Sin sorpresa, las abogadas enviadas al sacrificio cayeron en el Senado
Miguel Ángel Rivera jueves 30, Nov 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Más que la crónica de una muerte anunciada, la elección de nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia se ha convertido en un documental de cómo se cierra la trampa colocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para quedar en libertad de imponer su voluntad y colocar en ese alto sitio una fiel y sumisa abogada.
Esta vez, el primer mandatario tiene la ventaja adicional de que de ninguna manera podrá ser acusado, como en otras ocasiones, de violar la Constitución, pues en este caso la más que visible imposición se ajusta a lo que dispone el artículo 96 de la Carta Magna acerca del remplazo de ministros del máximo tribunal del país.
Este procedimiento que más parece un conocido truco de prestidigitador, en donde todo mundo sabe que hay un engaño, pero no puede evidenciarlo y ni siquiera llamarlo engaño.
Por el contrario, todo mundo está seguro —y López Obrador no hace ningún esfuerzo por ocultarlo— de que el nombramiento de la ministra es parte de un plan mucho más amplio del político tabasqueño de tener el control de los tres poderes de la República, pues ya tiene un sumiso Congreso de la Unión, donde el oficialismo (Morena-PT-PVEM) aprueba todo lo que le ordena el inquilino de Palacio Nacional y desea tener la docilidad de cuatro ministros, con lo cual puede nulificar cualquier intento de la Suprema Corte de bloquear medidas que van contra la ley, como ha ocurrido ya.
Claro, si esto no se concreta, queda pendiente el llamado “plan C”, que no es otro que modificar la Constitución y leyes reglamentarias para que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular. Pero concretar ese proyecto depende de que la llamada Cuarta Transformación logre una arrolladora victoria en las elecciones de junio venidero, para alcanzar mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión.
Antes de avanzar en la revisión de este panorama, conviene revisar lo que dispone el mencionado artículo 96 constitucional:
“Artículo 96.- Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.
“En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República”.
Las tres candidatas propuestas cumplieron su papel de víctimas
Conforme a esos lineamientos, se sabía que ninguna de las integrantes de la primera terna enviada por López Obrador al Senado llegaría a convertirse en ministra de la Suprema Corte de Justicia, pues como resultaba previsible, el bloque opositor, integrado por los legisladores del PAN, PRI, PRD y, en este caso, también MC, anunciaron de inmediato que no aceptarían a ninguna de la propuestas.
Esto también estaba claro para el Ejecutivo Federal, pues ninguna de sus recomendadas cumplía con los requisitos establecidos en la ley. En especial debería saberlo la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Estela Ríos González, quien no obstante aceptó ser incluida en la relación de las tres incondicionales enviadas al sacrificio.
Ríos González está impedida porque su cargo tiene rango de secretaría de Estado, aunque ella alegó que esa dependencia no está incluida en las expresamente vetadas en el párrafo VI del artículo 95 constitucional que dice: “No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento”.
Como quiera que sea, la cercanía de Ríos González con el primer mandatario era un impedimento para los legisladores de oposición, siempre colocados por López Obrador como enemigos y hasta calificados de traidores a la nación.
El mismo impedimento aplica para las otras dos integrantes de la terna, Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama, sobre las cuales recae también la carga del nepotismo, pues la primera es hermana de la secretaria de Gobernación y la segunda del jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Los senadores de oposición cumplieron ayer también con lo que dice el libreto, pues votaron en contra y rechazaron en pleno la terna que les remitió el inquilino de Palacio Nacional
Ninguna de las candidatas sumó suficientes votos para alcanzar la obligada mayoría calificada.
La que sumó más sufragios fue Bertha Alcalde Luján, con 58, mientras que Lenia Batres sumó cinco y María Ríos sólo 2. En contra de la terna sumaron 44 votos.
Esto quiere decir que inclusive dentro de las filas de Morena hay desacuerdos, pues si hubiese un convenio interno, todos sus votos habrían ido para una sola de las propuestas.
Falta conocer los nombres de las víctimas que enviará López Obrador al sacrificio en la próxima terna, pero todo indica que se cumplirá el libreto previamente diseñado. Se llegará al punto en que se cumpla lo dispuesto en el sentido de que la ministra será designada única y directamente por López Obrador, pues no desperdiciará la oportunidad de dejar constancia de quién es el que manda.
Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo
En los medios políticos nacionales se critica mucho a los tránsfugas, conocidos popularmente como chapulines, que saltan de un partido a otro cuando no se cumplen sus ambiciones de ser postulados a un cargo de elección popular.
Este fenómeno afecta en particular a los partidos ganadores. Le sucedió al PRI, al PAN y ahora a Morena.
En la actualidad, uno de los casos más notorios es el del gobierno de Morelos. Primero, el ahora gobernador saliente, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo llegó al cargo postulado por una coalición integrada por Morena, PT y PES. El partido que lo impulsó inicialmente fue del Social Demócrata, que lo llevó a la presidencia municipal de Cuernavaca, pero como ese instituto político perdió el registro oficial, pareció natural que el ex deportista profesional buscara otros rumbos y, ya como mandatario estatal, optó por acercarse a Morena y en lo personal se ha hecho aparecer como cercano al presidente López Obrador.
Pero si Blanco Bravo llevó recursos a Morena, también le sumó sus problemas, pues su mandato ha sido calificado como uno de los peores de la República y ha tenido muchas confrontaciones personales, una de ellas con el Fiscal (que en el estado es autónomo) Uriel Carmona, conflicto que le trasladó a su aliada política la ahora candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum y, en particular, a la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy, quien ahora está a punto de perder la reelección en el cargo.
Supuestamente, por su relación amistosa con el fiscal repudiado por Cuauhtémoc, la senadora Lucía Virginia Meza Guzmán se sumó a la lista de enemigos del mandatario estatal, al grado que fue marginada del proceso interno de Morena para elegir a su candidato para el gobierno morelense.
Se dice que influyó el veto del gobernador saliente, pero es de tener en cuenta que el real mandamás de Morena, el inquilino de Palacio Nacional, había sembrado desde antes a su favorita, Margarita González Saravia, a quien le había confiado una de las consideradas “cajas chicas” del gobierno federal, la Lotería Nacional.
El hecho es que, ayer, la Comisión Política Permanente del PRI, aprobó la participación de la senadora, en su calidad de simpatizante (aunque su carrera política la inició en ese partido), en el proceso de selección para la candidatura a la gubernatura del Estado de Morelos. De hecho, es la candidata del tricolor.
El presidente del PRI, Alejandro Moreno, destacó que, cada vez, son más los ciudadanos que suman al proyecto del PRI y de la coalición Fuerza y Corazón por México, y lo hacen, dijo, basados en principios, en ideas y en tener un enorme compromiso con los mexicanos de todas las regiones del país.
