El TEPJF resiente la hostilidad combinada de senadores y diputados oficialistas
Miguel Ángel Rivera viernes 3, Nov 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Como parte del Poder Judicial Federal y por “méritos” propios, el Tribunal Electoral (TEPJF) está ahora bajo el asedio de la llamada Cuarta Transformación.
Por una parte, como ha ocurrido con otros organismos autónomos e incómodos para el actual gobierno federal, los senadores oficialistas tienen prácticamente paralizado el proceso para designar a dos magistrados electorales faltantes y sus cófrades diputados federales están a punto de ejecutar un cuantioso recorte al presupuesto solicitado por ese tribunal que es la última instancia en materia electoral y cuyas sentencias son inapelables.
A diferencia de lo que sucede con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual quedó paralizado casi medio año por la falta de tres de sus siete comisionados –lo cual le impedía sesionar porque su ley orgánica ordena que estén presentes por lo menos cinco de ellos– hasta que la Suprema Corte les autorizó trabajar con sólo cuatro, el Tribunal Electoral sí puede sesionar a pesar de no estar completo. El problema radica en que los restantes ministros tendrán una sobrecarga de trabajo, que aun en condiciones normales va a incrementarse en gran medida porque el año venidero se realizarán las más concurridas elecciones, pues se elegirán miles de cargos de representación popular y se supone que muchos los conflictos derivados de ellos llegarán hasta la màxima instancia.
A pesar de ello, los senadores oficialistas, responsables de elegir a los nuevos magistrados, no parecen tener ninguna prisa para llenar esos huecos. Por el contrario, con su pasividad dan crédito a rumores en el sentido de que obedecen a instrucciones salidas de Palacio Nacional, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene al TEPJF –popularmente conocido como Trife– en la lista de sus “enemigos”, por no responder a sus mandatos.
Sean ciertas o no tales versiones, el hecho es que los senadores no tienen entre sus prioridades la designación de nuevos magistrados, como tampoco integrantes de otros organismos autónomos como el mencionado INAI y casi 70 instituciones más.
Como testimonio de esa pasividad, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y líder de la bancada del partido oficial, Morena, el chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, confirmó que no hay acuerdo para nombrar a los magistrados del Tribunal Electoral que sustituirán a José Luis Vargas e Indalfer Infante, quienes concluyeron sus mandatos el pasado 31 de octubre,
Aparentemente, con no mucho convencimiento, el también precandidato a gobernador de su estado, manifestó que durante el presente mes habrá consultas para lograr los consensos necesarios.
En respuesta, la senadora priista Claudia Anaya advirtió que si no se nombra a los magistrados faltantes, antes de las votaciones de junio otros dos magistrados terminarán sus encargos, lo cual colocará “en una vulnerabilidad total al tribunal.
Los diputados oficialistas van por el dinero
En términos militares, se puede decir que los legisladores oficialistas, es decir Morena y sus satélites del PT y PVEM, emprenden una operación de pinzas, pues si los senadores demoran el nombramiento de funcionarios, sus correligionarios de la Cámara de Diputados se aprestan para recortar sustancialmente los presupuestos de esos organismos autónomos, permanentemente acusados, desde el púlpito de las mañaneras, de privilegiados y de egoístas.
En realidad, esos legisladores oficialistas responden a supuestos agravios de parte de tales instituciones. Por ejemplo, no se olvida que el Trife canceló los registros como candidatos a gobernadores de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y el de Raúl Morón Orozco, en Michoacán. La sentencia de los magistrados electorales se fundamentó en las leyes electorales, muchas de las cuales fueron impulsadas por los ahora militantes de la llamada Cuarta Transformación cuando combatían abusos del Ejecutivo.
Más allá de esos resabios, el presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, advirtió que un recorte presupuestal afectaría “seriamente” la función de este órgano, como calificar la elección presidencial, resolver conflictos y garantizar la transmisión pacífica del poder público.
Recordó que el Tribunal “elaboró un presupuesto responsable para 2024, que asciende a 3 mil 890 millones de pesos, 3 millones menos de lo que se autorizó en la Cámara de Diputados en 2018 para enfrentar el proceso electoral de aquel año”, pero que, a pesar de tal demostración de respeto al principio de austeridad, los diputados oficialistas se aprestan para imponer un recorte de más de 750 millones de pesos, que de aprobarse afectaría el ejercicio democrático electoral de 2024.
Esta propuesta, apuntó, “generaría una afectación, como he dicho, en las capacidades institucionales frente a la relevancia en el número de cargos y la complejidad de este proceso electoral”.
En una reunión de autoridades electorales de la Segunda Circunscripción, el magistrado destacó que los diputados de Morena y sus aliados ya preparan un nuevo recorte al presupuesto de los órganos autónomos, entre ellos los del Poder Judicial de la Federación (PJF), por un total cercano a los 21 mil millones de pesos, pues primero aprobaron que el Ejecutivo se apropie de más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos de la Suprema Corte, a los que se preparan paara sumar 6 mil 465 millones de pesos, descontados de otras instituciones.
El presidente del Tribunal Electoral señaló que cada vez que hay coinciden elecciones federales, estatales y municipales aumentan los requerimientos para cumplir sus responsabilidades y garantizar los procesos electorales se realicen conforme a las normas establecidas en la Constitución y sus leyes reglamentarias.
El magistrado hizo un llamado a la Cámara de Diputados, en particular a los integrantes de la Comisión de Presupuesto para recosiderar el recorte planeado, pues la reducción de recursos “nos generaría una afectación, como he dicho, en las capacidades institucionales frente a la relevancia, del número de cargos y la complejidad de este proceso electoral”.
Rodríguez Mondragón dijo que el presupuesto solicitado “es el mínimo indispensable para que el Tribunal Electoral pueda contar con los recursos humanos, con las capacidades institucionales para enfrentar las cargas de trabajo que normalmente se dan durante los procesos electorales”.
“Ahora estamos frente a las elecciones más grandes de la joven democracia mexicana, más de 20 mil cargos, 20 mil 263 estarán renovándose, además de las elecciones que se dan en pueblos y comunidades indígenas por usos y costumbres o sistemas normativos”, agregó.
Además, destacó que el Tribunal resuelve los casos que le son sometidos durante los procesos electorales en un promedio de poco más de 15 días, plazo que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo.
También dijo que para determinar la cantidad de dinero que se les asignará para el año venidero no se puede calcular en relación con el año en curso, sino con 2018, cuando también se realizaron elecciones presidenciales. Recordó que en este año “únicamente atendimos elecciones en dos entidades a gubernaturas y para 2024 estaremos dándole cauce a elecciones en todo el país, en las 32 entidades, 30 con elecciones en ayuntamientos y alcaldías, 31 a congresos estatales, más las federales”.
El gobierno federal en busca de más dinero
Tal vez por la tragedia de Acapulco y municipios vecinos, aumentó la urgencia de más dinero y por ello el gobierno federal decidió elevar, a partir del próximo 9 de noviembre, la tarifa de uso de aeropuerto (TUA) en el oficialmente denominado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Es bien sabido que la mencionada terminal aérea no es autosuficiente y requiere subsidios para operar y ello explica la decisión de aumentar 8 por ciento el costo de ese impuesto en operaciones nacionales y 20 por ciento en vuelos internacionales.
Lo que ya no resulta tan explicable para el público general es por qué se aumenta la carga económica para los pasajeros de ese aeropuerto tan apreciado por el gobierno de López Obrador, pero que todavía tiene muy pocos vuelos y reducido número de pasajeros.
Lo más lógico sería ofrecer mayores incentivos. ¿O no?
