El asesinato de Colosio no es un asunto de Estado, sólo es un crimen del fuero común
Miguel Ángel Rivera miércoles 31, Ene 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Luego de la petición del alcalde de Monterrey y candidato a senador por MC, Luis Donaldo Colosio, para que indulte al asesino confeso de su padre del mismo nombre, el entonces candidato presidencial del PRI, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó por considerar que se trata de un asunto de Estado, pero con esa respuesta evidenció una vez más sus escasas luces en materia de derecho y de justicia.
Aunque tal vez el error provenga de sus asesores en esas materias, lo cierto es que, de ninguna manera, el asesinato del entonces aspirante a la Presidencia de la República, ocurrido hace casi 30 años, se puede considerar un asunto de Estado. Es más, ni siquiera alcanza el calificativo de magnicidio, que muchas veces se le concede en los relatos periodísticos y literarios.
Ya se sabe que el inquilino de Palacio Nacional tiene muchos resquemores contra el Poder Judicial Federal, al grado de pretender reformarlo de raíz y la realidad es que jueces, magistrados y ministros con frecuencia le desmienten o frustran sus intentos de modificar leyes y procedimientos.
En el caso del asesinato de Colosio Murrieta, ocurrido en marzo de 1994, el desmentido al político tabasqueño ocurrió antes de alegar que se trata de un asunto de Estado.
Desde octubre del año pasado, tras 29 años en prisión, un tribunal colegiado canceló la sentencia de 45 años impuesta a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
La decisión del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México respondió al amparo promovido por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), por considerar que a Mario Aburto se le juzgó con base en el Código Penal federal, y no con el de Baja California, estado donde aconteció el magnicidio.
En consecuencia, se dejó insubsistente la resolución de 22 de diciembre de 1994 del entonces Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal, con sede en Almoloya de Juárez, (Estado de México)”, que juzgó a Aburto con base en el Código Penal Federal, pues debieron aplicarse las leyes de Baja California.
En otras palabras, para la justicia el ataque contra el candidato presidencial fue un simple homicidio, no un magnicidio ni mucho menos un caso de Estado. Tal vez esto genere numerosos comentarios negativos y, por supuesto, la incomodidad y el desacuerdo presidenciales, pero así es la ley, pues en ese momento el extrañado Colosio Murrieta no era un alto funcionario de la Federación ni mucho menos un Jefe de Estado.
En consecuencia, cabe la posibilidad de que ni siquiera sea necesario el indulto propuesto por el hijo de la víctima, Luis Donaldo Colosio Riojas, pues al aplicar el Código Penal de Baja California, el próximo 23 de marzo, Mario Aburto Martínez cumplirá con la pena máxima por homicidio en ese estado.
De hecho, de acuerdo con la Defensoría de Oficio, también está abierta la posibilidad de su salida anticipada.
De hecho, desde octubre anterior, la Defensoría espera que en los próximos días se emita la nueva sentencia, que deje en libertad a Mario Aburto y considere compurgada la pena con base en la ley local aplicable”, precisó el IFDP en un comunicado.
Pero como la justicia avanza con lentitud, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, que el reciente 6 de diciembre determinó revisar la decisión del tribunal colegiado y comisionó el asunto al ministro Jorge Pardo Rebolledo. Los conocedores estiman que su ponencia será analizada en días próximos.
Al aceptar la revisión, el tribunal constitucional notificó a la FGR que el expediente no se entregó en su totalidad. La revisión comenzaría una vez que se reciba la documentación faltante.
En conclusión, aunque el homicidio causó gran impacto en nuestra sociedad y seguramente influyó en la historia reciente de nuestro país, no puede sostenerse en términos jurídicos la afirmación de López Obrador de que se trata de un asunto de Estado, pero al político tabasqueño lo que le importa es el impacto electoral, pues así cumple con parte de su responsabilidad apenas encubierta de jefe de campaña de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum Pardo.
Los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud
Morena, el partido que el presidente López Obrador fundó en 2014, fundamentó su campaña para alcanzar el poder en promesas de combatir la pobreza, promover un gobierno austero y por supuesto, erradicar la corrupción y la impunidad.
“Por ello, a dos años de terminar su sexenio, y especialmente este 9 de diciembre en el Día Internacional contra la Corrupción, es importante contrastar sus afirmaciones con datos y casos específicos que han ocurrido durante su administración y demuestran lo contrario a lo que prometió”, escribió el 9 de diciembre de 2022 la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad MCCI, con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra en esa fecha.
Para entonces, recordó la organización no gubernamental (y, por tanto repudiada por el inquilino de Palacio Nacional), López Obrador ya había dado por muerta la corrupción en nuestro país nada menos que en diez ocasiones.
En una de esas declaraciones, el 11 de marzo de 2021, el político tabasqueño aseguró:
“Se lleva bastante avance, no hay corrupción, aunque les dé coraje a los conservas, ya se acabó. Porque el Presidente no es corrupto y no tolera la corrupción. Se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras, eso es lo fundamental. Si hay corrupción no se puede resolver nunca el problema, porque es mentira que el Presidente no sepa”, dijo mientras sostenía un pañuelo blanco.
En esa oportunidad, el político de Macuspana afirmó que el gobierno de México está atendiendo todas las demandas de corrupción y posibles abusos de autoridad para que no se cometan injusticias contra ninguna persona, y así, garantizar la paz y la seguridad.
Por el contrario, MCCI escribió: “Durante su campaña e incluso todavía el 1 de diciembre de 2018 cuando López Obrador asumió la Presidencia afirmó que en su administración “No habría amiguismo, nepotismo e influyentismo”, pero hay más de un caso que se relaciona con la injerencia de sus relaciones personales en la asignación de cargos públicos y encomendación de proyectos”.
Esta última afirmación ha sido confirmada con diversas denuncias acerca de la asignación directa, sin concurso como establece la ley, de cuantiosos contratos a amigos y allegados a la llamada Cuarta Transformación.
Todo esto viene al caso porque ayer, en otro indirecto desmentido, la organización Transparencia Internacional publicó su Índice de Percepción de la Corrupción 2023, escalafón en el que México ocupa el nada honroso sitio 126 entre 180 naciones que fueron tomadas en cuenta para el estudio.
Como si se hiciera especial referencia a nuestro país, el título de la clasificación advierte que “El debilitamiento de los sistemas de justicia deja a la corrupción sin controles”.
Transparencia Mexicana destacó que, por tercer año consecutivo, México mantuvo la misma calificación en el IPC: 31 puntos. La escala del índice va de cero, la peor calificación, a 100, la mejor calificación posible. Con 31 puntos, México se ubica en la posición 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.
México obtuvo la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán. Los países mejor evaluados en 2022 fueron Dinamarca (90 puntos), Finlandia y Nueva Zelanda (87 puntos), seguidos de Noruega (84 puntos), Singapur y Suecia (83 puntos). Los países peor evaluados fueron Siria y Sudán del Sur con 13 puntos, y Somalia, el peor calificado, con 12 puntos.
Entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ocupó la última posición. En el llamado G20, el grupo que incluye a las principales economías del planeta, México y Rusia ocuparon los últimos lugares.
Por otro lado, como si se tratara de un desmentido a los rumores de divisiones en la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, la dirigencia nacional del PRI ratificó ayer que respalda la candidatura del panista Santiago Taboada Cortina para jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
El comunicado, dice que se determinó que sólo uno de los aspirantes logró el consenso de los tres integrantes de la alianza para ser considerado precandidato, por lo que se pedirá al PAN continuar el procedimiento de nominación.
