Desde el Congreso, se promueve la participación: María de los Ángeles Dávila

Los detenidos por delitos contra la salud son: Antonio “N”, Casandra “N” y Janeth Beatriz “N”.

Nicolás Romero, Estado de México.— En el auditorio de la Unidad Deportiva y Cultural, ‘Jorge Jiménez Cantú’ de este municipio, la legisladora María de los Ángeles Dávila expuso que la lucha de mujeres pioneras les permite ocupar más espacios antes reservados para el género masculino; por lo que la equidad de género y la participación igualitaria se promueve desde la Cámara de Diputados.

Al rendir su segundo Informe de actividades legislativas, la diputada panista destacó la presentación de más de 13 iniciativas de ley y seis puntos de acuerdo en materia de justicia y seguridad para las personas mayores, presupuesto participativo, ingreso básico para personas en caso de emergencia sanitaria, mayores recursos para combatir la violencia de género, entre otros.

Detalló que en el Congreso es integrante de siete comisiones legislativas y un comité permanente, y secretaria de tres de estas, en las que participa llevando la voz de todas y todos, pero especialmente de quienes habitan Nicolás Romero.

Entre las iniciativas que ha presentado destacó la que propone la creación de una Fiscalía Especializada en delitos contra personas adultas mayores, que en la entidad suman casi dos millones y quienes merecen la mejor atención cuando son violentados; la incorporación al marco legal del presupuesto participativo, figura que permite la participación ciudadana en la definición de montos y destinos de una parte del presupuesto.

Señaló que, derivado del impacto de la pandemia de covid-19, propuso la entrega de un ingreso básico para las personas en caso de la suspensión de labores o trabajo a causa de una emergencia sanitaria. Se trata, indicó, de apoyar a miles de familias mexiquenses que no contaron con ingresos mínimos para cubrir sus necesidades. En el mismo marco, al señalar que en los últimos cuatro años se incrementó la pobreza en la entidad, propuso garantizar programas básicos de apoyo a las familias y a integrantes de grupos vulnerables, además de ampliar los recursos para combatir la violencia de género.