Trabajadores del Poder Judicial salieron a defender sus derechos, no privilegios
Miguel Ángel Rivera lunes 23, Oct 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“Hoy me defiendo para defenderte”, fue el tema central de la protesta nacional efectuada por los trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) por el despojo fraguado por el Ejecutivo y que será ratificado en su sesión de mañana, martes, por la mayoría oficialista de la Cámara de Senadores.
Se da por segura la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos administrados por el PJF, que representan más de 15 mil millones de pesos, pues con anterioridad el despojo ya fue aprobado por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, en donde, además, se prepara un segundo embate contra la judicatura federal, con un cuantioso recorte al presupuesto solicitado para el año venidero.
La embestida contra el PJF fue diseñada en Palacio Nacional porque jueces, magistrados y ministros no se pliegan a sus exigencias e invalidan reformas, aprobadas por los legisladores de la llamada Cuarta Transformación, conforme a sus instrucciones de “no cambiarle ni una coma” y de que “no me vengan conque la ley es la ley”.
Esas órdenes se disfrazan con el argumento de poner fin a privilegios de los altos funcionarios del Poder Judicial, pero en realidad se afectan derechos adquiridos por los más de 50 mil trabajadores de base.
Ante esto, los trabajadores afectados organizaron una protesta nacional, para la cual recibieron el respaldo de sus familias y amigos, así como de organizaciones afines, en particular de sociedades integrantes del Frente Amplio por México (FAM).
La marcha de protesta realizada en la Ciudad de México que tuvo una concurrida participación —y, probablemente, lo que más disguste en el frente oficialista— llegaron hasta el Zócalo, plaza anteriormente “reservada” para la llamada Cuarta Transformación.
Allí, frente al edificio de la Suprema Corte, se realizó un mitin, pero el acto principal tuvo lugar en el Hemiciclo a Juárez, donde hablaron representantes de los trabajadores y magistrados, entre ellos Reynaldo Reyes y Héctor Mercado, quienes insistieron en que no defienden privilegios, sino la autonomía del PJF.
En ese acto, líderes sindicales y magistrados de circuito negaron gozar prebendas. Aseguraron pelear por sus derechos laborales y porque prevalezca la independencia judicial.
Advirtieron que está en riesgo la división de poderes, por lo que no bajarán los brazos y tampoco se someterán a las pretensiones del titular del Ejecutivo federal.
Como mencionamos, la leyenda central fue: “Hoy me defiendo para defenderte”, pero los manifestantes también corearon y portaron carteles con otros temas, como «todos somos uno; uno somos todos», “todos somos PJF”, “somos democracia y no una dictadura”, “el Poder Judicial no se toca” y “respeto a las instituciones”.
Para no variar, en la capital del país volvió a funcionar el ábaco del ahora jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, y calculó en dos mil el número de personas que participaron en esta manifestación, cifra que, por supuesto, fue invalidada por los organizadores e inclusive observadores imparciales.
Los informes desde las ciudades del resto del país
Desde Acapulco, donde los trabajadores del PJF y sus familias marcharon por la avenida Costera, se reportaron otras demandas: “Cuando la política aparece en el campo del derecho la justicia desaparece. AMLO no te metas con el Poder Judicial Federal”, “Respeto a nuestros derechos laborales”, “No somos acarreados, ni somos manipulados, somos abogados bien preparados”.
En el puerto del Pacífico, el secretario general de la sección 4 del sindicato de trabajadores del PJF, Martín Bernal Aburto, reafirmó estar convencidos de la cancelación de los fideicomisos “afectará a la clase trabajadora”, y señaló que los más perjudicados serán sus derechos a la salud y a la vivienda.
En Toluca, capital del Estado de México, donde los juzgados federales están en paro de labores desde el pasado jueves, horas después de que la mayoría oficialista aprobara en la Cámara de Diputados la extinció de los fideicomisos, los manifestantes portaban carteles con leyendas como “no son privilegios, son derechos”, “todos somos Poder Judicial” y “exigimos se respete la autonomía del Poder Judicial”.
Las manifestaciones se realizaron en prácticamente todas las capitales estatales, incluidos estados gobernados por la llamada Cuarta Transformación como Sonora, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo.
Ministro de la Suprema Corte demanda mejor trato para los migrantes
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador recibía en Palenque a sus invitados de lujo como los titulares de gobiernos considerados dictatoriales, como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como gobernantes considerados “de izquierda” como Xiomara Castro, de Honduras; de Colombia, Gustavo Petro, y de Haití Ariel Henry, además de representantes de otras naciones de Latinoamérica, para revisar el agudo problema de la migración, un ministro de la Suprema Corte mexicana —la cual no ha sido invitada por López Obrador— se adelantó para pedir mejor trato para esas personas.
La atención a las personas migrantes requiere y exige transitar del enfoque punitivo en la política migratoria a uno proteccionista de sus derechos humanos, aseguró el ministro Javier Laynez Potisek.
En la inauguración del Noveno Foro Regional. La detención de personas en movilidad: Reflexiones desde las Américas, del Premio Sentencias 2023, el ministro Laynez Potisek señaló que existe un incremento de restricciones en las fronteras para la población migrante, así como un aumento de la intolerancia y de la xenofobia, “que los hace enfrentar, en repetidas ocasiones, tratos discriminatorios por parte de las autoridades y de la sociedad”.
El ministro pidió tener presentes dos aspectos respecto a la detención migratoria: “el primero es que su utilización debe ser excepcional y un último recurso; el segundo, es que su carácter debe ser razonable y proporcional, en atención a los estándares internacionales, con un enfoque proteccionista”.
Destacó que tanto el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como la Corte tienen importantes criterios y precedentes judiciales. El CJF desarrolla actividades como la asesoría y la representación gratuita para las personas en movilidad, a través del Instituto de la Defensoría Pública, con 40 asesores especializados en la materia y distribuidos en 25 entidades.
En su participación, Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, agradeció que este foro sea una constante en el país y reconoció la resolución del amparo 388/2022 por la Primera Sala de la Suprema Corte, que ordena que la detención de personas extranjeras en estaciones migratorias no debe ser superior a las 36 horas de alojamiento.
Durante el foro se entregó el Premio Sentencias Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional 2023, cuyo primer lugar fue otorgado a la resolución del amparo en revisión 388/2022, sentencia discutida en la sesión del pleno del 15 de marzo de 2023, bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
El ministro González Alcántara Carrancá expresó que premiar estas resoluciones es un reconocimiento a la unidad y trabajo del Poder Judicial de la Federación. “En un escenario en el que nos envolvemos en la bandera de los designios sin fundamentos, nuestras sentencias son el escudo que protege las libertades de los mexicanos y a la par reflejan el trabajo que les corresponde a las personas juzgadoras, bajo el razonamiento del respeto a la división del poder público”.
Añadió que en un país “en el que se respetan y se hacen valer los derechos por un Poder Judicial independiente son posibles las sentencias, como las que hoy se premian”, por lo que espera que se cambie “el ejemplo mexicano de lo que no debiera de hacerse a nivel de detención de personas en movilidad”.
En la reunión de Palenque se dio a conocer una declaración de las once naciones participantes, que se comprometen a trabajar unidos en la región para atender los cada vez mayores flujos migratorios e hicieron un llamado a los Estados Unidos para levantar “las medidas unilaterales impuestas” a naciones del hemisferio, en tanto que “son contrarias al derecho internacional y que tienen graves repercusiones más allá de los países objetivo”.
