Por encima de la Constitución no hay poder alguno: ministro Pérez Dayán
Miguel Ángel Rivera martes 6, Feb 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El paro nacional de transportistas convocado para ayer puso en evidencia que algo no funciona bien en el gobierno federal.
Esto porque apenas unas horas antes, la tarde del domingo 4, la Secretaría de Gobernación anunció haber llegado a un acuerdo con las principales organizaciones que representan a los transportistas para que suspendieran su protesta y se sentaran a negociar un acuerdo precisamente con el gobierno federal.
Pero, casi al mismo tiempo, la Asociación Nacional de Transportistas AC (ANTAC), dijo que no había ningún compromiso y que se realizaría el paro, el cual, como se sabe, es en protesta por la falta de seguridad en las carreteras nacionales.
Este problema es nacional abarca a toda la República, De acuerdo con los reportes de los transportistas, en promedio, se cometen 38 asaltos diarios y 9 de cada 10 de estos robos ocurren con violencia. De acuerdo con cifras del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), el transporte terrestre tiene la tasa más alta de defunciones por “accidente de trabajo” con 1.5 por cada 10,000 trabajadores (nota de El Economista, publicada ayer, lunes 5).
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado minimizar este grave problema. Por ejemplo, el 30 de mayo de 2022, por supuesto en su tradicional mañanera, al ser cuestionado sobre denuncias de asaltos en carreteras del país, respondió que su gobierno está “haciendo el trabajo y la Guardia Nacional está en todas las carreteras para que no haya delitos. Ya es distinto, hay protección”.
Más adelante, el 2 de septiembre del mismo año, con motivo de su informe anual, el inquilino de Palacio Nacional se manifestó más optimista, al sostener que la estrategia para combatir el robo al autotransporte de carga y pasajeros en carreteras dejó como resultado una reducción del 50 por ciento.
En vez de disminuir, aumentan asaltos
en carreteras, dicen los transportistas
Contra el optimismo del político de Macuspana y de su gobierno, los transportistas han presentado un panorama que resulta desolador
Por ejemplo, el pasado domingo 28 de enero, cuando se empezó a hablar del paro nacional de protesta, los transportistas aseguraron que en 2023 aumentó 4.6 por ciento el número de asaltos en autopistas, de los cuales el 86 por ciento ocurrieron con violencia.
Contra lo que pudiera pensarse, de que los atracos ocurren en zonas remotas de la República, los afectados destacaron que más de la mitad de esos delitos ocurren en los estados de México y Puebla y que el valor de las pérdidas se acerca de los 7,000 (siete mil) millones de pesos. Los alimentos y abarrotes son los productos más robados.
De conformidad con esos reportes, en México cada hora se cometen 1.6 robos a transportistas y es un delito que va en aumento.
Para ahorrarse desmentidos, los transportistas precisaron que sus cifras provienen de fuentes oficiales, como la Fiscalía General de la República (FGR) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El hecho es que, en la actualidad, la falta de seguridad en las carreteras es un grave problema que no ha podido ser resuelto por las autoridades federales y por ello se llegó, a pesar de los desmentidos oficiales, al paro nacional efectuado ayer en gran parte de la República.
Los transportistas aseguraron que hubo paros en los siguientes estados: Veracruz, Chihuahua, Michoacán, México, Hidalgo, Querétaro, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Tabasco.
Antes, la voz de la Secretaría de la Gobernación era escuchada y atendida por todos.
Ahora se trata sólo de un acto de propaganda. Darle espacio a protestas quitaría atención al anuncio de las reformas que, con fines electorales, presentaría ayer mismo el Presidente, en su “modesta” residencia, el Palacio Nacional.
Casi todas las iniciativas ya estaban anunciadas y, en general, se les considera temas de propaganda, pero se les quiere presentar como un gran cambio, como lo hizo la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, en la ceremonia solemne de Querétaro, la cual desairó López Obrador en un intento por darle más relumbrón a su fiesta privada y para convalidar propuestas destinadas a concentrar más el poder en su persona.
Pero antes tuvo que escuchar la voz que tanto ha desairado, la de la Suprema Corte de Justicia, que volvió a sentenciar que nada, ni nadie está por encima de la ley.
“El Poder Judicial de la Federación (PJF) tiene perfectamente claro y entiende que, por encima de la Constitución, no hay poder alguno, nada ni nadie; y no permitamos que esto se olvide o se confunda, afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), Alberto Pérez Dayán, en la ceremonia oficial del Teatro de la República, en la capital de Querétaro.
En representación del PJF, que preside la ministra Norma Lucía Piña Hernández, el también presidente de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país manifestó que “defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Duele escucharlo, lo sé, pero lo más doloroso sería dejarlo pasar (…) hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público”, dijo.
“El Poder Judicial de la Federación cumple su cita y da cuenta puntual de su encomienda con independencia, con autonomía, con honradez, con imparcialidad, libre de remordimientos y siempre comprometido con su vocación democrática. No lo duden. Que viva la Constitución Federal”, dijo también el ministro.
En referencia indirecta a las sentencias del máximo tribunal que ha descalificado por inconstitucionales reformas promovidas por López Obrador, Pérez Dayán recordó que, la Constitución Federal, que hoy (ayer) se conmemora, dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna.
El ministro de Pérez Dayán, contra el cual el partido de López Obrador, Morena ha pedido juicio político por declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica, aseveró que ninguno de los poderes está por encima de la Constitución mexicana. Y “aunque no siempre se quiera atender así”, defender la Constitución es “defender al pueblo”.
Además, sin mencionar tampoco la iniciativa del inquilino de Palacio Nacional que intenta promover que los miembros del Poder Judicial (jueces, magistrados y ministros) sean elegidos mediante voto, en representación de la ministra presidenta, Pérez Dayán recordó que desde la promulgación de la Carta Magna de 1917 se afirmó que la esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político.
“Hay que alejar el Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones. Militancia y judicatura no son afines”, puntualizó.
El ministro recordó las palabras del diputado del Congreso Constituyente Paulino Machorro y Narváez, quien afirmó que: “el magistrado no es igual al diputado o al senador: el magistrado es radicalmente distinto; él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública; no va a representar a nadie; no lleva el criterio del elector, sino que lleva el suyo propio; simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social; él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta contra la opinión de los electores (…) La esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político… Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella, para que no resulte un juego de las pasiones”.
Otra oradora en la ceremonia oficial de Querétaro, la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra Castillo, aseguró que todos los mexicanos están llamados a garantizar la República representativa, democrática y laica y dar plenitud a la división de contrapesos entre los poderes y del papel que juegan las instituciones autónomas.
“Es necesario un presidencialismo acotado que conjure e impida el riesgo de una exacerbación autoritaria y la imperiosa necesidad de fomentar el federalismo y evitar los intentos centralistas que siempre están al acecho”, sostuvo la legisladora.
