Ayotzinapa electoral
Freddy Sánchez martes 12, Mar 2024Precios y desprecios
Freddy Sánchez
El legítimo interés de hacer justicia en el caso de los normalistas desaparecidos, aparentemente continúa siendo “aporreado” por una ilegítima defensa de intereses políticos dudosamente nobles.
Y es que desde que aquellos jóvenes fueron “arrancados” de sus senos familiares quienes los perdieron no dejan de pedir que se dé cuenta exacta de su paradero “estén vivos o muertos”.
Y en especial que se llegue hasta Las últimas consecuencias para castigar a los autores intelectuales que presuntamente se han mantenido impunes sobre lo sucedido, aunque en el pasado gobierno haya habido consignaciones penales de algunos y en el presente régimen de otros incluyendo a un ex colaborador directo de Peña Nieto.
Actos de autoridad los de la administración anterior y la actual que no lograron dejar plenamente satisfechos a los familiares de los estudiantes que supuestamente fueron detenidos, torturados, asesinados.
Una abominable acción atribuida a elementos policiacos y militares que en apariencia acataron “órdenes superiores”.
La cuestión medular es que las investigaciones realizadas por dos gobiernos, (el de Enrique Peña Nieto y Manuel López Obrador), siguen dejando mucho que desear respecto al móvil que pudo influir en atentar contra la vida de los normalistas de Ayotzinapa.
En ese sentido se han especulado distintas cosas, una de estas en cuanto a que los jóvenes tuvieron comportamientos previos apartados de la legalidad por supuestas relaciones con grupos delictivos, pero nada específico ni indubitable se ha demostrado.
Porque lo que dio origen a las acciones institucionales fue lo que ha sido una constante: saber qué pasó con los normalistas y quiénes actuaron en su contra, a causa de qué y por órdenes de quién o quiénes.
Varios aspectos son los que hipotéticamente han abarcado las indagatorias con la promesa de no dejar “cabos sueltos” ni culpas sin castigo sean quienes hayan sido los que mandaron desaparecer a los normalistas, pero algo sucedió anteriormente y en la actualidad que lo investigado no satisface ni convence a los interesados.
Sobre éste punto hay los que opinan que bien que mal lo investigado en la pasada administración pudo en cierta forma minimizar las reacciones de protesta de los padres de familia, pero al haber resurgido la esperanza de conocer una nueva verdad y no darse lo esperado el malestar se recrudeció.
Y lo que es peor: con la reacción de enfado cobró notoriedad una escalada de agitación violenta que tuvo una expresión exacerbada con el derribamiento de una puerta en el Palacio Nacional con gritos contra el primer mandatario.
Lo que desde el gobierno se aprecia como una acción orquestada para afectar la imagen presidencial y al partido en el poder considerando los tiempos de renovación de cargos electorales que se están viviendo.
Y como ha sido habitual en el discurso de Andrés Manuel se ve una influencia de sus adversarios políticos en las protestas de normalistas y grupos afines a su movimiento. Máxime al considerarse como objetivo de las movilizaciones afirmar que el presidente los traicionó al no esclarecer en forma total los sucesos en Veracruz con la captura de los responsables intelectuales.
En ese contexto puede creerse o no en la hipótesis de que estos estudiantes y demás organizaciones que los apoyan son alentados por afanes de quitarle votos a Morena y sus candidatos, pero de algo no se puede tener duda: intereses políticos “están metidos hasta el cuello”. Y eso obliga a hablar de un nuevo Ayotzinapa Electoral.
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