Reporta Estados Unidos que México deja sin enjuiciar casos de homicidio, secuestro, extorsión y trata de personas

Informe anual sobre derechos humanos

• “Hay disimulo de autoridades locales”

Estados Unidos denunció que México deja sin investigar ni enjuiciar la mayoría de casos criminales como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, por lo que los niveles de violencia y explotación en el país se mantuvieron altos.

En su informe anual de derechos humanos, Estados Unidos señala que México dejó sin investigar ni enjuiciar la mayoría de casos criminales como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, por lo que los niveles de violencia y explotación en el país se mantuvieron altos.

Cada año, desde 1977, el Departamento de Estado de Estados Unidos emite un informe detallado sobre la situación de los derechos humanos en una gran parte de los países del mundo. Para este 2023, concluyó que “no hubo cambios significativos en la situación de derechos humanos en México durante el año” y específica que, en muchas partes del país, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan actuando con connivencia con las autoridades locales.

El reporte del Departamento de Estad, en esta edición, sitúa entre los principales problemas del país en materia humanitaria a los homicidios, la tortura, las detenciones arbitrarias, el narcotráfico, la violencia de género y la violencia contra el colectivo LGTBIQ+, entre otros aspectos.

De hecho, organizaciones internacionales y medios de comunicación informaron de casos de persecución a migrantes y solicitantes de asilo por parte de grupos delictivos y en algunos casos también por parte de la policía, funcionarios de inmigración y agentes de aduanas.

Por otro lado, el informe destaca que la libertad de expresión padece “serias restricciones” en el país porque durante el año continuó “el descrédito oficial” a los periodistas, ya que diferentes políticos, los desacreditaron y criticaron públicamente por “parciales, partidistas y corruptos”.

Las acusaciones de abusos sexuales cometidos por las autoridades durante detenciones y encarcelamientos es otro de los temas expuestos en el texto, en el que se resalta el hecho de que el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres cuente con nuevas directrices desde marzo de 2023.

Una de las alabanzas que recoge el informe en este ámbito es la detención por parte de las autoridades del exdirector de la policía judicial de Puebla, Adolfo Karam, acusado de torturar a la popular periodista Lydia Cacho, por poner al descubierto en 2005 la implicación del exgobernador de dicho estado, Mario Marín, en una red de trata sexual de menores.

Aunque el reporte puntualiza que, en general, el Gobierno tomó medidas para “identificar y castigar” a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos, también recoge las denuncias de algunas ONG que trabajan en el terreno y que aseguran descréditos a su trabajo por parte de autoridades mexicanas.

Dentro del documento se detalla que, en general, el gobierno hace cumplir la ley, pero “hay numerosos informes de corrupción gubernamental”. Uno de los casos referidos en el reporte es el de Segalmex, un organismo que buscaría garantizar el abasto de alimentos. Reportes periodísticos y de la Auditoría Superior de la Federación encontraron irregularidades por al menos 9 mil 500 millones de pesos.

Por la investigación de presunto fraude, hay al menos 87 personas involucradas con 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República.  Sin embargo, aún no hay ninguna sentencia.