El ejercicio del voto es una obligación y debería castigarse a quienes no cumplen
Miguel Ángel Rivera martes 26, Mar 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Todos los expertos electorales, en particular los de oposición, sostienen que la forma segura de vencer a Morena y sus rémoras el venidero 2 de junio es que salga a votar la mayor parte de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
Por el contrario, los mismos y otros conocedores advierten que el oficialismo –Morena, PT y PVEM– intenta disuadir a los ciudadanos sobre la base de infundir la idea de que el proceso de sucesión está prácticamente decidido, pues la supuesta ventaja de la “corcholata” favorita, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presume insuperable.
En términos de habla popular, ese “seguro triunfo” se traduce en la expresión “este arroz ya se coció”.
Aparte del hecho de que los comicios están muy cercanos y de que la ley establece que las reformas en materia electoral deben entrar en vigor por lo menos medio año antes del inicio del proceso.
Precisamente por tales antecedentes es muy poco probable que el Congreso de la Unión apruebe la iniciativa presentada por la diputada federal priista Melissa Vargas con la finalidad de reformar el artículo 36 de la Constitución Política Mexicana, para sancionar a los ciudadanos que no cumplan con la obligación de votar.
La legisladora recordó que, en México, el sufragio es un derecho de la ciudadanía para que pueda expresar su voluntad sobre asuntos públicos, siendo una herramienta que puede legitimar la conformación de los gobiernos y quienes conforman parte de él, ya sea desde el Poder Legislativo o desde el Poder Ejecutivo.
“Establecer el voto como una obligación con sanciones efectivas por su incumplimiento, tiende aumentar la participación electoral, la obligatoriedad del voto también tiene efectos sobre la representatividad, el número de votos válidos, el clientelismo electoral y los valores cívicos de la ciudadanía”, agregó la diputada del tricolor.
La priista mexiquense detalló que, si las sanciones se hacen efectivas, contribuirían a aumentar la participación electoral. Mencionó que países como Uruguay, Argentina, Ecuador y Bolivia ya tienen establecido el voto obligatorio sancionado, consiguiendo un porcentaje del 90 por ciento de participación electoral.
La diputada priista también señaló que aprobar esta iniciativa establecería un primer paso para transformar la cultura política, elevando la calidad democrática y sirviendo para crear un votante comprometido con las prácticas de gobierno.
Vargas Camacho llamó a los integrantes de todas las bancadas a considerar su propuesta, a fin de fortalecer el acto más democrático de todos, que es el sufragio popular.
De hecho, si hubiera realmente el propósito generalizado de propiciar una mayor participación de los ciudadanos, se podría encontrar un recurso para no considerar esa eventual reforma como un asunto exclusivamente electoral, sino como una ley reglamentaria de una obligación que existe desde hace mucho tiempo.
Votar, vale insistir, es una obligación y, como tal, deberían de imponerse sanciones a quienes no cumplan con su responsabilidad.
Combatir la violencia es también una obligación
del gobierno, sea federal, estatal o municipal
En lo que se refiere a obligaciones constitucionales, para las autoridades de los tres niveles de gobierno, sean federales, estatales o municipales, su principal responsabilidad consiste en dar seguridad a todos los ciudadanos y en todos los rincones de la República.
| Sin embargo, hasta ahora no hay seguridad en prácticamente ningún lugar del país. Por el contrario, a cada momento, las organizaciones de delincuentes aumentan su poder, sin que los encargados de combatirlas logren avances y ni siquiera logran proteger a quienes aspiran a ejercer cargos de representación popular.
Al respecto, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, condenó el asesinato de Diego Pérez Méndez, precandidato de este instituto político a la alcaldía de San Juan Cancuc, Chiapas, y exigió a las autoridades “una investigación expedita para dar con los responsables y aplicar toda la fuerza de la ley”.
A través de un mensaje en sus redes sociales, el líder nacional del tricolor subrayó que “las y los mexicanos vivimos en un país donde la violencia está fuera de control y hay incompetencia de las autoridades para imponer la ley y garantizar paz en todo el territorio nacional”.
El resto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI se unió a la condena por el asesinato de Diego Pérez Méndez e hizo un enérgico llamado a las autoridades para que esclarezcan los hechos y castiguen a quienes resulten responsables.
Un comunicado de la dirigencia del tricolor señaló que “el gobierno no puede seguir negando la realidad: los más de 110 hechos de violencia relacionados con el proceso electoral exigen que se tomen medidas para garantizar la seguridad de todos y evitar que la delincuencia organizada sea la que elija el próximo 2 de junio, y no los ciudadanos de bien”.
Al respecto, es de destacar que las organizaciones que llevan las estadísticas de esta clase de atentado han señalado que, por número de víctimas de la violencia vinculada con los procesos electorales, la organización más afectada es el partido oficial, Morena, pero ni por esas se movilizan los supuestos encargados de mantener la paz.
El único que no admite el desorden es el real gobernador, Félix Salgado
Entre las muchas iniciativas presentadas por legisladores de oposición y que han sido rechazadas por el voto mayoritario de los legisladores de Morena y sus rémoras del PT y el PVEM está el intento de los senadores del PAN por declarar la desaparición de poderes en Guerrero, donde no salen de un conflicto para involucrarse en otro.
Con el burocrático argumento de que la solicitud fue presentada fuera de horario, la mesa directiva del Senado, encabezada por la tlaxcalteca Lilia Rivera Rivera (lástima de apellidos) se negó a dar trámite a la demanda panista, que se ajusta a lo que establece la Constitución.
La fracción V del artículo 76 constitucional ordena:
“Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrar un titular del Poder Ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El nombramiento del titular del Poder Ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo titular del Poder Ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de las entidades federativas no prevean el caso. Para precisar, esa fracción fue reformada y entró en vigor, al ser publicada por el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.
La ausencia de los poderes se aprecia en todos los rumbos de Guerrero, pues los grupos criminales tienen controladas o paralizadas muchas de las actividades económicas, al grado que todos los días se conocer actos de violencia en contra de particulares, sin que las supuestas autoridades intervengan para defenderlos o para consignar a los delincuentes.
Como complemento, existe una gran confusión en las filas oficiales, sin que la aparente gobernadora Evelyn Salgado, hija del senador Félix Salgado Macedonio, haya logrado poner orden.
Esto se ha agravado por la incapacidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de cumplir su promesa de solucionar el terrible caso de la desaparición de 43 normalistas, ocurrida hace casi diez años.
En los últimos días, el caso de los normalistas de Ayotzinapa se agravó por el homicidio de otro alumno, a manos de un policía estatal, quien logró huir, auxiliado supuestamente por superiores, en medio de un enfrentamiento de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad del Estado.
La “gobernadora” dio por despedidos a los titulares de esos organismos, pero la fiscal, Sandra Luz Valdovinos, aclaró que no puede ser depuesta porque la Fiscalía es autónoma y fue nombrada por el Congreso.
Como se aprecia, la “gobernadora” no puede poner orden, lo cual justifica las demandas de declarar la desaparición de poderes.
