La Ley obliga al gobierno de la 4T a consignar a los que atacaron Palacio Nacional
Miguel Ángel Rivera viernes 8, Mar 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“Existe un principio según el cual la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. De esta manera, nadie puede alegar que no cumple con una disposición por el hecho de no conocerla”.
Los anteriores conceptos aparecen en el portal denominado Videoteca Jurídica Virtual, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el apartado que lleva por título Colección Nuestros Derechos, cuya presentación lleva la firma del destacado jurista Diego Valadés Ríos, ex director del Instituto y ahora investigador emérito, así como ex procurador General de la República.
Este recordatorio adquiere actualidad por la revelación del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que solicitó a la Fiscalía General de la República no realizar ninguna investigación en torno al ataque contra Palacio Nacional ocurrido el miércoles anterior a cargo de supuestos estudiantes o simpatizantes de normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
A pesar de que él mismo ha dado validez a suposiciones de que el atentado no fue ejecutado precisamente por los deudos de los 43 normalistas desaparecidos hace casi diez años en Iguala, sino por personas ajenas a ese justificado movimiento, el mandatario argumenta que su gobierno no desea incurrir en violencia y prefiere que queden sin castigo tal acción que evidentemente fue planeada.
Tal vez se justifique la inacción para evitar una crecida de la violencia, pero López Obrador incurre en incumplimiento de sus obligaciones como gobernante que se comprometió a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Ya es bien conocido que el líder y guía de la llamada cuarta transformación sostiene la bandera de que “a mí no me vengan con que la ley es la ley”, pero tal argumento no lo exime de lo que establece el artículo 89 constitucional, relativo a las facultades y obligaciones del presidente de la República, que establece textualmente que el titular del Ejecutivo debe: “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión”.
Como complemento, se debe señalar que el Código Penal Federal, en su Libro Segundo, Título Vigesimosegundo, relativo a los Delitos en contra de las Personas en su Patrimonio, se refiere a los daños en propiedad ajena y, en su artículo 397, ordena:
“Se impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de cien a cinco mil pesos, a los que causen incendio, inundación o explosión con daño o peligro de:
“I.- Un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona;
“II.- Ropas, muebles u objetos en tal forma que puedan causar graves daños personales;
“III.- Archivos públicos o notariales;
“IV.- Bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos públicos, y
“V.- Montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier género.
Por si lo anterior no fuera suficiente, el mismo Código Penal Federal, en su Libro Segundo, Título Primero, relativo a Delitos contra la Seguridad de la Nación, en el artículo 139 que lleva por título el impresionante término “terrorismo” advierte:
“Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten:
“I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.
Las sanciones también alcanzan cuando: “I. El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público;
Todavía más, el artículo 139 bis advierte que “se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad.
Te lo digo Pedro, para que lo entiendas, Juan
Como apuntamos al inicio de esta columna, no es válido argumentar ignorancia para no cumplir con las leyes, que tal vez resulten exageradas (o tal vez no) para sucesos como el del miércoles, pero en todo caso, la autoridad está obligada a realizar investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de quienes atacaron Palacio Nacional, pero de ninguna manera se puede dar “carpetazo” al asunto.
Por otra parte, está la responsabilidad de la “autónoma” Fiscalía General de la República, pues se supone que no responde a los deseos o instrucciones del Presidente de la República y dejar pasar un ataque contra el histórico Palacio Nacional puede resultar una violación más a las leyes que se supone está obligada a hacer cumplir y consignar a los posibles violadores.
Estos principios deben mantenerse vigentes por lo que pudiera suceder en vías venideros, en particular durante las marchas y manifestaciones programadas para hoy, con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Al igual que sucede con los allegados y simpatizantes de los padres de familia que desean tener la seguridad de lo que ocurrió a sus hijos desaparecidos en 2014, las reivindicaciones de las mujeres están más que justificadas, pues históricamente han sufrido toda clase de discriminación y violencia, al grado de llegar al feminicidio.
Pero, al margen de lo justificado de las protestas, por desgracia, las mismas son aprovechadas por organizaciones que tratan de imponer un clima de violencia, el cual resultaría mucho más grave en las actuales condiciones del país, encaminado en un proceso electoral potencialmente muy riesgoso, en donde ya sobresalen los actos de violencia atribuidos a organizaciones de la delincuencia organizada que tratan se asegurarse el respaldo de autoridades “a modo”.
En previsión de eventuales actos violentos, como los sucedidos en años anteriores, las autoridades federales y capitalinas han “blindado”, calles, avenidas, plazas y edificios públicos y privados para evitar que sean vandalizados por esos grupos que se autodenominan anarquistas.
Como sucede con otras muchas acciones de los gobiernos de la llamada cuarta transformación, los costos de ese “blindaje” se mantienen en secreto, pero seguramente se lograrían importantes ahorros si en lugar de levantar esas grandes vallas, desde un inicio se hubiese consignado a los provocadores de la violencia y, sobre todo, a quienes los patrocinan. Por eso resultan necesarias y obligadas las averiguaciones de las fiscalías, tanto la Federal como la capitalina, pues nada favorece más la repetición de los actos delincuenciales que la impunidad.
También contribuiría de manera determinante el que se abriera el diálogo entre el gobierno y las organizaciones feministas.
Hasta ahora, las dos partes se ven mutuamente como rivales y hasta como enemigas, sobre todo a raíz de que el gobierno encabezado por López Obrador disminuyó presupuesto o de plano desapareció programas que beneficiaban a las mujeres, como los refugios para víctimas de violencia y las guarderías que les atendían a sus hijos mientras ellas podían trabajar.
“Vamos a proteger a las mujeres contra la violencia que viven, son varias acciones, 765, iluminación de calles, leyes que las protejan; todo un sistema para que nunca más haya un feminicidio en nuestro país, que nunca más haya una muerte violenta por el hecho de ser mujeres”, afirmó la candidata presidencial del oficialismo Claudia Sheinbaum, ayer mismo durante un acto de campaña en Querétaro.
A su vez, la candidata de la coalición opositora “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, anunció que presentará su propuesta de Estrategia de Atención a las Mujeres.
La abanderada de la alianza PAN-PRI-PRD aseguró: “voy a cuidar de ellas, van a contar conmigo”.
Gálvez hizo la promesa durante un recorrido por el Mercado 201, en Iztapalapa, ahora territorio del oficialismo, pero donde la candidata vivió en su etapa de estudiante.
