AMLO insiste en culpar al Poder Judicial de la incapacidad del Ministerio Público
Miguel Ángel Rivera viernes 2, Feb 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Una vez más, las fallas y deficiencias del Ministerio Público dan motivo al presidente Andrés Manuel López Obrador para lanzar críticas contra el Poder Judicial Federal por liberar a los que considera delincuentes, pero sin poder demostrarlo.
El caso más reciente es la decisión del juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor por haber ordenado el sobreseimiento de las acusaciones contra el abogado Juan Collado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Collado fue detenido en julio de 2019 por agentes de la Fiscalía, bajo el cargo de haber participado en un fraude con la venta, en 2015, del edificio sede de Caja Libertad, una firma dedicada a gestionar el dinero de ahorradores.
No obstante tratarse de presuntos delitos del fuero común, el caso Collado tiene su lado político, pues el abogado ha tenido relación con destacados personajes del sector público, así como de los espectáculos. De manera destacada, entre sus clientes se menciona al ex presidente Enrique Peña Nieto, aunque él lo ha negado. También en su cartera aparecen Othón Cortés, el injustamente acusado de ser “segundo tirador” en el asesinato de Luis Donaldo Colosio; Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos de los mismos apellidos; el ya fallecido dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps; los ex gobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández, y de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid y Roberto Borge, así como el empresario mexico-argentino Carlos Ahumada, uno de los personajes más repudiados por la llamada Cuarta Transformación debido a las filtraciones de videos donde grabó a políticos allegados al ahora presidente López Obrador al momento de entregarles cuantiosas cantidades de dinero en efectivo.
Además, se le relacionó con el Cártel de Sinaloa.
Collado fue detenido precisamente cuando comía en lujoso restaurante con el desaparecido dirigente petrolero. La Fiscalía General de la República acusó a Collado de ser el autor material de esa venta, para la cual se utilizaron cuatro empresas fachadas y así obtener 156 millones de pesos, de los que 24 millones fueron depositados en una de sus cuentas bancarias en 2010.
Al litigante se le aplicó la prisión preventiva oficiosa por lo que ha estado privado de la libertad durante cuatro años, aunque no siempre en prisiones, pues por padecer enfermedades crónicas ha pasado temporadas en hospitales o en arresto domiciliario.
Por ello, la decisión del juez federal de declarar el sobreseimiento implica dejarlo en total libertad, pues estaba en arresto domiciliario.
De inmediato, la Fiscalía General de la República anunció que apelaría a esa determinación del juez Gustavo Aquiles Villaseñor, pero los enterados advierten que difícilmente podrán avanzar en sus denuncias, pues en los cuatro años que ha durado el juicio, no han podido presentar pruebas suficientes para conseguir una condena.
Airado, en su mañanera de ayer, jueves, López Obrador arremetió en contra, del Poder Judicial Federal, al asegurar que “está podrido”.
Ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de Salinas de Gortari, los jueces también, y es una tras otra, está podrido el Poder Judicial o para no decirlo tan fuerte está secuestrado por la oligarquía”, externó.
El líder y guía de la llamada Cuarta Transformación censuró la decisión del juez y acusó al Poder Judicial de estar al servicio de una minoría, situación que reavivó su propuesta de presentar una reforma para que sea a través de una elección popular como sean electos los jueces, magistrados y ministros.
El inquilino de Palacio Nacional también confirmó que la FGR presentará una acción legal para revertir la decisión del juez federal que dejó en libertad al abogado y aprovechó para reiterar que el Poder Judicial está al servicio de una minoría.
La denuncia contra el fiscal de Morelos, otro caso aparentemente perdido
La llamada Cuarta Transformación tiene otro motivo de queja contra el Poder Judicial. Se trata, nada menos, que de la denuncia contra el Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona, acusado de ocultar o tergiversar peritajes que convirtieron el caso del supuesto asesinato de la joven Ariadna Fernanda López, y en la Ciudad de México para presentarlo como una muerte accidental.
La joven murió en la ciudad de México, pero su cuerpo fue arrojado en terrenos del estado de Morelos por sus presuntos asesinos. Al realizar los peritajes correspondientes, la Fiscalía del vecino estado determinó que no fue homicidio, sino muerte accidental por broncoaspiración.
Por sospechas de parientes de la joven muerta, la Fiscalía General de la Ciudad de México realizó una segunda autopsia, por la cual determinó que sí se trataba de un homicidio.
Por alguna razón, la ex fiscal Ernestina Godoy —que no fue ratificada en el cargo— tomó el asunto como personal e inclusive involucró a su entonces jefa, la ahora candidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum.
Además, se sumó a la persecución contra Carmona, la Fiscalía General de la República (FGR) que comanda Alejandro Gertz Manero, que confirmó que la joven Ariadna Fernanda había muerto de un golpe contundente en la cabeza.
La acción combinada de las fiscalías capitalina y federal logró convencer a los diputados del oficialismo para que desaforaran a Carmona y pudiera ser juzgado por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, así como asumir el cargo sin acreditar exámenes de control de confianza.
El desafuero fue concedido por la Cámara de Diputados federal, pero el Congreso de Morelos no aceptó que Carmona fuera puesto a disposición de un juez, porque su fuero se lo concede la Constitución del estado, no la federal.
Como complemento el fiscal morelense tramitó y obtuvo un amparo, por lo que sigue en funciones, aunque pasó unos días en un penal federal de alta seguridad.
Además, su abogado Gabriel Regino García —ex subsecretario de Seguridad Pública en el DF cuando lo gobernaba López Obrador— denunció que su cliente era perseguido por motivos políticos, ya que no aceptó cumplir consignas del gobernador Cuauhtémoc Bravo Blanco.
Como remate, a favor de Carmona, la titular del juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, María del Carmen Sánchez Cisneros, le otorgó una suspensión definitiva que ordena suspender por tiempo indefinido la apertura a juicio oral en el proceso que se inició contra el titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento en el caso de Ariadna Fernanda López.
La FGR obtiene nuevas órdenes de aprehensión contra
militares involucrados en la masacre de Iguala
Otro de los casos de máximo interés para el presidente López Obrador, en el que los investigadores del oficialismo no han podido tener éxito es en aclarar la desaparición de 43 normalistas, ocurrida hace más de nueve años en Iguala.
En el intento por invalidar la “verdad histórica” elaborada durante el gobierno del expresidente Peña Nieto y de confirmar las afirmaciones presidenciales en el sentido de que fue un “crimen de estado”, la Fiscalía General de la República (FGR) culpó a 16 militares de estar coludidos en la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, de los cuales ocho se presentaron voluntariamente ante el juez instructor y quedaron presos bajo el recurso de la prisión preventiva oficiosa.
Bajo los nuevos criterios en materia de derechos humanos, la prisión preventiva oficiosa es considerada una violación a esos derechos fundamentales y, con el antecedente de haberse presentado voluntariamente, un juzgado federal autorizó que continúen su proceso en libertad.
Ante esto, se inconformaron el inquilino de Palacio Nacional y la FGR, la cual solicitó y obtuvo una nueva orden de aprehensión en contra de los ocho militares. Esta vez el Ministerio Público Federal les imputará la comisión del delito de delincuencia organizada. Los conocedores estiman poco probable que se materialicen los deseos de los fiscales.
De hecho, este caso ya provocó una división en las filas del oficialismo, pues los militares son defendidos por abogados contratados por la Secretaría de la Defensa, quienes han demostrado mayor capacidad que los fiscales del gobierno, que no han obtenido una sentencia condenatoria.
