Trife fraudulento
Freddy Sánchez jueves 4, Ene 2024Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será la máxima instancia legal en el país para certificar la legalidad de las elecciones, qué seguridad se puede tener de que esa certificación sea en respaldo inequívoco a la democracia.
Quizás Cantinflas podría recordarnos su famoso dicho de: “ahí está el detalle”…
Y no es una cuestión menor que realmente se cuente con un órgano autónomo, independiente, imparcial y, sobre todo, veraz en calidad de custodio de la voluntad popular en México.
Aquello de que: “la burra no era arisca, los palos la hicieron”, viene más que a cuento o como diría el presidente López Obrador: “como anillo al dedo”, por aquello que se dice sobre posibles contubernios de instancias electorales y de justicia con distintos actores políticos.
Por un lado, los protagonistas más encumbrados de la Cuarta Transformación y por el otro, los opositores al régimen actual. Mucho ha sido el tiempo de escuchar al Presidente y sus críticos acusándose mutuamente de afanes de control del INE, el TRIFE y la Suprema Corte de Justicia a manera de facilitar el acceso a cargos de representación popular con motivo de las próximas elecciones.
Andrés Manuel “no quita el dedo del renglón” señalando a jueces, magistrados y ministros como parte de la mafia del poder que desde su particular óptica está desesperada para recuperar la presidencia y por lo mismo usa a los tribunales como “punta de lanza” contra la 4T. Y en el mismo tenor se expresan los adversarios del jefe del Ejecutivo, diciendo que es más que evidente que su mayor interés sigue estando en “borrar” hasta el último órgano autónomo e independiente que obstruya su obsesión de mantener una prevalencia del poder morenista, incluso mayor que la que tuvo el PRI, en la actualidad la “nueva casa” de un sinnúmero de ex priistas algunos con la etiqueta de “dinosaurios” y “cartuchos quemados”.
Justo lo mismo que se critica a los integrantes del Revolucionario Institucional que en opinión de algunos de sus actuales representantes ha logrado recuperar aliento gracias a la integración del Bloque Opositor, y por tal razón, a su decir, el gobierno de Andrés Manuel ejecuta toda clase de acciones para anular la renaciente fuerza de sus adversarios políticos. Así las cosas, es de hacer notar que en medio del evidente manejo político electoral en curso lo que sucede en las instancias competentes suele ser visto como parte de la “guerra sucia” previa a la contienda del próximo año.
En el Trife, la pugna suscitada para un cambio de mando de la presidencia se atribuyó a una de dos posibilidades o las dos juntas: que los magistrados se diputan el control del tribunal alentados por codicias personales o intereses políticos externos.
El caso es que los acontecimientos recientes denotan la fragilidad que puede llegar a tener la estructura de supervisión electoral cuando internamente surgen diferencias justificables o deshonestas y tal cosa se aprovecha para lo que se ha dado en llamar la politización de la justicia.
Algo que por lo regular tiende a favorecer a los que ponen en contra a los magistrados o ministros con la obvia intención de dictarles consignas afines a sus propios intereses. En ese contexto, es imposible visualizar culpables de un solo lado, ya que lo habido en el pasado se encargó de demostrar que los líderes de partidos políticos y quienes suelen ser “la mano que mueve la cuna” no son del todo partidarios de enfrentar órganos verdaderamente autónomos e independientes. Y lógicamente en cuanto al tribunal se refiere no faltarán los que prefieren a su servicio un Trife fraudulento.
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