Slim le tiene un “guardadito” a AMLO para cuando sea ex presidente
Miguel Ángel Rivera martes 13, Feb 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
A poco menos de ocho meses de dejar el poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene el carácter beligerante que ha tenido desde su larga campaña de 12 años, debería hace una pausa y revisar alguno de los muchos pendientes con los que cargará hasta su finca de Palenque.
En primer término, debería tener en cuenta que la filtración de la DEA (agencia antidrogas de los Estados Unidos) de la investigación en torno a supuestas aportaciones de cárteles de la droga a su campaña en el relativamente lejano año de 2006 es una clara evidencia de que la vecina potencia lo tiene en la mira y sigue de cerca sus pasos.
Por considerarse inocente, el mandatario mexicano reaccionó airado, pero no pasó de las declaraciones. No hizo caso, por ejemplo, de los consejos de la oposición para que presentara una demanda judicial por falsas denuncias, proceso que es muy frecuente en los Estados Unidos. Basta mencionar la multimillonaria multa al ex presidente de la Unión Americana Donald Trump por difamar a la escritora E. Jean Carroll.
En caso de no considerarse en riesgo como su “amigou” Trump, el mandatario mexicano debería tomar en cuenta los antecedentes de gobernantes latinoamericanos acusados de narcotráfico. El caso extremo fue el del panameño Manuel Antonioo Noriega, por el cual los estadounidenses se atrevieron inclusive a invadir la nación centroamericana.
Es poco probable que en el caso de México, las autoridades de Estados Unidos no se atrevan a tanto, aunque ha habido amenazas en el Capitolio de políticos radicales que demandan perseguir a los cárteles de la droga en territorio de nuestro país, pero también está el antecedente del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, actualmente preso en Nueva York, acusado de encubrir a bandas de narcotraficantes.
Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano del presidente de Honduras, recibió antes una sentencia de cadena perpetua por parte de una corte de Estados Unidos, hallado culpable de cuatro delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.
Esto significa que, para las autoridades del vecino país del norte, basta el encubrimiento para actuar contra ex gobernantes y en el círculo cercano de López Obrador ya se ha señalado a supuestos intermediarios con las bandas de delincuentes.
Tales presunciones resultan extremas, pero de cualquier forma, convendría al inquilino de Palacio Nacional hacer un balance de su actuación y empezar con la “operación cicatriz” y no empeñarse en remarcar a supuestos o reales enemigos.
El Presidente y yo tenemos que hablar: Carlos Slim
Aunque no llega ni de lejos al nivel de las amenazas, el hombre más rico de México, el presidente del Grupo Carso, Carlos Slim Helú, reveló ayer que tiene asuntos pendientes con López Obrador y aunque no lo especificó dio a entender que no lo hacía ahora por el poder que tiene AMLO como Presidente de la República.
En conferencia de prensa convocada por él mismo, el empresario Slim Helú informó que, en cuanto termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, hablará con él de muchas cosas que tienen pendientes.
“Yo tengo pendiente, cuando acabe en el gobierno, hablar con el Presidente muchas cosas. Como él dice, diferimos en varias cosas. Ya quedamos de hablar cuando acabe de lo que diferimos, empezando por Porfirio Díaz. Yo creo que fue un gran Presidente. Bueno, gobernó 30 años, se le fue la mano en el tiempo, pero modernizó al país, pero no nos metamos en eso”, señaló.
En particular, el magnate dejó en claro que este gobierno no lo ha beneficiado como se considera, aunque haya logrado una participación en la construcción del Tren Maya. Aseguró que la administración de López Obrador no le ha dado beneficios y recalcó que en la construcción del Tren Maya, solamente participó en el tramo 2 de dicha obra, lo que representa cerca del 80 por ciento.
