La ley del Talión
¬ Luis Ángel García miércoles 3, Abr 2024Por la Derecha..!
Luis Ángel García
El Código de Hammurabi, considerado el primer código penal y civil, establecía la Ley del Talión o el principio bíblico de ojo por ojo y pie por pie, pero esta forma de impartir justicia recaía en las autoridades, era una venganza social para resarcir el daño causado por un infractor en idéntica proporción a la falta cometida. Sin embargo, hasta en esa época el acusado tenía la presunción de inocencia y la posibilidad de aportar prueba a su favor.
Históricamente, el contrato social ha permitido la construcción de comunidades que conviven en armonía y de forma pacífica, ya que renuncian a su derecho natural de hacer justicia por propia mano y aceptan la constitución de un Estado, cuya función primigenia es dar seguridad y proteger la vida y patrimonio de los ciudadanos.
Lamentablemente, cuando se vive en un Estado fallido, donde el crimen organizado controla buena parte del territorio nacional, arrebata la gobernabilidad a las autoridades y ejerce una mayor violencia sobre la gente de a pie, el gobierno es incapaz de cumplir con su función social de brindar seguridad a los mexicanos y pone en riesgo el pacto social.
La pérdida de la gobernanza y la crisis social que se vive hace que se fracture la civilidad y se erosionen los valores sociales y morales. Cuando un gobierno es incapaz de proteger la vida y el patrimonio de la población, los criminales se adueñan de esos vacíos de poder y se incrementa la incidencia delictiva, pero también la ausencia de gobernabilidad propicia una descomposición social y de valores morales.
Por ello, desde hace algunos años, sobre todo ante la fallida estrategia de los abrazos y no balazos y la ausencia de una política pública anticriminal, la gente perdió la confianza en las instituciones de seguridad y justicia y decidió regresar a la Ley del Talión, es decir, cobrar venganza por los agravios recibidos y no esperar a que sean las estructuras del Estado las que hagan justicia, la cual no es pronta ni expedita. Así que, ante la inacción, omisión o franca connivencia oficial, la gente hastiada y enojada recurre al linchamiento como forma de venganza social, lo cual hace inoperante el Estado de Derecho. Desde hace tiempo, enardecidas muchedumbres quitan la vida a presuntos responsables de algún delito, lo hayan cometido o no, como fue el ajusticiamiento de policías federales en Tláhuac a quienes confundieron con robaniños. También se ven con normalidad y forman parte de nuestra cotidianidad los vengadores anónimos que ultiman a asaltantes en el transporte público y a los que nadie denuncia, incluso se aplaude esa acción sanitaria contra la delincuencia.
En días pasados fue arteramente asesinada una inocente niña de sólo ocho años a manos, aparentemente y sin motivo, por sus vecinos. La niña es más que una estadística en los impunes feminicidios, es un infanticidio que ofende a toda la sociedad, pero en un verdadero Estado de Derecho las instituciones de seguridad y justicia hubieran acudido al auxilio inmediato, hechos las investigaciones para acreditar la culpabilidad de los presuntos responsables y remitido a un juez a los detenidos y las pruebas que acreditaran su participación. El juzgador, como en los tiempos de Hammurabi, haría efectiva la presunción de inocencia y escucharía a las partes para aplicar una sentencia. Pero la ausencia de autoridades estatales y municipales, la ineficacia de las policías, el burocratismo para obtener una orden de aprehensión y la falta de protocolos para asegurar a los detenidos provocó que en Taxco reviviera Fuente Ovejuna. La justicia a manos de los pobladores. Tan ilegal y reprobable es el asesinato de una infanta como la actitud de los pobladores que mataron a la supuesta homicida a sabiendas de que quedará impune esa muerte.
Está en riesgo el Estado de Derecho y cada vez es más evidente la falta de gobernabilidad de la 4T. El riesgo es que se haga práctica común el linchamiento para hacerse de justicia, no sólo porque es un crimen en sí, sino porque también se corre el riesgo de cometer otra injusticia.
