Muy cerca de su final, la 4T envuelta en una lucha por tráfico de influencias
Miguel Ángel Rivera miércoles 17, Abr 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En verdad, el actual proceso electoral en nuestro país tiene muchos aspectos inusitados y, entre ellos, seguramente será la posibilidad de que un presidente de la Suprema Corte de Justicia sea sometido a un juicio político.
En este caso aparece “en capilla” la ministra Norma Lucía Piña Hernández, acusada por su antecesor al frente del máximo tribunal del país, el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien dejó anticipadamente su cargo para incorporarse al equipo de campaña de la candidata presidencial oficialista, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Ampliamente censurado por ese salto, pues no hay antecedentes de ministros del tribunal constitucional que hayan dejado su alto sitial para ensuciar su plumaje en el lodazal que se presume es la lucha política.
Muy pronto descubrió Zaldívar la diferencia entre el racional y sensato trabajo de aplicar la ley y la lucha callejera en la cual es más importante descalificar y eventualmente inmovilizar a los opositores que dejar constancia de las prendas personales.
Así, Zaldívar se sorprendió por el terrible “descontón” de que toda su larga y laureada trayectoria por el ejercicio del Derecho y por el Poder Judicial quedaba en entredicho, si no es que definitivamente devaluada.
Esto porque una denuncia anónima lo ubicó como violador de uno de los principios fundamentales para la buena marcha de la judicatura: la independencia o autonomía de los juzgadores.
De acuerdo con las denuncias, pues parece que fueron varias las intromisiones del ex presidente de la Suprema Corte en sentencias de jueces y magistrados.
Lo peor para Zaldívar es que las sospechas de injerencia en sentencias se confirmaron desde un sitio inesperado: Palacio Nacional.
A pesar del pregonado gran aprecio que le tiene el titular del Ejecutivo federal, al grado que maniobró para conseguirle un periodo adicional de dos años al frente de la Suprema Corte de Justicia —a pesar de que la Constitución establece claramente que el mandato del presidente del máximo tribunal no puede extenderse más allá de cuatro años— porque en su opinión Zaldívar era el único capaz de asegurar una reforma que corrigiera las desviaciones en las que han incurrido jueces, magistrados y ministros al poner al Poder Judicial Federal al servicio de privilegiados de los anteriores gobiernos “conservadores” y “neoliberales”.
Pero lo que se supone fueron encendidos elogios se convirtieron en denuncias, pues dejaron al descubierto que el encomiado presidente de la Suprema Corte “transmitió” recomendaciones a los jueces y magistrados encargados de atender demandas de gran interés para el Ejecutivo federal.
“No me ayudes, compadre”, debe decir Zaldívar
“Todavía cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Corte, había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de este tipo (como la liberación de Emilio Lozoya) nosotros respetuosamente interveníamos”, afirmó AMLO durante su conferencia mañanera del miércoles 21 de febrero.
El político tabasqueño dijo que se acercaban a Zaldívar “respetando las autonomías, pero pensando en los intereses generales y proteger a los ciudadanos”, para que hablara con los jueces para advertirlos de malas averiguaciones realizadas por el Ministerio Público.
“Si hubiese estado Zaldívar (al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), pues es difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna, ni tampoco hubiese contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta Norma Piña”, manifestó también el inquilino que mantiene una campaña en contra de la actual titular del máximo tribunal prácticamente desde que tomó posesión.
Aunque inicialmente se trató de denuncias anónimas contra el ex ministro Zaldívar, la Suprema Corte encabezada por la mencionada Lucía Piña les dio entrada y ordenó una investigación que pronto se consolidó, pues aparecieron juzgadores que confirmaron haber recibido presiones.
Una de las juzgadoras que denunció las presiones fue la magistrada Elba Sánchez Pozos afirmó que durante 2019 vivió de manera directa, presiones por parte del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.
“Se dice fácilmente que mientras no haya una llamada directa de un alto funcionario del Poder Judicial de la Federación, a través de un teléfono o de manera presencial de que te digan vas a votar así o no esta sentencia, yo me atrevo a afirmar que esa no es la única manera con la que se puede presionar a un juzgador en el dictado de sentencias”, aseguró Sánchez Pozos en declaraciones al noticiario conducido por Carmen Aristegui.
“Yo afirmo haber vivido presiones de manera directa por parte del exministro, Arturo Zaldívar “, agregó.
Sánchez Pozos narró que durante 2019 denunció las malas prácticas que tenían algunos de sus colegas del Tercer Tribunal Colegiado de Cancún, Quintana Roo, lo que le valió ser avisada de su cambio a otro tribunal y posteriormente de una suspensión.
El acusado ex presidente de la Corte ya salió a decir que esto es “una persecución política”. Lo mismo hizo su ahora jefa, la candidata presidencial de Morena, y varios de sus cuadros en medios de comunicación.
También salió en su defensa la incondicional del Ejecutivo, la ministra Lenia Batres también criticó la filtración del acuerdo de inicio de investigación, con la denuncia completa, por el titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, Herbert Torres Coello, y la propia Norma Piña.
Pero así como la candidata presidencial del oficialismo trató de proteger a su ahora colaborador, la abanderada de la oposición, la senadora con licencia Xóchitl Gálvez se erigió en abogada de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y su decisión de ordenar se investigue a ex colaboradores de Zaldívar, pues por el momento no se le puede investigar personalmente.
La candidata presidencial del bloque opositor Fuerza y Corazón por México negó que la titular de la Corte sea el brazo político de la oposición como acusó Zaldívar y lo emplazó a rendir cuentas, pues sostuvo que al ex presidente de la Corte le encanta victimizarse y tirarse a llorar.
Gálvez desmintió acuerdos, reuniones o cualquier tipo de comunicación con la presidenta de la Corte, Norma Piña, como afirmó el ministro en retiro, Arturo Zaldívar quien ahora se encuentra bajo investigación, por diversos delitos relacionados con enriquecimiento ilícito, corrupción, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y reviró que fue el ahora asesor jurídico de Claudia Sheinbaum quien utilizó a la Corte.
“Que no invente historias Arturo Zaldívar y que rinda cuentas punto. Nada más que yo no tengo nada que ver en la historia, no he intercambiado un punto de vista con Norma Piña desde que es ministra de la corte ni siquiera la he visto así es que deje de mentir igual que su candidata. ¿Dice que Norma Piña está utilizando la corte y al Poder Judicial para beneficiarse de la contienda electoral? creo que el que utilizó la corte es él”, reviró la abanderada de la oposición.
“Él tiene, creo, la piel muy sensible, que se aguante. Porque ha sido un hombre extremadamente violento, majadero conmigo. Y ahora que le toca, pues, se tira a llorar. Les encanta victimizarse”, remachó
Gálvez al recordar que fue el mismo López Obrador quien reveló que “se ponían de acuerdo sobre casos que al presidente le interesaban”.
La candidata opositora también mencionó que, durante su mandato en la Suprema Corte, Zaldívar ordenó investigaciones sobre la base de denuncias anónimas. Él fue, dijo, el autor de que se persiguieran por denuncia anónima a personas, 287 denuncias anónimas perseguidas por él. (…) Ya hay ministros que, con nombre y apellido están denunciando magistrados. Y hay magistrados con nombre y apellido que están denunciando al ministro de cosas que a ellos les consta que fueron presionados”, aseveró Xóchitl.
Lo cierto es que este asunto va para convertirse en un gran escándalo por los personajes en principio involucrados, como lo es el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República Julio Scherer Ibarra, quien perdió el cargo luego de una disputa con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, entre mutuas acusaciones de tráfico de influencias.
