A pesar de todo, Consejo Político del PRI autoriza participar en gobiernos de coalición
Miguel Ángel Rivera viernes 12, Ene 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
A pesar de las numerosas y severas críticas que ha recibido por su acuerdo con el PAN para dividir cargos públicos y otras posiciones como parte de su alianza para vencer en las elecciones de gobernador de Coahuila —el único estado donde conserva el poder— la dirigencia nacional del PRI aprobó participar en gobiernos de coalición a partir de eventuales victorias en los venideros comicios del 2 de junio.
La autorización proviene del Consejo Político Nacional (CPN), el órgano colegiado del partido que es la máxima autoridad, luego de la Asamblea Nacional.
Como ocurrió en Coahuila para las elecciones de 2021, no se dieron a conocer detalles para integrar esos gobiernos de coalición, pues se presume que deberán de ser convenios casuísticos, conforme a las especiales condiciones de cada entidad federativa, además de uno general para el caso de la Presidencia de la República.
Precisamente desde la sede del Ejecutivo Federal, el Palacio Nacional, surgieron las principales críticas contra el convenio PAN-PRI en Coahuila, que se encargó de develar el dirigente nacional del partido azul, Marko Cortés, por considerar que el gobernador priista Manolo Jiménez incumplió lo pactado.
En su función de jefe de campaña de Morena y satélites —tal vez con la esperanza de que los desacuerdos en Coahuila sean el principio del rompimiento del bloque opositor— el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó su conferencia mañanera para expresar su repudio al acuerdo de panistas y priistas, al cual calificó de “mafioso”.
Luego de sostener que el acuerdo entre el PRI y el PAN en Coahuila demuestra que cuando “se reparte mal el botín, hay motín”, el inquilino de Palacio Nacional señaló que, “de manera descarada, fantástica o surrealista” lo denunciado por el presidente del PAN, Marko Cortés, es histórico, porque “revela cómo trabajan los sistemas autoritarios, corruptos y antidemocráticos” que prevalecieron por siglos en México.
Sin duda, los negociadores del tricolor y del azul incurrieron en excesos al incluir en el convenio cargos que no dependen de la contienda electoral, como las notarías y las recaudaciones de impuestos, pero también se debe tener en cuenta que constituir gobiernos de coalición es una novedad en México.
Con anterioridad, algunos gobiernos han abierto espacios a personajes que no militan en su partido, pero eso era decisión de los mandatarios, que integraban sus equipos de trabajo sin consultar ni mucho menos someter sus nombramientos al escrutinio de otras personas o instituciones.
De hecho, el presidente López Obrador ha tenido que tomar en cuenta en sus designaciones a sus aliados del PT y el PVEM, pero sin llegar a integrar un verdadero gobierno de coalición. Por el contrario, se esfuerza por concentrar el mayor poder en su persona, como lo explican sus nombramientos para ministros de la Suprema Corte de Justicia y sus esfuerzos por anular o de plano desaparecer a los organismos autónomos.
Con todo, las críticas llegaron al grado que Morena interpuso una queja en contra de Marko Cortés, líder nacional del PAN, el gobernador de Coahuila y los dirigentes de esa alianza, por considerar que “las coaliciones no son para repartirse un botín”.
La alianza opositora sigue firme
A pesar de esas recriminaciones del político tabasqueño y desde otros frentes, incluido el disgusto de la virtual candidata presidencial de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.
Gálvez calificó de “inaceptable” el acuerdo electoral signado entre el PAN y PRI en Coahuila. “Desde el punto de vista ético, para mí, jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice”, aseguró en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula.
La precandidata presidencial opositora defendió que las notarías deben asignarse por exámen de oposición y las direcciones de las escuelas por capacidades y talento, lo que ella peleó dentro del Senado de la República.
“Me apena que pasen estas cosas, pero conmigo dejarán de pasar”, agregó.
