A pesar de los riesgos, la Iglesia trata de llenar los vacíos que dejan autoridades
Miguel Ángel Rivera viernes 16, Feb 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El primer escándalo por encuentros de miembros de la Iglesia Católica mexicana con capos del narcotráfico sacudió a los medios políticos cuando el controvertido nuncio de origen italiano, Gerónimo Prigione, reveló haber recibido en privado a los capos del narcotráfico Benjamín y Ramón Arellano Félix, quienes dominaban la estratégica plaza de Tijuana, Baja California, el punto fronterizo con mayor cantidad de cruces en todo el mundo.
A la vista de lo que ha cambiado en el país desde esos encuentros del embajador (nuncio) del Vaticano con los hermanos Arellano Félix, se puede decir que los sucesos de entonces no se pueden comparar con lo que ahora ocurre y una de las cosas que no ha cambiado es la relación de los jefes de la delincuencia con ministros de la Iglesia católica.
Esos encuentros, celebrados, con Ramón, el 1 de diciembre de 1993, y con Benjamín el 16 de enero de 1994, pusieron en duda la integridad del gobierno de México, entonces presidido por Carlos Salinas de Gortari.
Esto porque según revelaciones de Prigione de manera destacada en una larga entrevista con Joaquín López-Dóriga– él dio aviso Salinas de que el capo Ramón Arellano Félix estaba en la sede de la nunciatura. El presidente le pidió trasladarse a la entonces residencia oficial de Los Pinos, en donde tuvo consultas con su secretario de Gobernación, el chiapaneco Patrocinio González Garrido, y con el procurador General de la República, el afamado jurista Jorge Carpizo MacGregor, al cabo de las cuales decidieron no ordenar la aprehensión del capo.
De acuerdo con los recuerdos de Prigione, Salinas justificó la inacción para no proyectar sombras sobre una gira internacional programada unos días después de esa reunión.
A su vez, Carpizo reveló posteriormente, en su libro Al respecto, el ex procurador en su libro El asesinato de un cardenal. Ganancia de pescadores, que escribió en conjunto con Julián Andrade, que él y el presidente Salinas de Gortari sabían que Ramón y Benjamín Arellano Félix aguardaban en la residencia del nuncio esperando una respuesta a su petición de audiencia y que decidieron no proceder a su captura porque la operación policial implicaba riesgos graves, incluida la vida de monseñor Prigione y otros clérigos del recinto diplomático.
El “pecado” que movía a los capos bajacalifornianos fue el asesinato en un tiroteo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, titular de la Arquidiócesis.
De acuerdo con las primeras versiones acerca del atentado, los responsables eran precisamente los hermanos Arellano Félix, que sostenían una “batalla” contra el cártel de Sinaloa, encabezado por su exsocio Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, quien pretendía arrebatarles la plaza fronteriza.
El asesinato ocurrió el 24 de mayo de 1993. Según las investigaciones de la PGR, el cardenal iba a recoger precisamente a Girolamo Prigione, pero cuando todavía estaba en su auto, los pistoleros atacaron al cardenal confundiéndose con el de “El Chapo” Guzmán, quien también se encontraba en el aeropuerto, según las investigaciones.
Al parecer, por presiones de su madre, Norma Alicia Félix Zazueta, muy apegada a la Iglesia, los Arellano Félix buscaron esos encuentros con el nuncio y con las autoridades para dejar constancia de su inocencia. Una cosa era la “guerra” contra sus enemigos y otra cometer un crimen contra un prelado.
Ese “temor a dios”, al parecer, no alcanza a todas las organizaciones delincuenciales, pues según el reporte Situación de la Iglesia Católica ante la violencia en México, elaborado por el Centro Católico Multimedial, citado por el portal Expansión Política refiere que México es el país peligroso para ejercer el sacerdocio en América Latina.
Agrega que, entre 1990 y 2021, 79 sacerdotes y religiosos han sido agredidos y para esa fecha, junio de 2022, en los últimos tres sexenios se han registrado 50 asesinatos: 17 con Felipe Calderón, 26 con Enrique Peña Nieto y siete con Andrés Manuel López Obrador.
