EL PAN desea dejar abierta la posibilidad de juzgar a López Obrador
Miguel Ángel Rivera lunes 5, Feb 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Y, cuando despertaron los legisladores, el fuero todavía estaba allí.
Una de las primeras reformas constitucionales que emprendió la mayoría legislativa de la llamada Cuarta Transformación, desde su instalación en septiembre de 2018, fue lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, presumió como eliminar el fuero presidencial, es decir, que el jefe del Ejecutivo Federal podría ser juzgado, en caso de incurrir en algún delito, como cualquier ciudadano.
Los cambios fueron aprobados en la Cámara de Diputados el 29 de octubre de 2019 por mayoría calificada de 420 votos a favor, 25 en contra y 5 abstenciones. Los legisladores oficialistas alardearon haber eliminado el fuero Constitucional para todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, quienes podrán ser imputados penalmente durante el tiempo de su encargo ante la comisión de un delito.
La ratificación de los cambios por parte del Senado ocurrió el 26 de noviembre de 2020, con 89 votos en favor y 23 en contra, en los términos enviados por la Cámara de Diputados, y, de nuevo, se repitió que con esas modificaciones se suprimía el fuero al Presidente de la República, para que pueda ser juzgado por cualquier delito.
Las nuevas disposiciones entraron en vigor hasta 2021, después de que recibieron el respaldo de la mayor parte de los congresos estatales y fueron promulgadas por el Ejecutivo al publicarlas en el Diario Oficial.
A su vez, el presidente López Obrador celebró la aprobación a la reforma en una de sus tradicionales mañaneras. El mandatario federal destacó que esta enmienda a la Constitución es histórica pues se mantenía este privilegio desde 1857, por lo que después de este periodo, el presidente de la República podrá ser juzgado en funciones por cualquier delito.
Una verdad a medias o, de plano, una mentira.
Desde que se presentó la iniciativa, especialistas en derecho constitucional y algunos legisladores de oposición advirtieron que había un engaño, pues a pesar de las emotivas proclamas de la llamada Cuarta Transformación en los hechos el fuero presidencial seguía firme y prácticamente intocado.
Uno de los que lo puso en evidencia fue el entonces diputado federal por el PRI Héctor Yunes Landa, quien en una colaboración artículo para el diario el Diario de Xalapa, con fecha 7 de septiembre de 2020 explicó:
“Una de las promesas de campaña del presidente López Obrador fue la desaparición del fuero constitucional que protege al titular del Poder Ejecutivo federal. Sin embargo, la iniciativa que envió al Congreso —y que fue aprobada por la Cámara de Diputados el miércoles pasado— sólo amplía el catálogo de los delitos por los que puede ser juzgado. Por tanto, ¡el Presidente de la República sigue teniendo fuero!
“Han sido el propio Presidente y su partido Morena los que han alimentado la percepción de que hoy el mandatario no tiene fuero y que se trata de un hecho histórico. Afirmar que el fuero presidencial desapareció es absolutamente falso. La Constitución mantiene la figura del fuero para el Presidente de la República, quien sólo puede ser juzgado durante el tiempo de su encargo, previo un complejo proceso parlamentario que le permita a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una carpeta de investigación en su contra.
“Lo que aprobamos los diputados federales de todos los partidos -420 votos a favor, 15 abstenciones y 0 en contra- es que el Presidente podrá ser acusado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y por todos aquéllos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano, pero sin perder la protección de su investidura hasta que no se declare proceder penalmente en su contra. Esta protección a la investidura presidencial es, precisamente, el fuero constitucional.
“El proceso parlamentario establece que la Cámara de Diputados conocerá primero de las acusaciones en contra del Presidente y será sometido a la consideración del pleno; por voto de la mayoría absoluta -la mitad más uno- se turnará al Senado para que la Cámara alta sea quien por mayoría calificada -las dos terceras partes- apruebe la destitución del mandatario en funciones y llevar el caso ante la Fiscalía. Es decir, la FGR no puede iniciar el proceso por sí misma. Este complejo proceso parlamentario de protección a la investidura presidencial es, reitero, el fuero constitucional.
