Los bloqueos de grupos armados en la vía pública no asustan a Sheinbaum
Miguel Ángel Rivera miércoles 24, Abr 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Si ella no se alarmó, fuimos muchos los que nos preocupamos por el grave riesgo que implicó para el país el hecho de que la comitiva de la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum Pardo, fuese interceptada en una carretera por un grupo de individuos armados.
Si ese suceso no fue grave, entonces no sabemos qué significa grave para la abanderada de la coalición Seguimos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM).
Esto porque según videos difundidos por testigos, la candidata se atrevió a sonreír cuando se acercaron a su transporte los enmascarados y, sobre todo, porque después de ese delicado episodio, todavía sostiene la falacia de que estamos mejor que nunca y de que ha disminuido radicalmente la violencia.
Esta demasiado optimista visión surgió cuando la abanderada del oficialismo defendió la prisión preventiva oficiosa (PPS), el recurso violatorio de los derechos humanos que el gobierno de la llamada cuarta transformación ha ampliado cada vez más, supuestamente para evitar que escapen delincuentes peligrosos, pero que sus críticos sostienen que se ha utilizado para mandar a prisión a enemigos del régimen.
El hecho es que, con esta medida se mantiene en la cárcel a miles de personas a las que no se les ha reconocido el derecho constitucional de ser inocentes y conservarse en libertad mientras un juez no las declare culpables.
Eso es lo que se llama la presunción de inocencia, la cual se considera violada con la prisión preventiva oficiosa, por las comisiones Internacional y Nacional de los Derechos Humanos, así como de parte de legisladores que se opusieron a que fuera aprobada y, luego, ampliada.
En respuesta a las demandas de los defensores de derechos humanos y de los legisladores de oposición, ha trascendido que en la Suprema Corte de Justicia ya está lista una ponencia que declara inconstitucinal la PPO y que será presentada ante el pleno en breve.
De hecho la alarma fue encendida desde el Poder Ejecutivo. El presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo la considera positiva, sino que pretende ampliarla para aplicarla a más delitos. Apenas el reciente 6 de febrero, como parte del paquete de reformas que envió al Congreso de la Unión incluyó la iniciativa de ampliar la lista de delitos que ameriten el uso de la prisión preventiva oficiosa o “prisión automática”.
“La presente iniciativa tiene por objeto establecer prisión preventiva oficiosa en los casos de extorsión, narcomenudeo, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados, así como en los de defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en los términos fijados por la ley”, señala el proyecto de reforma del presidente al artículo 19 constitucional, parte de su paquete de iniciativas que contemplan 18 reformas constitucionales y 2 legales.
Le siguió la inexperta secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Lujàn, quien en la conferencia mañanera del reciente día 18 advirtió que eliminar la prisión preventiva oficiosa es “una amenaza a la seguridad nacional”.
La funcionaria advirtió que eliminar la PPO significaría “una afectación irreparable a los derechos de las víctimas”, “una extrema vulnerabilidad al personal policial, de las fiscalías, de los juzgadores y de los testigos”, y “la saturación del sistema de justicia”.
La joven funcionaria intentó asustar al indicar que al cancelarse ese recurso, quedarían en libertad alrededor de 60 mil presuntos delincuentes, con lo cual se elevarían los niveles de inseguridad en el país.
La PPO llena prisiones, pero no resuelve el problema de fondo
Decidida a continuar con las mismas políticas de su jefe de campaña, López Obrador, la candidata presidencial retomó esas cifras y argumentos.
Desde Altamira, Tamaulipas, Sheinbaum sentenció:
“Lo que puede resultar gravísimo para el país, es esta decisión (declarar inválida la PPO). No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, sería bueno saber qué opinan frente a esta decisión que podría tomar el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, salgan 60 mil delincuentes salieran a la calle. Es gravísimo, si toma esa decisión la Suprema Corte, regresaríamos de nuevo a los niveles más altos de inseguridad”.
Las preocupaciones en las filas de la llamada Cuarta Transformación parecen más que justificadas, pues la PPO no tiene mucho respaldo en el Poder Judicial.
De hecho, en noviembre de 2022, el pleno de la Suprema Corte declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, así como para los demás delitos relacionados a comprobantes fiscales.
La Suprema Corte invalidó el artículo 167 párrafo séptimo del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 5 fracción XIII de la Ley de Seguridad Nacional, donde el contrabando y la defraudación fiscal se consideraban “amenazas a la seguridad nacional”.
El ministro Javier Laynez consideró inconstitucional la denominación al igual que la ministra Norma Piña, quien afirmó que “no cualquier actividad delictiva que afecte a la sociedad puede ser catalogada como amenaza a la seguridad nacional”.
Sin embargo, los ministros rechazaron cambiar la parte de la ley que considera obligatorio aplicar la prisión preventiva oficiosa en caso de otros delitos considerados peligrosos.
El ministro ponente, Luis María Aguilar propuso que los casos se analizaran de forma individual para que los jueces otorgaran prisión preventiva oficiosa cuando amerite, en lugar de ser impuesta de manera inmediata y obligatoria como indica el artículo 19 de la Constitución.
El presidente del máximo tribunal Arturo Zaldívar y los ministros Jorge Pardo, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz y Javier Laynez votaron en contra de esta propuesta, ya que “podría causar confusión con la prisión preventiva justificada”.
De cualquier forma quedó constancia de que la PPO no tiene aceptación total en medios judiciales y por ello ahora en los medios oficiales se teme que ese recurso sea declarado inválido.
Un vecino nos vigila
Durante su gira de ayer, Sheinbaum Pardo también expresó su desacuerdo por el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en México.
En cambio, la abanderada de la llamada Cuarta Transformación comentó que esa dependencia estadounidense debería opinar acerca de la prisión preventiva oficiosa, porque “es gravísimo que puedan salir 60 mil delincuentes a la calle”.
Repitió la presunción del actual gobierno federal y de ella misma en el sentido de que se han reducido los índices de delitos violentos y la impunidad en el país. “Tamaulipas es prueba de que el modelo cambió, pasamos de la guerra contra el narco a la construcción de la paz. Esa es la gran diferencia”.
Indicó que “en la construcción de la paz hay que seguir avanzando en la disminución de la impunidad y para ello no solamente es un asunto del Ejecutivo, es de las fiscalías y del Poder Judicial, que es quien otorga las órdenes de aprehensión y de cateo”.
El informe del gobierno de los Estados Unidos que descalificó la candidata “morena” es un reporte acerca de los derechos humanos en México, en el cual el país vecino denunció que México dejó sin investigar ni enjuiciar la mayoría de casos criminales como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, por lo que los niveles de violencia y explotación en el país se mantuvieron altos.
El informe estadounidense señala entre los principales problemas del país en materia humanitaria a los homicidios, la tortura, las detenciones arbitrarias, el narcotráfico, la violencia de género y la violencia contra el colectivo LGTBIQ+, entre otros aspectos.
La publicación concluye que no ha habido “cambios significativos” en la situación de derechos humanos en México y específica que, en muchas partes del país, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan actuando con connivencia con las autoridades locales.
