa desató el enfrentamiento, más se intensificó cuando se entró a la revisión del dictamen.
De entrada, al presentar una moción suspensiva, el diputado del PAN Francisco Javier Huacus Esquivel puso el debate en sus términos:
“Nuestro sistema jurídico ha brillado a nivel mundial por las garantías que protege y la forma en la que los y las gobernados pueden protegerse de actos arbitrarios de autoridades, tanto federales, estatales y municipales. El juicio de amparo es el instrumento jurídico por naturaleza, que permite la defensa de las y los gobernados, convirtiéndose en el mecanismo más importante para garantizar los derechos humanos. Además, es un recurso jurídico netamente mexicano.
“Este legado de Mariano Otero hoy lo quieren destruir. Pretende eliminar la protección del gobernado planteando una reforma que es inconstitucional y que la Suprema Corte de Justicia seguramente o sancionará de esa manera y la dejarán sin efectos. Con la reforma que pretenden aprobar violentarán el artículo 1o. del principio de progresividad de los derechos humanos, los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución, artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Segundo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Hoy, este gobierno tiránico vulnera el sistema de protección que rige la vida de los Estados Unidos Mexicanos. Para los que no saben, nuestro país está sustentado en una división de Poderes con pesos y contrapesos y que ustedes han convertido lastimosamente a este Poder Legislativo en una simple oficialía de partes del Ejecutivo federal. Solicitamos que esta iniciativa se regrese a comisiones para que se haga un análisis a detalle, donde se determine su constitucionalidad o no, que permita analizar sus alcances y la afectación que tendrá sobre las garantías constitucionales.
“Esta iniciativa nos pone a un paso de la tiranía donde las y los mexicanos no podamos defendernos de actos arbitrarios de la autoridad, o leyes que lesionen nuestros derechos. Están eliminando las garantías individuales de los ciudadanos, básicamente su gobierno quiere que el el pueblo no se queje, que el pueblo no levante la voz, porque si el gobierno no te da tus medicamentos contra el cáncer, ya no podrás ampararte; porque si el gobierno destruye zonas protegidas para sus proyectos, ya no podrás ampararte; porque si alguna autoridad te detiene y eres inocente, ya no podrás ampararte, prácticamente están eliminando la única herramienta que sirve como protección instantánea y temporal a nuestros derechos”.
Como siempre, la mayoría oficialista impuso su número. La reforma quedó aprobada, con rechazo de todas las inconformidades de la oposición.