En defensa del inquilino de Palacio Nacional se puede restar valor a lo escrito por Yunes Landa, por tratarse de un miembro de la oposición, pero también hay versiones que se pueden calificar de fuentes imparciales, como una nota distribuida por la acreditada agencia de noticias AP, con fecha del 2 de diciembre de 2020:
“LA AFIRMACIÓN: El 26 de noviembre el Senado de México aprobó el retiro del fuero al presidente y desde ahora los mandatarios podrán ser juzgados por corrupción.
“VERIFICACIÓN AP: Parcialmente falso. Expertos en derecho constitucional dijeron a The Associated Press que la reforma en materia de fuero constitucional únicamente consiste en ampliar los delitos por los que el presidente puede ser juzgado. Aunque es verdad que se incluyen los delitos de corrupción, el proceso para juzgar al mandatario no cambió, sigue siendo distinto al del ciudadano común.
El asunto del (no)fuero fue actualizado por la dirigencia nacional del PAN al anunciar que sus legisladores impulsarán una nueva reforma constitucional que, ahora sí, elimine definitivamente el fuero presidencial, y ase aplicará mientras el Ejecutivo está en funciones, con efecto retroactivo y sin que prescriban los delitos graves.
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, criticó que López Obrdor, al final de su mandato anuncie que se va a presentar nuevamente esta iniciativa, pero para que se le quiten los privilegios al siguiente titular del Ejecutivo.
El PAN está de acuerdo en eliminar el fuero, pero “desde ahorita, de forma retroactiva y que no prescriban los delitos, porque el que nada debe, nada teme”.
Cortés recordó que en 2021, López Obrador mintió al asegurar que decretó la eliminación del fuero presidencial, cuando solo reformó la ley para darle mayor protección.
“Una vez más trató de engañar a México, al supuestamente aprobar que el presidente de México podría ser imputado y juzgado durante su mandato por todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado un ciudadano, pero ni siquiera tocó el artículo del fuero y únicamente amplió un catálogo de delitos, algunos hechos de corrupción y delitos electorales y en caso de que tuviera efecto, es un procedimiento de juicio político para el que se requiere además una mayoría absoluta del Senado de la República. Toda una simulación”, indicó.
De engaño a engaño, el mío es más inteligente
El anterior no es el único tema legislativo considerado engañoso que se revisará el recién iniciado periodo de sesiones del Congreso.
De hecho la agenda electoral está llena de asuntos considerados trampas.
Por un lado, está la cada vez más larga lista de iniciativas del inquilino de Palacio Nacional que incluyen la reforma al Poder Judicial y el aumento a las pensiones.
Todos, temas que implican reformas constitucionales que no puede imponer el oficialismo por no tener mayoría calificada, pero que son un anzuelo para tratar de presentar a la oposición como contraria a reformas que benefician al “pueblo bueno”.
Pero los de la oposición no son mancos también tienden sus propias celadas.
Rubén Moreira Valdez, coordinador de los diputados del PRI, pidió a la directiva de su Cámara dar prioridad a su propuesta de reducir la jornada laboral obligatoria de 48 a 40 horas semanales. Obviamente nadie estará en desacuerdo con tener un día más de descanso, pero el costo para la economía nacional tal vez resulte excesivo y obviamente el oficialismo no querrá endosarle a su gobierno una pesada carga, pero votar en contra sería impopular.
La también diputada y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, promueve la pronta revisión de otra iniciativa de impacto popular: reducir de 65 a 60 años la edad para jubilarse. Sería muy negativo para los legisladores oficialista oponerse, cuando al mismo tiempo su líder y guía les impone el compromiso de lograr que se apruebe que las pensiones sean igual al 100 por ciento del salario de los trabajadores al momento de jubilarse.
