Presunción de inocencia
Freddy Sánchez martes 23, Abr 2024Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Controversia, confrontación o zafarrancho: qué estamos viendo entre Arturo Zaldívar y Norma Piña.
Sea lo que fuere es de subrayar la importancia acerca de que quienes actúan como juzgadores es imperativo que al actuar prevalezca la legalidad, imparcialidad y autonomía en sus juicios. Porque es más que evidente que pudiendo existir intereses personales a la hora de juzgar la balanza de la justicia se puede inclinar de un solo lado.
Y la sola posibilidad de que así pudiera suceder hace menester que los encargados de administrar justicia no tengan vínculos de ninguna clase con sujetos a juicio o que ellos mismos pudieran ser jueces y partes al mismo tiempo en un proceso legal a resolverse en una instancia competente.
De ahí que en torno a la investigación que conforme a la norma se debe practicar sobre las actividades del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, lo primero es que no exista la menor duda de la legalidad del procedimiento a realizarse por la propia institución.
De tal suerte que, con absoluto apego a las disposiciones legales vigentes, el siguiente paso debe consistir en evitar la politización del asunto a efecto de que se actúe conforme a derecho. Por tal motivo es preciso que si existen elementos que lo demuestren, el ex presidente de la Corte debe ser sancionado sin importar sus actuales ligas con la Cuarta Transformación, pero tampoco incidir en proceder en su contra solamente por haber dejado la administración de la justicia para dedicarse a la política.
La cuestión a dilucidar legalmente es si Arturo Zaldívar incurrió en violaciones a la ley siendo presidente de la Suprema Corte recurriendo a presionar a magistrados y jueces por sí o por interpósita persona para complacer al gobierno de Andrés Manuel en asuntos legales de su interés o bien para conseguir beneficios económicos a su favor.
Es necesario, entonces, que las investigaciones acrediten pruebas irrefutables de la culpabilidad o inocencia del sujeto a investigación para que, cumpliendo con las formalidades en el procedimiento indagatorio, se emita un dictamen legal y se actúe como corresponda.
Para tal fin es preciso que la administración de la justicia, en este caso, no deje lugar a dudas sobre su imparcialidad y autonomía ignorando cualquier afán político de dictar una resolución a favor o en contra de los intereses del gobierno de Andrés Manuel.
O sea abstenerse de hacer justamente aquello de lo que denuncias anónimas se encargaron de incriminar a Arturo Zaldívar, a quien sus defensores parecen intentar dejarlo a salvo de acciones legales contra su persona, recurriendo a señalar a la presidenta de la Corte como parte de una maniobra política para perjudicar a su antecesor.
Un supuesto que incluso ha dado lugar al propósito de llevar a juicio político a Norma Piña, con una serie de gestiones en proceso por conducto de Morena y sus aliados. Porque como dice un dicho: “La mejor defensa es el ataque”.
Así que todo indica que del mismo modo que hay una indagatoria para esclarecer si Zaldívar cometió alguna clase de delitos en el ejercicio de sus funciones como presidente de la SCJN, lo mismo se pretende hacer respecto a la actual ministra presidenta de la Corte.
La segunda mencionada como supuesta aliada de la oposición y su antecesor en calidad de activo actor político en la filas de Morena. Y en ambos casos según parece descartando su presunción de inocencia.
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