Sea por la autoridad federal o estatal, los candidatos deben ser protegidos
Luis Muñoz miércoles 3, Abr 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
De acuerdo con distintas fuentes, durante el actual proceso electoral, iniciado en septiembre de 2023 y que culminará con las votaciones del venidero 2 de junio, han sido asesinados de 20 a 50 candidatos a puestos de elección popular.
Al respecto, el portal Mercado2.0 reportó que han sido asesinados en México en lo que va de 2024 y los últimos meses de 2023, “lo que convierte este proceso electoral en uno de los más violentos de la historia reciente del país”.
Todavía más alarmante resulta el recuento realizado por Forbes, que, con base en un estudio de la organización Laboratorio Electoral documentó 50 asesinatos relacionados con las elecciones del próximo 2 de junio en México, con lo que ya supera los 43 homicidios de los anteriores comicios presidenciales de 2018, según un informe publicado este martes.
De esas 50 víctimas hay 26 que eran aspirantes a un cargo de elección popular, mientras que el resto eran familiares, políticos o funcionarios públicos, detalló el “Segundo reporte preliminar de violencia electoral del proceso 2023-2024” del mencionado Laboratorio Electoral.
Pese a lo elevado de las cifras, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación no había dado muestras de sentirse impactado o afectado, pero todo cambió a partir del atentado contra la candidata de Morena a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán.
Sin duda, es de apreciar el cambio de actitud del gobierno federal, sobre todo si la preocupación por la seguridad de los actores electorales se extiende a los abanderados de todos los partidos y no sólo a quienes militan en el partido oficial y sus rémoras.
Sin embargo, quedan dudas, pues el Presidente dio indicios de que la aparente preocupación por el asesinato de la política celayense le sirve para revivir viejas rencillas políticas.
En primer lugar, está el hecho de que, desde hace tiempo, el inquilino de Palacio Nacional ha emprendido una campaña contra el gobierno de Guanajuato, encabezado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, militante del PAN, partido que ha mantenido el poder desde hace más de tres decenios, aunque la primera ocasión no lo ganó en las tribunas, sino como resultado de un acuerdo político conocido como concertacesión.
Por ejemplo, el 30 de agosto de 2021, López Obrador criticó una vez más el incremento de la violencia en Guanajuato y acusó que esto se debe a que en la entidad las autoridades hicieron una alianza con la delincuencia.
En particular, el político tabasqueño se lanzó en particular contra el fiscal de la entidad, Carlos Zamarripa, de quien dijo que lleva muchos años en el puesto, sin que haya logrado contener la violencia. Como ejemplo mencionó que en el reciente fin de semana, Guanajuato registró el 15 por ciento de homicidios ocurridos a nivel nacional.
Por cierto, ese embate estuvo mezclado con un conflicto entre la federación y el estado por el aprovechamiento del agua.
En respuesta a las protestas del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de que los trabajos de la presa “El Zapotillo” afectará el suministro de agua en Guanajuato, López Obrador reiteró que se va a buscar un acuerdo para que no se afecte, pero pidió que mejor se preocupe por los niveles de violencia en la entidad y señaló como responsable al fiscal Carlos Zamarripa.
Insistió en manifestar inquietud por la inseguridad, un problema que se dejó crecer y “es probable que se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar tiempo”.
Revivió el supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2006, cuando fue derrotado por el panista Felipe Claderón. El originario de Macuspana aseguró que, en Guanajuato, en las elecciones de 2006, le dieron a Calderón 300 mil votos falsos. “¿Cómo lo hicieron?, con arreglos abajo, eso sólo con la delincuencia”, acusó López Obrador.
Antes, en septiembre de 2019, los senadores del oficialismo hicieron un primer intento por desaparecer los poderes en Guanajuato.
En esa oportunidad el gobernador Rodríguez aseguró que dicha petición carece de razón jurídica.
“Me parece un absurdo, creo que lo que están tratando de hacer es compensar lo malo que está haciendo el gobernador de Veracruz con atacar al único punto azul que queda en México que es Guanajuato” señaló.
