Antes, AMLO buscaba a organizaciones populares y ahora se esconde de ellas
Miguel Ángel Rivera martes 28, Nov 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Después de muchos años de presentarse como amigo y protegido del pueblo bueno y sabio, ya muy cerca del final de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador se queja ahora casi cotidianamente de ser perseguido y asediado por esos grupos populares.
La primera ocasión en que se presentó como potencial víctima de enemigos que pretenden exhibirlo, desprestigiarlo y denigrar su investidura presidencial ocurrió en octubre de 2021, cuando el jefe del Ejecutivo anunció que no asistiría a la sede del Senado de la República a entregar la medalla Belisario Domínguez a la economista Ifigenia Martínez, una de las fundadoras de la Corriente Democrática, el grupo disidente precursor del proceso transformador del que ahora el político tabasqueño se ostenta como culminador.
La legisladora sonorense, quien llegó al Legislativo precisamente a invitación de López Obrador, pero luego abandonó el partido oficial, Morena, por desacuerdos con algunas de las propuestas provenientes de Palacio Nacional, había anunciado en redes sociales que le haría frente al mandatario cuando acudiera a la sede del Senado, pero luego de la cancelación de la visita presidencial aclaró que no era un llamado a una agresión como se ha estado exhibiendo en redes por órdenes del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas.
Como quiera, quedó el antecedente de que el jefe del Ejecutivo no está dispuesto a escuchar protestas que dañen su investidura.
Esta actitud del inquilino a Palacio Nacional volvió a manifestarse recientemente, luego del desastre provocado en Acapulco y otras zonas de Guerrero por el huracán “Otis”.
Oficialmente, López Obrador ha visitado media docena de ocasiones la llamada Perla del Pacífico, pero en todas ocasiones ha evitado las reuniones masivas, por lo que su presencia ha pasado inadvertida para la mayor parte de los damnificados. El pretexto presidencial es que sus “enemigos” (no identificados) le pueden enviar provocadores para demeritar el trabajo de reconstrucción para el cual, por cierto, no se dispuso ninguna partida especial en el presupuesto federal para el año venidero, por disposición del inquilino de Palacio Nacional, seguida pie juntillas por los diputados de la mayoría oficialista.
Otra cancelación presidencial se dio también en Guerrero, en una de las zonas más pobres de toda la República, la región de La Montaña, en la ciudad de Tlapa, donde se inauguró un Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT).
Esta vez el motivo de la ausencia presidencial fue la aparición de un grupo de profesores afiliados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), parte de la disidencia magisterial que lucha por reivindicaciones para su gremio, sin hacer distinciones respecto a quién está al frente del gobierno federal.
El contingente de profesores que se apostó a las afueras del nuevo CRIT desde primera hora anunció que su propósito era entregar un pliego petitorio al primer mandatario, pero con su presencia justificaron la ausencia del jefe del Ejecutivo federal, quien, por su parte, pudo disfrutar un poco más una estancia en la capital de Oaxaca que se mantuvo casi en secreto, luego de un breve paso por Tuxtepec.
Los maestros dijeron que mantenían una “protesta pacífica” y demandaban dialogar con el Presidente para entregarle el pliego petitorio que restablezca la mesa nacional con la CNTE para que se revise todas las demandas nacionales, ley del ISSSTE, aumento salarial real a los maestros y eliminar la Unidad de medida Administrativa.
El dirigente de la CETEG, Héctor Torres, reivindicó la movilización por la ruptura del diálogo con el gobierno federal señalando que las demandas son puntuales. Acusó a personal de los gobiernos federal y del estado de frenar la marcha hasta la nueva sede del CRIT a pesar de que era una “movilización pacífica para que se reanude el diálogo. No llegamos a provocar, ni mucho menos frenar un evento que el presidente tiene. Ustedes saben que al momento de frenar algo pues esto sucede”.
A su vez, el político de Macuspana sostuvo que su ausencia a dicho evento fue responsabilidad de los profesores inconformes.
En sus redes sociales expresó:
“No pudimos asistir a la inauguración del centro de rehabilitación porque un grupo de maestros estaban en actitud de provocación y en busca de conflicto, de pura casualidad, con todos los medios de manipulación, incluido el inmundo pasquín del Reforma. Lo bueno es que ya está funcionando esta instalación en beneficio de niñas y niños pobres con discapacidad. Ya llevo mucho tiempo evadiendo el acoso de extremistas y de oligarcas, luchando por la justicia y aplicando el principio de la no violencia.
Lo que pasa es que la CETEG, como todos los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han rehusado convertirse en aliados de la llamada Cuarta Transformación. De hecho, ya en otra ocasión, en Chiapas, tuvieron bloqueada la comitiva presidencial, también con el propósito de presentar directamente al mandatario las demandas que consideran incumplidas tanto por anteriores gobiernos como por el presente.
El gobierno de AMLO no puede disponer del dinero de los fideicomisos
Otro motivo de queja de López Obrador, éste en contra de su repudiado Poder Judicial Federal, es la decisión de una juez federal de ordenar la suspensión definitiva del decreto por el cual los legisladores federales del oficialismo decidideron que se extinguieran 13 fideicomisos y el dinero, más de 15 mil millones de pesos, fueran entregados al Ejecutivo.
Como señalamos en su oportunidad, para ganarse a la opinión pública, el presidente López Obrador anunció que ese dinero sería empleado para ayudar a los damnificados de Guerrero por el huracán “Otis”.
Funcionarios del Poder Judicial de la Federación, encabezados por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, dijeron estar dispuestos a negociar para llevar más ayuda a Guerrero, pero aclararon que la mayor parte de los fideicomisos resultan intocables porque es dinero aportado por los trabajadores del Poder Judicial y no provienen de fuentes gubernamentales.
En este sentido, la titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, concedió una suspensión definitiva a la Asociación de Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito (JUFED), con lo que se frena la desaparición de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Dicha sentencia también detiene la entrega de los recursos que forman parte de esos fideicomisos a la Tesorería de la Federación, como lo habían decidido los legisladores oficialistas.
En su sentencia, la juez precisa que la medida cautelar tiene efectos generales y se mantendrá en vigor hasta que se resuelva de fondo el amparo tramitado por la organización de trabajadores del Poder Judicial.
En un comunicado, la JUFED reiteró que la extinción de dichos fideicomisos afecta derechos adquiridos previstos en las Condiciones Generales de Trabajo.
La organización recordó que ese fallo dispone “que no se extingan ni se haga entrega de los fondos, recursos remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los 13 fideicomisos a la Tesorería de la Federación, correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, involucrados en el Decreto legislativo reclamado.
“Lo anterior, en virtud de que la suspensión ahora en definitiva se concedió respecto de la norma reclamada para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, pero con efectos generales por impactará todo el personal de la Judicatura Federal; lo cual implica que los fondos de dichos fideicomisos se seguirán aplicando para cumplir con su objeto y fines originalmente determinados en ellos, cuyo destino final se determinará en una sentencia constitucional”, apuntó la JUFED.
Al respecto, es de recordar que los diputados federales del PRI, PAN y PRD, también presentaron una acción de inconstitucionalidad, contra la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, aseguró que esta acción es necesaria para fortalecer la democracia.