Por separado, en la reunión del CPN, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, destacó el trabajo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, a quien definió como “un político joven echado para adelante, digno representante de la nueva generación de priístas en nuestro país”. Recordó que el mandatario coahuilense emanó de una coalición “amplia, representativa, plural y potente”.y sostuvo que el tricolor “cumplirá a cabalidad los acuerdos emanados del diálogo y el consenso entre las fuerzas políticas” que forman parte de la coalición Fuerza y Corazón por México.
El dirigente del tricolor indicó a los integrantes del Consejo Político Nacional tricolor que no pueden perder de vista que “la principal herramienta en este proceso es la coalición Fuerza y Corazón por México”, por lo cual, dijo, “tenemos que actuar con inteligencia y responsabilidad política para fortalecerla y asegurar su viabilidad a largo plazo”.
Afirmó que las definiciones deben basarse “en la competitividad, la rentabilidad electoral y en la construcción de acuerdos y consensos que le garanticen viabilidad a la coalición”.
Moreno señaló que la elección del próximo 2 de junio “presenta ante los mexicanos dos caminos: El camino de la destrucción, del México en llamas, endeudado, empobrecido y enfermo, herencia del oficialismo autoritario de Morena; y el camino del México que queremos, libre, democrático, próspero, con oportunidades y, sobre todo, en paz, de la mano de Xóchitl Gálvez”.
La decisión de participar en gobiernos de coalición es uno de los puntos sobresalientes de la Plataforma Electoral para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, aprobada por el referido CPN. El presidente del PRI lo definió como un documento en el que se pone de manifiesto la lucha del tricolor por la consolidación del régimen democrático, la restauración del sistema de pesos y contrapesos, la instauración de los gobiernos de coalición y la superación de las crisis que enfrenta México.
Por otra parte, en esa sesión extraordinaria del CPN se aprobó la expulsión de las diputadas locales de la Ciudad de México Mónica Fernández y Wesly Jiménez, ordenada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria por votar por la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal capitalina, a pesar de un mandato en contrario del mismo órgano partidista.
Además, Moreno expresó su total reconocimiento a las y los diputados locales que dieron la cara por su partido, por la ciudadanía, por las víctimas —a quienes el PRI sí escuchó y sí defendió— y que jamás se doblaron. En el PRI, dijo, no se juega.
Denunció que lo que vivimos y vimos en la Ciudad de México fue un ejemplo más de las tácticas que emplean los gobiernos populistas de Morena, de corte autoritario, para desarticular el régimen democrático e imponer sus criterios.
La desaparición de normalistas y la descentralización
del gobierno se agregan al saldo negativo de la 4T
Mientras sus seguidores tratan de festejar los “grandes logros” de su administración, López Obrador tuvo que reconocer el incumplimiento de dos de sus grandes promesas de campaña: su gobierno no ha logrado solucionar el caso de la desaparición de los 43 normalistas secuestrados en Iguala y tampoco logró la descentralización de las dependencias del gobierno federal, que anunció con gran estruendo.
El incumplimiento de solucionar la tragedia de Iguala se puso en evidencia porque, nuevamente, los padres de los 43 dejaron las negociaciones con la Secretaría de Gobernación.
“Nos levantamos porque son unos tramposos”, dijo uno de los padres, porque no se atendió su petición de presentarles los archivos que hacen falta en la investigación, según el GIEI.
En inmediata respuesta, López Obrador recurrió a una de sus estratagemas: el cambio de opinión. “Ya no les tengo confianza a los del GIEI”, dijo el mandatario.
En su misma mañanera, López Obrador admitió que la descentralización de las secretarías de Estado no se concretará en este sexenio, pues señaló que “ faltó tiempo; nos afectó bastante la pandemia”.
Falta conocer cuántos millones de pesos se gastaron en alquilar o comprar inmuebles que no han sido ocupados, como los contratados por la Secretaría de Educación Pública en Puebla o la de Salud en Acapulco, que “ya estaban listos”, según funcionarios de las mismas.