Añadió que esta acción se trata de una revancha política, ya que ha señalado en diversas ocasiones la desigualdad en la distribución de los recursos federales para las entidades y los recortes que han aplicado a varios programas.
“Si Morena cree que con estos arrestos políticos va a hacer que los guanajuatenses dejemos de exigir lo que nos corresponde, no lo van a lograr…no saben de que somos capaces los guanajuatenses”, recalcó.
Los jóvenes asesinados en Celaya, revictimizados en Palacio Nacional
El enfrentamiento alcanzó mayores niveles a raíz del asesinato múltiple de estudiantes universitarios en Celaya.
La tarde del domingo 3 de diciembre de 2023 agentes de la Guardia Nacional encontraron los cuerpos de los cinco jóvenes en un camino de terracería de la comunidad de Crespo, en Celaya, municipio de Guanajuato.
Luego se confirmó que se trataba de estudiantes de Medicina de la Universidad Latina, pero en primera instancia, en vez de extender su pésame a las familias, López Obrador revictimizó a los jóvenes al dar crédito a versiones en el sentido de que buscaban drogas.
Durante la conferencia de prensa matutina del 6 de diciembre, mientras explicaba la importancia de evitar el aumento de consumo de narcóticos, López Obrador expresó: “Acabo de ver un problema lamentable con unos jóvenes de Guanajuato, hace dos días, de un asesinato que tuvo que ver con consumo de droga”, expresó.
Según esa versión, los cinco alumnos de la Universidad Latina de México (ULM) viajaron de Guanajuato a Querétaro para “asistir a fiestas”. De regreso a la entidad, habrían sido asesinados. “Lo que sucedió es que jóvenes estudiantes, incluso de medicina, fueron a unas fiestas a Querétaro. Pasaron a algún lugar de Villagrán ―municipio guanajuatense― a comprar droga y ahí los asesinaron. Esto es todavía hipotético, todavía no concluye la investigación”, detalló.
Efectivamente, la Fiscalía de Guanajuato a la que tanto repudia, le corrigió la versión e inclusive aprehendió a uno de los presuntos autores materiales del multihomicidio.
Por si fue poco, días después de ese asesinato múltiplo ocurrió una masacre en Salvatierra, donde 11 jóvenes murieron y más de una decena resultaron heridos en una posada, luego de que sujetos ajenos ingresaron a la exhacienda y dispararon en su contra.
Esta vez el inquilino de Palacio Nacional relacionó el ataque armado ocurrido en Salvatierra con un “problema estructural” en la región relacionado con el aumento en el consumo de drogas.
“Guanajuato requiere atención especial. Es un problema estructural de fondo, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias. Esa franja es de las zonas con más consumo de droga en el país”, estableció el mandatario.
El siguiente episodio es el asesinato de la candidata de Morena, Gisela Gaytán, quien según las autoridades federales solicitó protección al gobierno estatal y no lo obtuvo.
Luego de confirmar que no se otorgó seguridad estatal para Gisela Gaytán, López Obrador reiteró el llamado para que el Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, sea removido.
Sin embargo, sería bueno que el mismo gobierno federal revisara sus archivos, pues en el ataque contra la candidata a presidenta municipal de Celaya hubo errores o equívocos.
Es de destacar que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, Rosa Icela Rodríguez, confirmó el asesinato de Adrián Guerrero Caracheco, candidato a regidor en Celaya, durante el ataque a Gisela Gaytán.
“Nuestra solidaridad con sus familiares y amigos, y asegurar que estos hechos no quedarán impunes”, aseguró la funcionaria, quien agregó: “en el gobierno del presidente Andrés Manuel estamos comprometidos con la protección de candidatos en distintos puestos de elección popular, por eso hay un trabajo, un plan para protegerlos”, dijo.
Sin embargo, el mismo gobierno federal enmendó a la titular de Seguridad, pues primero se dijo que no estaba muerto, sino que simplemente se le consideraba no localizado. Después, afortunadamente, se confirmó que Guerrero está vivo.