Esas cifras resalataron en esa época por el reciente asesinato de los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, en un templo de la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. El asesino, un mafioso local, apareció muerto, al parecer ejecutado por otros delincuentes que son “respetuosos” de los miembros de la Iglesia.
Los delincuentes son como el hijo desobediente, “no entienden razones”
Todos estos antecedentes vienen al caso por la revelación de que los obispos de Guerrero, uno de los estados más afectados por la presencia de la delincuencia organizada, se reunieron por separado con capos, para tratar de disminuir la violencia que asola esa entidad sin que las autoridades, encabezadas por la aparente gobernadora, Evelyn Salgado, hayan logrado imponer la ley. De hecho, recientemente fue separada del cargo (oficialmente pidió licencia) la fiscal general del Estado, Sandra Luz Valdovinos, y en su lugar quedó un oficial del Ejército, Zipacná Jesús Torres.
En primer lugar, es de destacar que esas iniciativas de los jerarcas de la Iglesia católica en Guerrero implican un grave riesgo.
Lo peor es que tales esfuerzos de los cuatro obispos resultaron inútiles, pues los capos –cuyas identidades no se revelaron– estiman más importantes el dinero, el territorio ganado y el poder.
En conferencia de prensa, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, detalló que las reuniones se realizaron por separado y en distintos momentos. “La idea era buscar una tregua”, dijo, pero cada cabecilla impuso sus condiciones y no lograron repartirse el territorio.
“Entonces, no lo sueltan, les ha costado vidas, les ha costado trabajos, les ha costado dizque ganárselo”, dijo el prelado de la capital de Guerrero, a quien le tocó reunirse con los jefes criminales que dominan las regiones guerrerenses de la Sierra y de Tierra Caliente.
Señaló que, por fortuna, la violencia no ha alcanzado de momento a los sacerdotes, pero sí ha afectado a la comunidad eclesiástica. “Nos han matado a padres de los acólitos, encargados de adoración, mayordomos y catequistas”, indicó.
El obispo González indicó que estos acercamientos tienen la autorización de las máximas autoridades de la Iglesia Católica, pues las conversaciones con los jefes de la delincuencia se realizaron luego de un encuentro con el papa Francisco, en el Vaticano, en junio del año pasado.
También hizo referencia a la responsabilidad de las autoridades de nuestro país. Pidió a los funcionarios públicos que “no se corrompan y que no simulen, que sean verdaderos, que hagan su trabajo, pues no es posible que haya patrullaje del Ejército y los criminales lleguen, cometan sus delitos y después se retiren sin que nadie los moleste”, lamentó el obispo.
Con esto, tal vez sin conocer esas declaraciones, coincidió con el senador independiente Germán Martínez, quien criticó que después de que ocurre una tragedia en cualquier parte del país, viene un “desfile” de militares, sin ninguna consecuencia.
Así como los obispos actuaron con la autorización del Papa, ahora pueden decir que tienen también el beneplácito del gobierno federal.
En su acostumbrada conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el papel de las iglesias y sus líderes en la pacificación del país.
El inquilino de Palacio Nacional, que mantiene invariable su política de “abrazos y no balazos” expresó su apoyo a la participación de líderes religiosos en la búsqueda de la paz.
“Siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien…creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. Eso debe de quedar muy claro”, afirmó el jefe del Ejecutivo Federal.
López Obrador hizo referencia al tema de las autodefensas, de las cuales recordó que comenzaron en Guerrero, posteriormente se extendieron a otras regiones del país.
También apuntó que es necesario atacar y extorsionar al transporte, pero no aclaró si enviará alguna iniciativa al Congreso para combatir esos delitos.
Como siempre, aprovechó para culpar a los anteriores gobiernos. Aseguró que, en el pasado, el Estado no atendió adecuadamente el problema de la inseguridad.