“Hice poca obra pública en este sexenio y tampoco me dio televisión abierta”, afirmó Slim al repasar la historia de Grupo Carso, que inició desde 1965 y tuvo una fuerte expansión entre 1982-1989 con la adquisición de 27 empresas, adicionales a las 13 que tenía en su primera etapa.
En cuanto a su empresa insignia, Teléfonos de México (Telmex) Slim aseguró que no es negocio (a pesar de ser el ancla de la trasnacional América Móvil) pero descartó que vaya a venderla, porque es una empresa mexicana.
En cuanto al futuro de la economía de México, el presidente del Grupo Carso señaló que lograr un sano desarrollo, el país requiere de dos cosas: primero, una inversión anual del 28 al 30 por ciento del PIB, para lo cual la iniciativa privada nacional debe aportar arriba del 20 por ciento, el gobierno 5 por ciento y la inversión extranjera el 5 por ciento.
También apuntó como elemento importante para esa mejoría económica aumentar el nivel de los salarios y, en consecuencia, fortalecer poder adquisitivo de la clase trabajadora, con lo cual puso en evidencia que los incrementos a los salarios no es una promoción exclusiva del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, sino que lleva el respaldo del sector empresarial.
Al respecto, es de recordar que Slim es figura destacada del consejo asesor empresarial creado por López Obrador y en el cual participan capitanes de empresa como Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas; Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Televisa, y Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Empresarial Ángeles; Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte; Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta; Miguel Rincón, presidente ejecutivo de Bio Pappel; Sergio Gutiérrez Muguerza, presidente de DeAcero.
Uno de ellos, que ha marcado diferencias con el actual gobierno es Salinas Pliego, quien ha entablado una larga batalla legal por lo que considera un injusto doble cobro de impuestos y ha sido muy crítico con los políticos, pero sin llegar a un enfrentamiento con López Obrador.
De cualquier forma, vale insistir en lo apuntado al principio acerca de la conveniencia de que López Obrador deponga su espíritu beligerante y empiece la “operación cicatriz”, pues todos los ex presidentes han revelado que el año más difícil ha sido para ellos el séptimo.
Reformas propuestas por AMLO vulneran el combate a la corrupción
Tampoco entre los inversionistas extranjeros han tenido una buena acogida las numerosas reformas anunciadas por el inquilino de Palacio Nacional.
Por ejemplo, la Comisión Anticorrupción de la International Chamber of Commerce México (ICC México) hizo un llamado urgente al Congreso de la Unión y a la sociedad en general para que valoren los riesgos planteados por las anunciadas reformas.
Este organismo, que se presenta como “una organización con personalidad jurídica y patrimonio propio que promueve y defiende los legítimos intereses de los empresarios y apoya su crecimiento a través de capacitación y asesoría en asuntos jurídicos y en materia de desarrollo comercial a nivel nacional e internacional, expresó su profunda preocupación por considerar que estas reformas atentan directamente contra el combate a la corrupción y erosionan el modelo democrático del país.
Es decir, lo contrario de lo que sostiene el político de Macuspana, quien en forma reiterada ha asegurado que ya terminó la corrupción
La ICC México resaltó que la propuesta de reformas compromete las instituciones destinadas a erradicar la corrupción, contradiciendo la promesa inicial del Presidente.
También destacó la necesidad de no desviar la atención de los problemas más apremiantes del país, como la impunidad y la inseguridad que persisten a lo largo y ancho del territorio nacional.
Las 20 iniciativas de reforma son consideradas por la Comisión Anticorrupción de la ICC México como potenciales riesgos para el modelo democrático y el combate a la corrupción en México.
En particular, la reforma al Poder Judicial es señalada como una amenaza al equilibrio de poderes, al proponer cambios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La reducción de ministros y cambios en la selección mediante un modelo aparente de “votación popular” generan preocupaciones sobre la imparcialidad y capacidad técnica. Además, la propuesta implica la eliminación de la actual integración de la SCJN, representando un riesgo significativo para los derechos constitucionales de los ciudadanos.
