Se le complica a López Obrador su tarea como investigador penal
Miguel Ángel Rivera miércoles 13, Mar 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El presidente Andrés Manuel López Obrador no puede alegar que no fue informado con tiempo. El problema es que no escucha ni a sus propios asesores.
Se le advirtió con tiempo que era mejor no involucrarse en el caso del asesinato del estudiante normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, ocurrido sobre la carretera Chilpancingo-Tixtla.
Ese crimen intensificó el antiguo conflicto de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrido hace más de nueve años, pero que el entonces dirigente de oposición Andrés Manuel López Obrador ofreció solucionar a la brevedad, sin que haya logrado nada positivo hasta ahora, a pesar de haber cambiado en varias ocasiones a los encargados de las averiguaciones, hasta el grado de asumir personalmente la conducción de las pesquisas.
El ahora inquilino de Palacio Nacional ofreció recientemente dar a conocer noticias para aclarar este lamentable suceso, pero hasta ahora todo ha quedado en palabras. Sin embargo, López Obrador se ha involucrado en las averiguaciones en torno al homicidio del joven Yanqui Kothan, que obviamente está vinculado con los sucesos de Iguala, ya que el asesinato ocurrió durante protestas porque el jefe del Ejecutivo federal no ha cumplido su promesa.
En apariencia, la solución del asesinato del normalista parecía relativamente fácil de alcanzar, pues estaban identificados y arrestados los agentes de la policía estatal de Guerrero acusados de disparar contra el joven normalista y sus acompañantes que, por fortuna, resultaron ilesos.
Los testimonios de los sobrevivientes y las pruebas periciales echaron abajo los endebles argumentos de los agentes policíacos —respaldados por sus jefes del inepto gobierno guerrerense— que alegaron que los jóvenes viajaban en un auto robado y que dispararon primero en contra de los policías, quienes sólo repelieron la agresión.
En cumplimiento de la voluntad presidencial, la “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR) conducida por Alejandro Gertz Manero, “atrajo” el caso que parecía diseñado para añadir algo de prestigio de los investigadores federales.
Pero, contra esos buenos augurios, la tarea se ha tornado difícil y tentativamente riesgosa.
Primero, el agente acusado de disparar contra Yanqui Kothan “desapareció” y ahora es considerado prófugo de la justicia.
Por desgracia, los antecedentes de casos semejantes evidencian la dificultad de encontrar a supuestos responsables, pues, aunque todo los señala como culpables, siempre tienen la relativa disculpa de haber obedecido órdenes superiores y, claro, a los jefes no les conviene ser convertidos en blancos.
Entonces, resulta fácil —como ya ocurrió en Chilpancingo— que el supuesto tirador desaparezca de la escena y no se puede descartar que, si la situación se agrava, vuelva a aparecer, pero ya difunto, pues esas personas son muy propensas a “sufrir accidentes”.
El hecho es que ya surgieron complicaciones, pues ayer mismo trascendió que ya fueron destituidos la fiscal general de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y del recientemente nombrado secretario de Seguridad Pública estatal, Rolando Solano Rivera.
Con su eventual remoción, los mencionados dan sustento a las versiones de que, en principio, intentaron encubrir a los policías que agredieron a los normalistas o, por lo menos, justifican las versiones de incapacidad para dar cauce a la justicia, al margen de presiones de autoridades superiores o, peor, sucumbir al poder de bandas de delincuentes que se han convertido en el poder real en amplias zonas del Guerrero, por no decir que en todo el estado.
Aunque se le atribuyen supuestas fallas en el caso del asesinato del normalista, en realidad Valdovinos Salmerón, de carrera en la justicia militar, ya estaba separada de la Fiscalía, pues solicitó licencia al Congreso de Guerrero desde el pasado mes de febrero.
También de origen militar, el (¿ex?) secretario de Seguridad Rolando Solano Rivera tiene el grado de general y fue nombrado apenas en enero pasado, ante testigos del más alto nivel como los secretarios de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval, y de Seguridad Pública federal, Rosa Icela Rodríguez.
Solano Rivera entró en lugar del capitán naval Evelio Méndez Gómez, quien presentó su renuncia en medio de la crisis de inseguridad que afectó a Guerrero, en particular el puerto de Acapulco, que interrumpió el servicio de transporte público, debido a las amenazas del crimen organizado.
A grandes rasgos, ese es entorno conflictivo en el que se ha inmiscuido el presidente López Obrador, sin que se aprecien acciones definitivas para asegurar la seguridad de los habitantes de Guerrero, asolados por la delincuencia que, no solo intenta controlar el transporte público, sino otras muchas áreas económicas, pues fijan los precios de la carne de pollo y de la tortilla, entre otros productos de primera necesidad.
Desaparecen los investigadores de la desaparición de los 43 normalistas
Por si faltaran complicaciones a la lamentable desaparición de los 43 normalistas y sus consecuencias indirectas, como el asesinato de Yanqui Kothan, el propio presidente López Obrador hizo pública la desaparición de dos investigadores comisionados para averiguar aspectos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
El inquilino de Palacio Nacional, quien se autodesignó investigador principal de ese lamentable suceso, denunció que dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) fueron reportados como desaparecidos cuando se dirigían a Chilpancingo.
En su conferencia matutina de este martes, el mandatario federal señaló que ambos servidores públicos realizaban labores de búsqueda de los normalistas desaparecidos.
“Están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y ya se está llevando a cabo la búsqueda, son dos servidores públicos de la Fiscalía. Esto debe saberse en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes y espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando, como saben que estamos avanzando, quieran impedir que sigamos avanzando, no lo van lograr”, advirtió en Palacio nacional.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas reportó el lunes la desaparición de Suay Kassandra Domínguez Pastrana, de 30 años, y Enrique Linares Ríos, de 41 años, agentes de la FGR, quienes salieron de Cuernavaca, Morelos con destino a Chilpancingo.
Horas más tarde, funcionarios del gobierno federal citados por el diario La Jornada, informaron que ya habían sido localizados los dos agentes dados por desaparecidos.
Según esta versión, los investigadores se encuentran en buen estado de salud, pero el caso no puede darse por totalmente cerrado.
Para empezar, se tiene que aclarar por qué se les dio por desaparecidos, al grado de provocar la reacción del jefe del Ejecutivo Federal.
Otro aspecto por aclarar es por qué fue necesaria una operación de “seguimiento interinstitucional” para localizar a los agentes desaparecidos, así sea temporalmente.
Se espera que en las próximas horas las autoridades confirmen de manera oficial la localización de los dos agentes, dice también la nota de La Jornada.
Por otra parte, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que no se permitirá que el crimen organizado, en colusión con el gobierno de Morena, pretendan trastocar las elecciones y exigir que se respete el voto ciudadano, por lo cual esos comicios del 2 de junio serán los más vigilados por observadores internacionales.
En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado federal dijo que además de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), van a venir “muchísimos observadores electorales”, ya que han sido invitados de naciones de Europa, Asia, y de América Latina y el Caribe, “para que sea la elección más observada de este país”.
El dirigente del PRI y presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), informó que en días pasados se dio a conocer una resolución de la Internacional Socialista (IS), por la cual “más de 180 países están señalando lo que ocurre en México, con el crimen organizado y con la permisibilidad del gobierno”.
